Las claves
Sara Aagesen afirma no haber recibido órdenes políticas ni contraprestaciones vinculadas a su rol en los rescates de compañías gestionados por la Sepi durante la pandemia.
La ministra sostiene que todos los expedientes de ayuda contaban con informes técnicos y jurídicos favorables y desmiente haber impuesto vetos en el rescate de Tubos Reunidos.
Aagesen declara desconocer al expresidente de la Sepi, Vicente Fernández, y niega cualquier contacto con él o con el entorno de Zapatero relacionado con los rescates.
La comparecencia de Aagesen tiene lugar en el contexto de una investigación judicial que involucra a la cúpula de la Sepi por presunta corrupción en diversos rescates empresariales.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha defendido este miércoles la integridad de su labor dentro del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), el instrumento creado para rescatar a través de la Sepi a las empresas afectadas por la pandemia.
Lo hizo durante su intervención ante la Comisión de Investigación del Senado, que profundiza en la trama de Leire Díez y el grupo ‘Hirurok’ y sus vínculos con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
Aagesen negó haber recibido instrucción alguna, directriz partidaria o presión política para condicionar su voto en los multimillonarios rescates gestionados por el holding público a empresas como Air Europa, Plus Ultra o Tubos Reunidos, cuando se desempeñó como secretaria de Estado de Energía en el MITECO (2020-2024) y como miembro del Consejo del holding público.
«Jamás, jamás, en ningún expediente», aseguró a la Comisión, recibió «instrucciones» ni «presiones políticas» sobre su decisión de voto.
Destacó que todos los expedientes de ayuda que se presentaron ante el Consejo Gestor contaban con informes técnicos y jurídicos favorables que garantizaban el estricto cumplimiento de los trece criterios de elegibilidad requeridos.
Para disipar cualquier sospecha de haber recibido beneficios políticos, Aagesen negó que su cargo actual sea un reconocimiento por dichos rescates.
«No me han otorgado un ascenso y continúo trabajando con la máxima rigorosidad técnica. Un secretario de Estado percibe un salario notablemente superior al de un vicepresidente».
Aunque Aagesen no se negó a aportar explicaciones, a diferencia de Manuel Aaron Fajardo, facilitador de la trama de Zapatero en Venezuela, o Vicente Fernández, expresidente imputado de la Sepi en sus propias comisiones de investigación, la vicepresidenta tercera recurrió frecuentemente a respuestas como «no me consta» y «no lo sé«, mostrando dudas y esquivando preguntas.
Fuentes internas de la Sepi corroboran este comportamiento y comentan haberla visto «atemorizada» y procurando eludir responsabilidades, lo cual representa «la manera en que funciona la Sepi a nivel interno: todos evaden la culpa y desvían la mirada cuando es necesario».
El episodio más tenso se produjo durante el debate sobre el rescate de 112,8 millones de euros concedido a la siderúrgica vasca Tubos Reunidos en julio de 2021.
La oposición, basándose en informes de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción, interrogó a la ministra sobre el supuesto veto impuesto por ella en la reunión informativa del 15 de junio de 2021 «por motivos ecológicos«.
Este bloqueo interno fue filtrado por un directivo de la Sepi, Miguel Ángel Figueroa, a la presunta red corrupta formada por Leire Díez, que emprendió entonces una intensa campaña de presiones políticas para superar las resistencias del MITECO.
Aagesen calificó esta versión como «falsa«. Según ella, su departamento nunca emitió un voto negativo ni presentó objeciones.
«El Ministerio no mostró opinión porque no estuvo representado en la reunión del 15 de junio. En dicha cita nadie asistió en nombre del Ministerio».
Añadió: «Hablamos de principios de junio de 2021, cuando el sector industrial enfrentaba un incremento del precio de la energía, con un aumento del gas del 300%».
No obstante, fuentes de la Sepi recuerdan que «la comunicación y la interlocución son fluidas y habituales» entre el holding público y los ministerios, y que no era necesario estar presente en esa reunión preliminar para plantear una objeción.
«En la administración, el vicepresidente, entonces Bartolomé Lora, habitualmente contacta con el Secretario de Estado, quien también es consejero; el responsable de Participadas dialoga con algún miembro del gabinete, y así sucesivamente. Los canales están abiertos. Además, existe el director de Relaciones Institucionales, figura clave para la comunicación estándar con la administración».
