Las claves
El Gobierno proporcionó al Congreso información incorrecta sobre la contratación de Leire Díez en Correos, afirmando que fue elegida por méritos cuando en realidad se trató de un nombramiento directo.
Un informe de la UCO confirma que la incorporación de Díez fue acordada entre altos cargos de SEPI y Correos, sin un proceso selectivo ni convocatoria pública.
El Ejecutivo reconoció que los contratos de balizas V-16 vendidos por Correos carecieron de licitación y publicidad, firmándose como contratos de comisión mercantil y quedando fuera del ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público.
La investigación judicial involucra a más de veinte responsables y apunta al uso de empresas públicas y contratos para financiar y proteger una posible trama corrupta vinculada al PSOE.
El Gobierno engañó al Congreso al ocultar el enchufe realizado por Juanma Serrano a favor de Leire Díez en Correos, en una comunicación enviada a la Cámara Baja en septiembre pasado.
El Ejecutivo envió un documento oficial de la empresa pública, en respuesta a una pregunta del PP, asegurando que la llamada fontanera del PSOE «presentó su currículum vitae» a Correos, fue entrevistada y que «cumplía con los requisitos» para el puesto.
No obstante, el último informe de la UCO para el juez Santiago Pedraz demuestra que su contratación fue un enchufe convenido entre el presidente de SEPI, el imputado Vicente Fernández, y el presidente de Correos, Juanma Serrano, designada a dedo sin convocatoria pública ni proceso selectivo real.
EL ESPAÑOL ha accedido tanto a las series de preguntas realizadas por el Partido Popular como a las respuestas oficiales del Ejecutivo y a los anexos remitidos por Correos.
La comparación entre estos documentos y el informe policial demuestra una versión engañosa de Correos y el «encubrimiento y apoyo» por parte del Gobierno, al evitar responder directamente y remitir al Parlamento una contestación que ahora se confirma como falsa, según la investigación del denominado caso Leire o caso SEPI.
Las preguntas parlamentarias, mediante las cuales la oposición busca transparencia frente a los casos de presunta corrupción y que con frecuencia han sido denostadas por el Gobierno como «ruido innecesario», en esta ocasión han dado resultados.
Meses después, ponen de manifiesto la distancia entre la versión oficial y la reconstrucción de la Guardia Civil sobre un nombramiento «estratégico» decidido desde la cúpula socialista.
Falta de transparencia en el proceso
La ofensiva del PP inició en junio de 2025, tras las primeras revelaciones sobre las actividades de Leire Díez y su rol en Correos, y se ha ido ampliando conforme avanzó la investigación judicial.
Inicialmente, los populares solicitaron que el Gobierno detallara qué cargos de responsabilidad desempeñó Leire en Correos, qué procedimiento se empleó para su contratación y qué méritos, «más allá de su militancia en el PSOE», constaban en su expediente.
El Ejecutivo respondió mediante un único párrafo, remitido por la dirección de Correos: «Leire Díez entregó su currículum vitae y fue entrevistada, cumpliendo con los requisitos necesarios para el puesto de Responsable del Área de Gestión de Administración Local».
No se facilitaron datos solicitados sobre una convocatoria interna, la publicidad del puesto vacante ni el número de candidatos que se presentaron.
El PP preguntó sobre cuántos aspirantes participaron, qué pruebas selectivas se realizaron, quién la entrevistó y qué órgano de Recursos Humanos propuso su nombramiento, así como las remuneraciones, bonos e indemnizaciones relacionadas con sus cargos, sin obtener respuesta.
Opacidad en los contratos
La misma dinámica se repite en las preguntas acerca de los contratos de balizas V‑16, que el PP considera ahora sospechosos de constituir una fuente de financiación de la trama investigada en la Audiencia Nacional.
Los diputados solicitaron saber cuándo se firmó el contrato, bajo qué procedimiento se licitó y adjudicó, qué controles para evitar conflictos de interés se aplicaron y qué auditorías internas se realizaron.
