Las claves
Luis María Olalde Quintela, conocido como ‘Txistu’ y exmiembro de ETA, fue descubierto en Caracas después de casi 50 años en la clandestinidad, a raíz de un terremoto que provocó la muerte de su esposa.
La Audiencia Nacional mantiene activa la orden internacional de captura contra Olalde, quien está siendo investigado por delitos graves vinculados al terrorismo, incluyendo dos presuntos asesinatos.
Tras su hallazgo, la asociación Dignidad y Justicia interpuso una querella y solicitó su extradición a España, contando con el respaldo de la Fiscalía.
Olalde enfrenta cargos por haber planificado un ataque en 1979 que provocó la muerte de tres guardias civiles y causó heridas graves a otro, además de otros delitos relacionados con el terrorismo.
Por pura casualidad, los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 25 de junio permitieron identificar a un etarra que llevaba casi 50 años fugado de España.
Asimismo, la Audiencia Nacional emitió una resolución que mantiene vigente la orden internacional de arresto en su contra.
Se trata de Luis María Olalde Quintela, alias Txistu, antiguo integrante de ETA, localizado en Caracas apenas dos semanas atrás tras ser rescatado entre los escombros de un edificio colapsado por el sismo.
Txistu, fugitivo desde 1979, está siendo objeto de investigación por graves delitos terroristas, entre ellos dos presuntos asesinatos.
Su esposa, Alazne Solabarrieta Lecea, falleció durante los temblores.
El día en que se difundió la noticia de los terremotos en Venezuela, el juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, dictó una resolución en la que, respondiendo a una solicitud de la defensa de Olalde, denegaba la prescripción de los delitos atribuidos a este.
De este modo, el magistrado mantuvo activa, con el apoyo de la Fiscalía, la orden judicial para la localización, detención y puesta a disposición judicial del fugitivo.
Solo unos días después del temblor, el 1 de julio, la asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ) presentó una querella contra Olalde Quintela y solicitó su extradición a España.
Esta entidad, liderada por el diputado del PP madrileño Daniel Portero, imputa a Txistu dos presuntos asesinatos, un intento de asesinato, así como secuestro con fines terroristas, robo con violencia y daños graves.
La Fiscalía apoyó la admisión de la querella de DyJ, y el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, en sustitución de De Jorge, procedió a admitirla el día 7.
La representante legal de Dignidad y Justicia expresó que «la reciente localización del reclamado (…) en el barrio San Bernardino de Caracas representa una oportunidad procesal excepcional para ejecutar una reclamación largamente frustrada por su fuga».
«Existe un riesgo evidente de nueva ocultación, desplazamiento o desaparición del reclamado si no se actúa con rapidez. Por ello, se solicita que la orden internacional de detención y la notificación a Interpol se lleven a cabo de inmediato», advirtió la abogada.
La querella de DyJ detalla que, en diciembre de 1978, Olalde Quintela, integrado en el comando Urola, organizó un atentado contra una patrulla de la Guardia Civil que transitaba diariamente entre las localidades guipuzcoanas de Azpeitia y Azcoitia.
Para ello, junto a María Mercedes Victoria Galdós Arsuaga y Félix Ramón Gil Ostoaga, fabricó explosivos en una vivienda de Olalde. Todos ellos, según la querella, secuestraron a los propietarios de dos vehículos utilizando armas de fuego.
En la madrugada del 13 de enero de 1979, el comando se situó en la carretera C-6337, donde Txistu habría colocado explosivos en un muro, además de una bomba escondida bajo el césped.
Al paso del convoy —según detalla la querella—, Olalde accionó el detonador y causó la muerte del guardia Francisco Gómez Gómez Jiménez y heridas graves al conductor, Juan Muñiz Sánchez.
Horas más tarde, a las seis y media de la mañana, un equipo de desactivación de explosivos de la Comandancia de San Sebastián acudió a inspeccionar la zona del atentado.
Uno de los agentes pisó accidentalmente el lugar donde Olalde había ocultado una bomba trampa de presión, compuesta por siete kilos de Goma-2 y cinco kilos de tornillería.
La detonación provocó la muerte inmediata de los guardias segundos Miguel García Payo y Francisco Mota Calvo.
La Fiscalía respaldó la admisión de esta querella. En un informe, al que tuvo acceso EL ESPAÑOL, indicó que «otros miembros del comando«, refiriéndose a Galdós Arsuaga y Gil Ostoaga, ya fueron condenados por estos hechos.
No obstante, dado que la resolución de De Jorge que negó la prescripción está recurrida, el Ministerio Público recomienda esperar a la resolución del recurso antes de avanzar en la investigación contra Txistu.