La juez ordena el ingreso en prisión de un preso de ETA con reincidencia «medio alta» tras ser beneficiado por el Gobierno vasco

Gregorio Vicario, en una imagen policial. Las claves

La juez Reyes Jimeno ha ordenado que el etarra Gregorio Vicario, a quien el Gobierno vasco había otorgado la semilibertad, vuelva a prisión.

El riesgo de reincidencia de Vicario fue calificado como «medio-alto» y los especialistas penitenciarios se opusieron a concederle la semilibertad, recomendando mantenerlo en régimen ordinario.

Vicario no firmó carta de arrepentimiento, no ha cumplido dos tercios de su condena y fue sentenciado a 266 años en prisión.

La juez señala que la decisión del Gobierno vasco sobre la semilibertad careció de explicación detallada y motivación suficiente acerca de la reinserción del preso.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de la Audiencia Nacional ha ordenado el retorno a prisión del preso etarra Gregorio Vicario, a quien recientemente el Gobierno vasco había concedido la semilibertad.

En una resolución emitida este viernes, la juez Reyes Jimeno expone las razones para su fallo. Entre ellas, resalta que el pronóstico de reincidencia del preso era «medio-alto».

En realidad, los técnicos del centro penitenciario no apoyaban en ningún momento su semilibertad y aconsejaban que permaneciera en el régimen ordinario, conocido como segundo grado.

No obstante, la dirección del centro de Bilbao-Basauri, bajo la competencia del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, sí le concedió este beneficio en enero pasado.

Además, según detalla la juez, el Ejecutivo autonómico justificó su decisión en parte por el hecho de que Vicario realizaría labores de voluntariado en una asociación.

Sin embargo, esa actividad voluntaria difería de la propuesta inicialmente por el propio interno. Por este motivo, los técnicos penitenciarios no tuvieron la posibilidad de evaluar si el voluntariado asignado resultaba pertinente o no.

También, el interno no ha firmado declaración alguna de arrepentimiento por sus delitos y no cumplirá dos tercios de la duración máxima de su condena (30 años) hasta 2029. En total, fue sentenciado a 266 años, siete meses y dos días de reclusión.

Según reprocha la juez, la resolución del Gobierno vasco concediendo la semilibertad «establece un objetivo general de reinserción prosocial, sin detalles, concreción ni justificación adecuada».

«Tampoco se argumenta su necesidad o relevancia frente a otras opciones viables que podrían aplicarse en régimen ordinario. El interno ni siquiera ha iniciado la utilización de permisos de salida», añade Jimeno.

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