Las claves
La mayoría de los integrantes de la Junta Electoral Central consideran que la ampliación de la ‘ley de nietos’ impulsada por Sofía Puente es ilegal, aunque se declaran sin competencia para intervenir en asuntos relacionados con la nacionalidad.
La JEC exige un control más riguroso y criterios uniformes para la inscripción de nuevos votantes en el censo exterior, solicitando informes más completos a la Oficina del Censo Electoral.
El sindicato CSIF alerta sobre el efecto de la ‘ley de nietos’ en el censo exterior y pide que se compruebe la relación real con el exilio antes de permitir el voto.
El PP insta al Gobierno a revisar la normativa y frenar nuevas incorporaciones al censo hasta que se establezcan garantías y controles adecuados.
El jueves, la resolución de la Junta Electoral Central tuvo un enfoque mixto. Analizó detalladamente el procedimiento para inscribir a los cientos de miles de nuevos votantes provenientes de la ley de nietos, pero reconoció su falta de competencia para actuar contra la instrucción interna del Ministerio de Justicia de la que derivan dichas inscripciones.
Durante la deliberación, casi todos los vocales expresaron que la instrucción, firmada el 25 de octubre de 2022 por Sofía Puente, que en ese momento era directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública y hermana del actual ministro de Transportes, Óscar Puente, se consideraba ilegal.
Según fuentes presentes en la reunión, todos coincidieron en que esta instrucción no se ajusta al marco legal porque extiende de manera efectiva el alcance de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática aprobada en el Congreso el 19 de octubre de 2022.
El texto del Ministerio de Justicia califica como «exiliados» a todos los españoles que abandonaron el país entre 1936 y 1955, sin importar si fue por causas políticas, migración económica u otros motivos distintos a la represión franquista.
Este cambio había sido rechazado expresamente por el Congreso, que votó en contra de dos enmiendas con dicho contenido, contando con el respaldo del PSOE.
Entonces, el partido en el Gobierno defendió que la ley únicamente debía restituir derechos a los represaliados y no abrir una vía general para la nacionalización.
A pesar de que la mayoría de la Junta coincidió en el diagnóstico de la ilegalidad de la instrucción, las fuentes indican que el debate se centró en el ámbito competencial.
Una mayoría de nueve vocales frente a cuatro estimó que la Junta Electoral Central no está facultada para intervenir en temas de nacionalidad. Aunque la inscripción en el censo electoral exterior depende directamente de estos procesos de nacionalización, esta cuestión queda fuera de su alcance.
Los cuatro vocales disidentes argumentaron que la JEC debería actuar, dado el impacto directo que la redefinición del término «exiliado» tiene sobre la composición del censo exterior.
Su voto particular será publicado en la web del Congreso y defenderá una visión más amplia del papel de la Junta en la protección del sistema electoral.
Control y «criterio homogéneo»
De forma paralela, la JEC aprobó una resolución que demanda un control más estricto sobre el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y ordena a la Oficina del Censo Electoral presentar un informe ampliado sobre las nuevas inscripciones derivadas de la llamada ley de nietos.
El organismo reprocha a la Oficina del Censo por haber entregado un informe incompleto el 10 de julio y solicita una ampliación en los detalles sobre los métodos y criterios empleados para actualizar el censo exterior.
Asimismo, la Junta anuncia que emitirá una instrucción concreta para las oficinas consulares que establezca «criterios objetivos, homogéneos, debidamente acreditados y que puedan aplicarse de manera uniforme en todas las oficinas consulares» para la asignación de nuevos votantes en el exterior.
Para ello, exige a la Oficina del Censo la elaboración de una propuesta que será revisada por la propia JEC.
Dicha instrucción deberá especificar cómo se demuestra el arraigo del beneficiario o de sus ascendientes, qué documentos son requeridos y en qué circunstancias el consulado puede determinar de oficio el municipio de adscripción.
Además, la JEC quiere que cada expediente de cada beneficiario inscrito en el CERA incluya una motivación detallada, con justificación clara del motivo por el que se le asigna a una provincia concreta. Según su resolución, esto permitirá asegurar que se cumplen los criterios y se garantiza la igualdad y transparencia en la conformación del censo.
Reclamación del CSIF
La discusión interna en la Junta se activó tras la recepción de un informe del CSIF, sindicato mayoritario entre funcionarios consulares, que alertó sobre el efecto de la denominada ley de nietos en el censo exterior.
Este sindicato instó a que no se permita votar sin acreditar una relación verificada con el exilio, denunciando además la inseguridad que supone considerar exiliado a cualquiera que emigró en las décadas posteriores a la guerra, sin importar las razones de su salida.
CSIF advirtió que el proceso de nacionalización y la inscripción en el CERA puede modificar significativamente la composición del censo, debido a la falta de controles adecuados sobre el municipio electoral de origen.
Por este motivo, pidió a la JEC que dicte instrucciones claras para las oficinas consulares, de modo que se garantice que las nuevas incorporaciones se asignen a la circunscripción donde se cuenta con un arraigo auténtico y no a zonas donde se busque concentrar el voto artificialmente.
El PP pide paralizar el CERA
El PP aprovechó la resolución para reforzar su postura crítica frente a la instrucción de Sofía Puente.
Desde la dirección en Génova sostienen que la decisión de la JEC pone de manifiesto «serias dudas» sobre la correcta aplicación de los criterios para la adscripción al censo exterior.
Como consecuencia lógica, exigen al Gobierno de Pedro Sánchez que «revise de oficio» dicha norma del Ministerio de Justicia, que consideran «nula de pleno derecho» por exceder lo aprobado por las Cortes.
En declaraciones a EL ESPAÑOL, Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional, subraya que la resolución representa «un avance» para asegurar que el censo no sea modificado «sin garantías ni controles suficientes».
Gamarra enfatiza que la inscripción en el censo «no puede realizarse de forma arbitraria», sino que debe estar vinculada al arraigo. Por ello, el PP solicita que no se autoricen nuevas altas en el CERA derivadas de la ley de nietos hasta que se apliquen completamente los nuevos mecanismos de garantía.