Se considera que la hermana del ministro cometió delitos de prevaricación administrativa y usurpación de funciones al emitir ese texto que complementa el alcance de la Ley de Memoria Democrática.
Desde Vox consideran que las nacionalizaciones que están teniendo lugar bajo lo que se conoce como ley de nietos, una norma contemplada en la Ley de Memoria Democrática, representan un «tema clave» que influye directamente en el cuerpo electoral. Por ello, esta cuestión se ha ubicado en la cumbre de sus prioridades políticas y legales. En particular, han iniciado una acción contra la Instrucción dictada en 2022 por el Ministerio de Justicia, que amplía el alcance de estas nacionalizaciones.
En este contexto, el partido ha dado un paso adicional: después de solicitar hace semanas la revisión de oficio y la nulidad de esta Instrucción, y mientras espera una respuesta, el grupo de Santiago Abascal ha presentado una querella judicial contra su autora, Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes.
Actualmente, Puente ocupa el cargo de secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia; entre enero de 2020 y noviembre de 2023 dirigió la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, puesto desde el cual emitió la Instrucción sobre la ley de nietos que hoy es cuestionada por Vox, así como por el PP y algunos miembros de la Junta Electoral Central.
Según el partido de Abascal, Puente incurrió en delitos de prevaricación administrativa y usurpación de funciones al dictar dicha Instrucción —Vox también presenta querella contra su sucesora, María Ester Pérez—.
Con respecto al delito de prevaricación, Vox argumenta que la Instrucción introduce una «vía administrativa inventada para acceder a la nacionalidad española». Aunque la Ley de Memoria Democrática permite conceder la nacionalidad a descendientes de exiliados, la Instrucción asume ese exilio, según Vox, «solamente por haber salido del territorio entre 1936 y 1955». La formación sostiene en su denuncia que no se limita a interpretar la ley, sino que, en la práctica, crea un tertium genus (tercer tipo) para adquirir la nacionalidad.
En cuanto a la usurpación de atribuciones legislativas, Vox sostiene que una Dirección General «no dispone, por definición, de facultades para aprobar una norma de alcance general que modifique el contenido de una ley», algo que, a su juicio, ocurre con la Instrucción dictada por Puente.
La querella, presentada ayer ante el juzgado, se suma a la ofensiva iniciada por Vox el pasado 26 de junio contra esta Instrucción. En esa fecha, el partido solicitó la declaración de nulidad del texto ante la Secretaría de Estado de Justicia, responsable de la Dirección General que la emitió.
Fuentes del partido indican que todavía no han recibido respuesta a su reclamación, cuya aceptación implicaría la emisión de un informe del Consejo de Estado, el cual debería pronunciarse sobre la Instrucción que amplía la ley de nietos. La Secretaría de Estado cuenta con un plazo de tres meses para responder a Vox; si no lo hace, se considera una respuesta negativa, rechazando así su reclamación. En ese caso, el partido de Abascal no descarta recurrir esta situación ante la Audiencia Nacional.
Para Vox, la ley de nietos, junto con su ampliación mediante la mencionada Instrucción, «pretende nacionalizar fraudulentamente a más de dos millones de personas con el fin de manipular el censo electoral y redefinir al pueblo español». Según ha expresado su portavoz parlamentaria, Pepa Millán, el objetivo es «robar unas elecciones».