Las claves
Edmundo Bal, exdiputado de Ciudadanos y abogado del Estado, asumirá la defensa del director adjunto operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas, en el marco del ‘caso Leire’.
Manuel Llamas y la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, se encuentran bajo investigación por supuestos delitos de prevaricación continuada y contra la Administración de Justicia.
Anticorrupción sostiene que se iniciaron investigaciones reservadas contra agentes de la UCO como posible táctica de intimidación institucional, coincidiendo con pesquisas sensibles para el PSOE y el entorno de Pedro Sánchez.
Las pesquisas señalan encuentros entre Mercedes González y Leire Díez para coordinar medidas que podrían desprestigiar a jueces, fiscales y miembros de la UCO implicados en investigaciones relevantes.
El teniente general Manuel Llamas, director adjunto operativo de la Guardia Civil, deberá presentarse el próximo jueves en calidad de investigado, una circunstancia sin precedentes en una institución encargada de garantizar el respeto a la legalidad y la prevención delictiva.
Lo hará con la asistencia de la Abogacía General del Estado, que ha aceptado representar a este alto cargo y ha asignado esta tarea a Edmundo Bal.
El ex portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso retornó a la Abogacía del Estado tras la conclusión de la legislatura de 2023.
Fue destinado inicialmente a la sección social, enfocándose principalmente en asuntos de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Sin embargo, en enero pasado regresó a la jurisdicción penal, área en la que ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional.
Bal abandonó abruptamente el departamento penal de la Abogacía del Estado en 2018 tras negarse a firmar un escrito acusatorio relativo al ‘procés’, en el cual no se incluyó el delito de rebelión, sino sedición y malversación de fondos públicos.
El mencionado escrito fue finalmente firmado por la abogada general del Estado, Consuelo Castro, quien destituyó a Bal como jefe del departamento penal y asignó a Rosa Seoane (hoy en un despacho privado) la representación de la Abogacía en el juicio del ‘procés’. Finalmente, la Sala Penal del Supremo condenó a los líderes del ‘procés’ por sedición.
Bal, responsable de salvaguardar los intereses jurídicos del Estado en casos como los de la familia Pujol o Gürtel, regresa ahora a un proceso mediático: el ‘caso Leire’.
El juez Pedraz concedió el pasado 2 de junio la condición de investigados a Llamas y a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, quien también ha sido citada a declarar este jueves.
Se les imputan supuestos delitos de prevaricación continuada y contra la Administración de Justicia vinculados a las investigaciones reservadas abiertas contra agentes de la UCO encargados de procesos judiciales que afectan al PSOE y al entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Esas investigaciones reservadas coincidieron temporalmente con al menos tres reuniones entre Mercedes González y Leire Díez, ejecutora y coordinadora de la operación, supuestamente dirigida por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con el objetivo de desestabilizar estas causas judiciales desacreditando a jueces, fiscales y agentes de la Unidad Central Operativa.
La Fiscalía Anticorrupción, que solicitó al juez la citación de González y Llamas como investigados, considera que las investigaciones reservadas contra agentes de la UCO implicados en los procesos contra el PSOE y el entorno de Pedro Sánchez podrían no responder a razones disciplinarias, sino representar una reacción permanente contra ciertas decisiones de investigación.
La potestad disciplinaria habría dejado de funcionar «como un mecanismo de control interno para convertirse en un verdadero instrumento de intimidación institucional«, según Anticorrupción.
Nunca antes la Guardia Civil había atravesado una situación en la que sus máximos responsables estén investigados por supuestos intentos de intimidación hacia subordinados que trabajan bajo orden judicial. Estos directivos habrían tratado de afectar la trayectoria profesional del investigador, dañar su reputación, frenar sus posibilidades de ascenso o crear un ambiente permanente de incertidumbre sobre su futuro laboral, señalan las fiscales.
Las evidencias contra González y Llamas se centran en la «reiterada apertura» de investigaciones reservadas (tres en un periodo de nueve meses) carentes de fundamento disciplinario real, realizadas exclusivamente contra funcionarios que realizaban investigaciones críticas vinculadas al PSOE y que coincidían en el tiempo con actuaciones judiciales especialmente sensibles.
Estas investigaciones reservadas —una pesquisa preliminar para determinar la apertura de un expediente disciplinario— también coincidieron con las reuniones entre González y Leire Díez, conocida como la ‘fontanera’ del PSOE, quien, bajo la presunta coordinación del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, dirigió las acciones para desacreditar a jueces, fiscales y agentes de la UCO.
Según la Fiscalía Anticorrupción, González y Llamas ordenaron la apertura de estas actuaciones pre-disciplinarias a pesar de ser conscientes de que no existían motivos válidos para ello.
El DAO será interrogado por una nota de despacho fechada el 29 de abril de 2025 y elaborada por la Jefatura de Información de la Guardia Civil, en la que se informaba sobre «la existencia de un grupo de personas presuntamente organizando una campaña de desinformación para desacreditar las investigaciones realizadas por la UCO».
La nota mencionaba explícitamente a Leire Díez y añadía que «este grupo de personas haría parecer que detrás de esta ‘estrategia’ de desprestigio a la UCO estaría Santos Cerdán, dato del que también tendría conocimiento la directora general de la Guardia Civil«.
En ese momento aún no se conocían las tres reuniones ya celebradas entre Mercedes González y Leire Díez.
Una nota con contenido prácticamente idéntico a la de la Jefatura de Información fue emitida el 6 de mayo de 2025 por la UCO y entregada al jefe de Policía Judicial, el general Alfonso López Malo.
Este mando revisó personalmente la nota de la UCO junto con el DAO el 8 de mayo de 2025. Fue entonces cuando López Malo tuvo conocimiento, por parte de Llamas, de la existencia de la nota de la Jefatura de Información, que el DAO supuestamente «ocultó» (según Anticorrupción) desde el 29 de abril anterior, pese a que afectaba a una unidad fundamental.