Solo Vox se opuso a la norma, mientras que el PP optó por abstenerse / La Cámara Baja también ha aprobado una inversión de 6.200 millones de euros en dependencia para los años 2026 y 2027
El Pleno del Congreso aprobó este martes la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia impulsada por el Gobierno hace un año, la cual amplía los derechos de las personas en estas condiciones. El respaldo lo recibieron 179 diputados — pertenecientes a los partidos del Gobierno y todos sus aliados de investidura —, frente a los 33 votos en contra de Vox y las 137 abstenciones de los parlamentarios del PP.
El documento sometido a votación en el hemiciclo incluye diversas enmiendas introducidas por los grupos parlamentarios durante su trámite en la Comisión de Derechos Sociales. Una de las modificaciones más relevantes es la que estipula que la Administración General del Estado deberá cubrir el 50% del gasto total que las comunidades autónomas realicen sobre materia de dependencia — la gestión de estas prestaciones es competencia autonómica. Esta enmienda fue promovida en Comisión por los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar.
Hasta ahora, la ley solo establecía que la contribución financiera de cada territorio debía ser igual o superior a la de la Administración Central, pero muchas comunidades — mayoritariamente gobernadas por el PP — habían demandado una inversión estatal mayor que alcanzara ese 50% de financiación del sistema, cifra que ahora queda establecida legalmente. En 2024, el último año con datos definitivos, la Administración General cubrió solamente un promedio del 27% de los gastos en dependencia, asumiendo las autonomías el resto.
Simultáneamente a la reforma de la Ley de Dependencia — que debe pasar por el Senado antes de su ratificación final —, el Congreso convalidó este martes el real decreto-ley que contempla una inversión adicional de casi 6.200 millones de euros por parte de la Administración General en dependencia para los años 2026 y 2027. Gracias a dicha suma, en el próximo ejercicio se alcanzará ese 50% de financiación estatal del sistema, ahora también garantizado legalmente.
Solo Vox votó en contra de la convalidación de ese real decreto-ley, calificándolo como un «engaño» y cuestionando su ejecución futura, según expuso su diputada María Ruiz. Por su parte, el PP facilitó la convalidación del decreto: «Vamos a votar a favor, porque comprendemos la relevancia de los recursos públicos para financiar el sistema de dependencia», explicó la vicesecretaria popular de Sanidad, Carmen Fúnez, sin dejar de advertir al Gobierno: «No participaremos jamás en una política que prometa aquello que sabe que mañana no podrá costear».
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, defendió la conveniencia de votar simultáneamente ambas iniciativas, la reforma legislativa y el decreto con el paquete de inversión: «Están vinculados. Los recursos y el cambio de modelo que dichos recursos deben posibilitar». Para el ministro, estas dos medidas aprobadas hoy son «piedras angulares de la reforma social más importante que nuestro país ha experimentado en décadas: la refundación de un sistema público de cuidados sólido, capaz de atender las crecientes necesidades de la población y próximo».
¿Qué introduce la reforma aprobada?
Más allá de lo relativo a la financiación del sistema de dependencia, la reforma avalada este martes en el Congreso establece nuevos derechos — y amplía algunos que ya existían — para las personas dependientes o con discapacidad. Por ejemplo, la norma reconoce la teleasistencia como un «derecho subjetivo» y, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora, determina que las personas dependientes puedan recibir este servicio «independientemente de otras prestaciones o servicios reconocidos» — actualmente, solo acceden a esta prestación quienes «no reciben servicios de atención residencial».
Asimismo, la reforma amplía la categoría de cuidador reconocido más allá del ámbito familiar, permitiendo que cualquier persona del «entorno familiar o relacional» — vecinos, amigos, etc. — que asista a una persona dependiente pueda obtener una prestación económica para cuidados.
La reforma de las leyes de discapacidad y dependencia también establece una equivalencia entre ambas situaciones: a las personas con grado I de dependencia se les reconoce un 33% de discapacidad, mientras que a quienes tienen grado II y III se les otorga un 65%. De igual manera, la norma señala la «accesibilidad universal» como un derecho, de forma que las personas dependientes y discapacitadas podrán reclamar esta condición en edificios y servicios públicos.
Más de 1,7 millones de personas reciben prestaciones por dependencia en España, según datos del Ministerio de Derechos Sociales correspondientes al segundo trimestre de 2026. Además, 142.887 personas permanecen en lista de espera para obtener ayuda por dependencia.