Los senadores de la oposición reprocharon a Aagesen que, tras la controversia generada por la filtración sobre su supuesta postura, la objeción ecológica del MITECO desapareció en apenas 21 días.
En relación a la crucial sesión del 13 de julio de 2021, donde el FASEE aprobó formalmente el crédito participativo a Tubos Reunidos, la ministra aclaró que tampoco asistió personalmente.
«No estuve presente y delegué en el subsecretario del Ministerio para la Transición Ecológica», respondió en referencia a Miguel González Suela.
Las fuentes consultadas opinan que esta práctica «no es habitual» y que la Ley de Procedimiento Administrativo «no contempla que los órganos colegiados funcionen de esta manera».
«Generalmente, al delegar en otro miembro del Consejo Gestor, esta delegación es hacia el Presidente y puede hacerse con o sin mandato, a menudo mediante una carta especificando el sentido del voto».
Aagesen intentó desacreditar la versión de la Fiscalía que la señala como el «obstáculo» que forzó a la red ‘Hirurok‘, conformada por Leire Díez, Vicente Fernández (expresidente de la Sepi) y Antxón Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar, a activar sus contactos dentro del PSOE y el PNV.
Sin embargo, no explicó por qué los directivos de la siderúrgica celebraron en privado que el viceconsejero vasco de Industria, Javier Zarraonandía, llamara directamente a su terminal en la Secretaría de Estado para intervenir a favor de Tubos Reunidos, empresa que finalmente recibió un rescate de 112,8 millones de euros.
Además, Sara Aagesen aseguró que «no conoce» a Vicente Fernández y que nunca ha mantenido conversaciones con él.
Una cascada de imputaciones
Esta declaración se produce en un clima judicial muy adverso para el holding público, especialmente tras la última imputación, por parte del juez Pedraz, de 25 nuevas personas en el conocido caso Leire.
Entre los investigados se encuentran figuras clave dentro de la dirección de la entidad, como la actual presidenta de la Sepi, Belén Gualda; el exdirector del FASEE, Julián Mateos-Aparicio; y el antiguo director de Participadas, Miguel Ángel Figueroa.
La investigación describe un posible esquema de corrupción sistémica mediante cinco operaciones delictivas diferentes —relacionadas con Mercasa, Enusa, Sepides/Erri Berri, Forestalia y Tubos Reunidos— a través de las cuales el grupo delictivo ‘Hirurok’ (compuesto por el expresidente de la Sepi Vicente Fernández, la excolaboradora de Ferraz Leire Díez y el empresario Antxón Alonso) supuestamente desvió más de 132 millones de euros públicos cobrando comisiones mediante la empresa fachada Mediaciones Martínez.
El escándalo se completa con una investigación paralela llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid relacionada con el rescate de 475 millones a Air Europa, donde el exvicepresidente Bartolomé Lora ha sido declarado investigado.
Lora reconoció ante el juez la existencia de reuniones previas y clandestinas con el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, antes de que se abriera el canal oficial de solicitudes, lo que explicaría la rapidez inusual de un rescate ejecutado en tiempo récord mientras la aerolínea acumulaba una deuda millonaria con Hacienda.
Este ciclo de sospechas refuerza la opinión de antiguos cargos que describen la estructura actual de la Sepi como un sistema diseñado para diluir responsabilidades técnicas a través de aprobaciones sucesivas y cruzadas.
«Es la paradoja del asesinato de Julio César, donde nadie parece dar un golpe final individual sobre los fondos públicos».
Sobre los controvertidos rescates de Plus Ultra y Air Europa, Sara Aagesen afirmó que existían informes técnicos que respaldaban la idoneidad de los rescates y que no tenía conocimiento de ninguna orden para tramitar «con mayor celeridad» o con «trato discriminatorio» ninguno de los casos.
La ministra también respondió que ni el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ni personas de su entorno contactaron con ella o con otro miembro del Consejo Gestor en relación con el rescate de Plus Ultra.
Ante las preguntas del Grupo Popular sobre la concesión de un préstamo a una sociedad como Air Europa Holding, la ministra afirmó que se trataba de «una empresa del sector aéreo» y que «los informes recibidos de Sepi indicaban que cumplía con los criterios de elegibilidad», y que el Tribunal de Cuentas «también lo corroboró».