La defensa subraya que la Audiencia de Badajoz no ha especificado a qué cargos afecta la inhabilitación, tal como exige el Código Penal.
La defensa de tres de los once condenados en el caso del «hermanísimo» solicitó este miércoles al tribunal que precise los cargos públicos afectados por la inhabilitación de nueve años impuesta a todos ellos.
El escrito presentado por el abogado Rafael Arenas recuerda que el Código Penal determina claramente que en la sentencia «deberán especificarse los empleos, cargos y honores» sobre los que recae la inhabilitación.
La resolución de la Audiencia de Badajoz respecto a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, no detalla estos cargos, limitándose únicamente a señalar la duración de la inhabilitación y que esta es especial, no absoluta. «Lo cierto es que la sentencia notificada no aclara este punto, ni en la parte dispositiva ni en el desarrollo del fallo, evidenciándose una clara omisión», señala la defensa de Francisco Martos (diputado delegado del Área de Cultura en el momento de los hechos), Emilia Parejo (directora del Área de Cultura) y Manuel Candalija (jefe de Servicio de Actividades Culturales).
El abogado propone que la inhabilitación se limite a los cargos en la diputación, donde se produjeron las tres prevaricaciones recogidas en la sentencia. «Dado que el ámbito de los delitos por los que fueron condenados mis representados corresponde a una Administración concreta, la Diputación Provincial de Badajoz, resulta lógico, razonable y proporcionado entender que la inhabilitación especial señalada se refiera específicamente a los empleos y cargos que desempeñaban en dicha Diputación al momento de los hechos que motivaron la condena. En ningún caso, la inhabilitación debería extenderse a empleos o cargos ajenos a la Diputación de Badajoz».
De no aclararse así, continúa, «podría interpretarse que se les impone una inhabilitación absoluta, algo que el silencio de la sentencia sobre este punto podría, en la práctica, favorecer si el pronunciamiento llegara a ser firme en el futuro».
El escrito señala que esta aclaración es necesaria, al menos, para dos de los defendidos (Parejo y Candalija), quienes «son funcionarios originarios de otras Administraciones Públicas y que podrían solicitar su reincorporación si sus condenas se consolidan». En cuanto al tercero, se considera prácticamente sin remedio: «La situación del señor Martos parece definitiva, dada su condición de alcalde de Castuera desde hace décadas, lo que le impediría presentarse como candidato en caso de confirmarse su prohibición para ejercer sufragio pasivo».
«Sus salarios sostienen a sus familias y, por lo tanto, resulta crucial que la Sala aclare hasta dónde quiere extender los efectos de una condena ya de por sí severa. De la firmeza de esta decisión dependerá que mis defendidos puedan, más allá de sus empleos en la Diputación de Badajoz, contar al menos con una oportunidad de vida civil», concluye la petición presentada al tribunal.