Las claves
Pedro Sánchez mantiene su respaldo a Zapatero, condicionado a que el expresidente no modifique su versión respecto al rescate de Plus Ultra.
Julio Martínez y los dirigentes de Plus Ultra refutan la versión de Zapatero, señalando su presunta participación en el rescate de la aerolínea.
El Ejecutivo sostiene la legalidad del rescate y rechaza cualquier contacto de Zapatero durante la tramitación para no comprometerse.
Los investigados afirman que Zapatero recibió una ‘mordida’ por su intervención a favor de Plus Ultra, aunque no precisan con quién se relacionó.
Pedro Sánchez continúa mostrando su apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero. En realidad, el presidente del Gobierno se protege a sí mismo al defender al expresidente.
Desde el punto de vista político, Sánchez depende de que la versión que sustentó su predecesor, negando cualquier gestión para aprobar el rescate de Plus Ultra, se mantenga firme.
Esa ha sido la postura constante del expresidente, aunque ha sido refutada por su colaborador Julio Martínez y por los responsables de la empresa, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli.
El Gobierno se aferra a la idea de que el rescate, financiado mediante un fondo estratégico utilizado también para otras compañías aéreas en Europa, fue completamente legal, siguiendo los procesos establecidos y supervisados posteriormente por diversas instituciones, como el Tribunal de Cuentas, un juzgado madrileño y la Comisión Europea.
No puede aceptar que hubiera ningún contacto con Zapatero durante el proceso porque eso le comprometería, y en esa postura permanecerá el Ejecutivo. No es solo por la caída del «faro moral de la izquierda«.
«No cambia nada«, señalan desde Moncloa respecto a las recientes declaraciones judiciales que implican a Zapatero.
Zapatero ha afirmado públicamente, tanto en el Senado como ante el juez, que no realizó ninguna gestión. «Eso es una verdad incuestionable«, afirmó.
Incluso rechazó la existencia de un «lobby legal» que algunos socialistas utilizan para justificar su supuesta actuación. Si tal lobby existiera, el Gobierno también quedaría en entredicho, por lo que no respalda esa teoría y mantiene que Zapatero no intervino en nada. Esa será su línea de defensa.
Si Zapatero modificara su versión y admitiera la consultoría legal, pondría al Gobierno en un aprieto, ya que tendría que revelar con qué personas concretas de la Administración tuvo contacto.
Esto supondría un «golpe político» para Sánchez y centraría la responsabilidad penal en funcionarios específicos. Por este motivo, Sánchez protege su posición respaldando a Zapatero.
«Confiamos en él», afirman rotundamente desde Moncloa. Sin embargo, otros miembros del Ejecutivo y del partido consideran que Zapatero está «terminado» desde un punto de vista político, ético e institucional, y temen el giro que suponen las nuevas declaraciones, prefiriendo distanciarse del expresidente.
Los tres investigados que han declarado ante el juez de la Audiencia Nacional para colaborar con la Justicia aseguran que el expresidente recibió una «mordida» por sus gestiones en favor de Plus Ultra para permitir el rescate.
No obstante, ninguno ha podido confirmar a quién realizó Zapatero las gestiones ni con qué responsables se contactó «aguas arriba», término utilizado por el magistrado durante la declaración de Julito Martínez.
En ese punto residen las esperanzas del Gobierno: si no se puede establecer con quién se vinculó Zapatero para esas supuestas gestiones de lobby o consultoría, no habría delito y, fundamentalmente, no habría dudas sobre la gestión del Ejecutivo en la tramitación del rescate, aprobado finalmente por el Consejo de Ministros.
Una hipótesis poco plausible es que Zapatero recibiera una «mordida» sin hacer ninguna gestión. Eso equivaldría a decir que el expresidente engañó a la aerolínea, simulando acciones que no realizó.
Las declaraciones de los tres investigados podrían verificarse mediante el rastreo del dinero, que habría terminado en manos de Zapatero y la empresa de sus hijas.
Existe una distancia notable con respecto a la postura oficial del Gobierno en relación con el asunto de las joyas, dado que han pasado dos meses desde que el expresidente prometió explicar su procedencia. Ese silencio genera incomodidad en Moncloa, y el Ejecutivo entiende que no hay manera de «despejar» ese tema.
Fuentes gubernamentales creen que las manifestaciones de Julito Martínez y los dos responsables de Plus Ultra ponen fin a la estrategia basada en anular el caso ante las dudas por la procedencia estadounidense de datos obtenidos de un móvil sin control judicial aparente.
En el seno del PSOE siempre se ha cuestionado esa táctica, y ahora esas confesiones generan un nuevo escenario también para el proceso.
Por el momento, el Gobierno no ha aplicado aún el argumento habitual en estos casos, que es desacreditar y descalificar a los investigados como delincuentes que intentan salvarse implicando a políticos.