La respuesta del Gobierno incluye un dato clave, ya que reconoce que nunca hubo licitación, publicidad ni competencia.
El Ejecutivo explica que lo que el PP denomina «contrato de comercialización» es en realidad un «contrato de comisión mercantil» en el que Correos vende balizas «en nombre y representación» de Energía Eléctrica Eficiente y otras compañías.
El contrato fue suscrito el 31 de mayo de 2022 y se firmó una adenda en julio de 2023, en ambos casos con participación de Leire Díez como directora de Filatelia, aunque no se detalla ningún análisis previo sobre la necesidad, oportunidad o rentabilidad de la operación.
El enchufe
El informe de la UCO trasciende el ámbito contractual e indaga en las comunicaciones internas.
Los agentes recogen mensajes en los que Fernández, presidente de SEPI, pregunta a Serrano si pueden «activar lo acordado sobre Leire» y en los que se le confirma que «tu nombramiento está asegurado», interpretados como prueba de un pacto previo para su ingreso en Correos.
La Guardia Civil describe la incorporación de Díez a la empresa postal como una decisión «estratégica» dentro de una presunta organización criminal que habría empleado empresas públicas y contratos para financiar y proteger las acciones de la fontanera de Santos Cerdán.
El juez Pedraz ha imputado a la actual presidenta de SEPI, Belén Gualda, y a más de veinte directivos y responsables vinculados a esta trama, en dos líneas que se entrecruzan: el enchufe en Correos y los contratos sospechosos relacionados con Leire Díez.
En este contexto, el relato oficial enviado al Congreso queda debilitado, ya que los investigadores sostienen que jamás existió un proceso abierto ni competencia para el puesto, sino un nombramiento atado desde el círculo de Sánchez.
Financiación de la trama
Las preguntas del PP sobre las balizas V‑16 vendidas en oficinas de Correos también intentaban aclarar la relación entre la empresa pública SEPI y las privadas que suministran esos dispositivos, dentro de un mercado creado por el Gobierno, al imponer ese dispositivo obligatorio a los conductores.
El Ejecutivo admite en las respuestas parlamentarias de febrero que «todos los contratos se realizaron bajo la figura de contrato de comisión mercantil» y que, por ello, están excluidos de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
Se apoya en el artículo 11 de la Ley 9/2017, que excluye contratos en que una entidad pública «se comprometa a prestar un servicio» y subraya que la LCSP aplica cuando la entidad recibe un servicio y paga, pero no cuando presta un servicio y cobra.
Es precisamente ese «cobro» y la falta de transparencia en la tramitación de ese contrato y la adenda posterior lo que alimenta las sospechas del PP.
El Gobierno argumenta que, al estar fuera de la LCSP, «ese contrato no se licita ni se adjudica según el procedimiento regulado en dicha ley», siendo suficiente que el firmante posea poder de representación.
El Ejecutivo evitó proporcionar detalles, como se evidencia en que para al menos seis preguntas distintas —relacionadas con la solvencia de las empresas, garantías técnicas, posibles problemas financieros, revisión tras informaciones periodísticas y figura jurídica utilizada— repite el mismo texto en la respuesta.
De esta manera, no fue aclarado qué evaluación económica y técnica de solvencia se realizó, qué garantías de conectividad se exigieron, qué se conocía sobre la situación financiera de algunas empresas ni qué medidas se adoptaron tras la retirada de modelos del listado oficial de la DGT.
Según el informe de la UCO, la situación que describen estos documentos es que el Gobierno no solo estaba al tanto del enchufe de Leire en Correos, sino que lo encubrió y respaldó ante el Congreso.
Y que los contratos de balizas V‑16, diseñados conscientemente para escapar a la Ley de Contratos, refuerzan las sospechas del PP de que se pudo usar una empresa pública para financiar una trama corrupta que actualmente se investiga en la Audiencia Nacional.