Las claves
Pablo Bustinduy (Sumar) afirma que mantiene negociaciones con Junts para un nuevo decreto de alquileres, con la intención de aprobarlo en julio, aunque Junts desmiente cualquier diálogo.
La propuesta persigue extender los contratos de alquiler vencidos y limitar los incrementos al 2%, además de contemplar posibles incentivos fiscales para los propietarios y la regulación del IVA en pisos turísticos.
El Gobierno valora emplear la norma sobre el IVA franquiciado, solicitada por Junts, como herramienta de negociación para obtener apoyos.
Sumar también impulsa una reforma de la Ley de Dependencia, que comprende un Real Decreto con una asignación de 6.200 millones y que será sometido a votación en comisión esta semana.
El ministro de Derechos Sociales y representante de Sumar, Pablo Bustinduy, asegura que está negociando de forma urgente con Junts un real decreto sobre alquileres, con la meta de aprobarlo en uno de los tres Consejos de Ministros restantes en julio.
Los reales decretos disponen de un mes para su convalidación en el Congreso, por lo que Bustinduy no descarta convocar un pleno en agosto mediante la Diputación Permanente.
La finalidad consiste en sacar adelante una norma similar a la que quedó sin efecto en abril, que pretendía prorrogar contratos de alquiler finalizados y limitar las subidas al 2%.
En esa ocasión, el Gobierno logró la abstención del PNV, pero Junts rechazó la propuesta alineando sus votos con PP y Vox.
Este episodio generó una serie de críticas internas entre Sumar y PSOE, quienes se reprocharon mutuamente la incapacidad de atraer a Junts.
Tres meses después, el Ejecutivo busca recuperar el apoyo de los seguidores de Carles Puigdemont. Desde Sumar mencionan un decreto «reforzado» y no descartan la inclusión de incentivos fiscales para arrendadores, así como la regulación del IVA en apartamentos turísticos.
No obstante, fuentes parlamentarias de Junts niegan cualquier tipo de negociación. Desde hace tiempo, el partido independentista mantiene distancia con el Gobierno y sus aliados en materia de vivienda; no sólo en el Congreso, sino también en el Parlamento de Cataluña, donde votan junto a PP y Vox.
Pese a ello, en Sumar no critican la postura de Puigdemont y valoran que su posición sea «constructiva» frente a la de los partidos de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, con quienes reconocen no mantener relación.
El Ejecutivo dispone de un recurso clave: la regulación sobre el IVA franquiciado, exigida por la UE y cuya aplicación el Gobierno está demorando. Esta normativa, demandada por Junts, eximiría hace tiempo a autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales de repercutir el IVA.
Por ello, los ministros socialistas, encabezados por la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, intervienen activamente para hallar una solución al conflicto de los alquileres.
En el Gobierno reconocen que Junts es impredecible y en Sumar subrayan que los canales de comunicación con Puigdemont no están completamente cerrados. Sin embargo, el tiempo apremia, ya que quedan tres Consejos de Ministros antes de las vacaciones.
Ley de Dependencia
Sumar está trabajando contra reloj para lograr la aprobación de una reforma de la Ley de Dependencia, que será votada este jueves en la Comisión de Derechos Sociales en el Congreso de los Diputados. La propuesta incluye un Real Decreto dotado con 6.200 millones de euros para incrementar las prestaciones.
Desde el Ministerio de Derechos Sociales valoran positivamente que el sector socialista haya priorizado la financiación antes de la aprobación.
Durante cierto tiempo, la escasez de fondos fue una crítica frecuente de algunas comunidades autónomas del PP. Actualmente, en el entorno de Bustinduy se muestran optimistas respecto al resultado de la votación y esperan incluso contar con el respaldo de los populares.
El texto incorpora parte de las 78 enmiendas presentadas por distintos grupos parlamentarios. Si consigue el apoyo necesario, será elevado al Pleno del Congreso para su sanción en uno de los dos plenos previstos para julio.
No obstante, fuentes del Ministerio de Derechos Sociales reconocen que no desean «cruzar negociaciones» y que las conversaciones sobre vivienda y dependencia se desarrollan por vías distintas.