La justicia en Estados Unidos está investigando un posible desvío de 260 millones de dólares mediante una compleja red en Miami durante el Mundial.
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El fútbol sudamericano enfrenta una profunda crisis de corrupción en uno de sus peores momentos. En plena celebración del Mundial 2026, una investigación judicial amenaza con derribar la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El Departamento de Justicia estadounidense junto con el FBI han iniciado declaraciones formales por sospechas de fraude y lavado de activos contra su presidente, Claudio «Chiqui» Tapia. La causa, conocida como ‘AFAGate’, indaga en el presunto desvío de cientos de millones de dólares a través del sistema financiero en Estados Unidos.
La pesquisa preliminar tomó un ritmo acelerado. Según el diario La Nación, agentes del FBI basados en Washington y Miami mantuvieron una videollamada de más de tres horas con el empresario Guillermo Tofoni.
En esta reunión confidencial, los fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger interrogaron al testigo acerca de los movimientos financieros realizados por la AFA bajo la gestión de Tapia y su colaborador, Pablo Toviggino. Se sospecha que la entidad utilizó compañías pantalla en territorio estadounidense para desviar fondos y evitar controles tributarios.
El vínculo con Florida y el manejo irregular de fondos
El centro del ‘AFAGate’ está en las operaciones de TourProdEnter LLC, una empresa registrada en Florida y dirigida por el exdiputado Javier Faroni y su esposa, Érica Gillette. Esta compañía privada fue contratada por la dirigencia de Tapia como agente exclusivo para recaudar contratos internacionales de patrocinio de la selección argentina.
Entre los contratos más rentables bajo sospecha destaca el firmado con multinacionales como Adidas, por un monto de 60 millones de dólares, y Warner, que alcanzó los 40 millones.
Los investigadores de la Unidad de Integridad Bancaria de Estados Unidos rastrearon el flujo de capitales y los datos preliminares son alarmantes. Por medio de cinco bancos clave en EEUU –Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank-, la firma de Faroni gestionó un total aproximado de 260 millones de dólares provenientes de la AFA.
No obstante, las auditorías detectaron que solo una fracción de ese dinero se usó para financiar los gastos reales de funcionamiento de la federación.
El principal enigma que procuran esclarecer las autoridades es la ubicación de al menos 57 millones de dólares, distribuidos de manera opaca entre distintas sociedades y personas físicas. Los documentos recabados evidencian transferencias millonarias hacia compañías inactivas, cuyos dueños reciben subsidios estatales en Argentina.
También se detectaron envíos directos hacia dos entidades con vínculos familiares con Toviggino. Además, la justicia sospecha que aproximadamente 6,2 millones de dólares se destinaron para adquirir el club italiano Perugia. Esta operación se realizó bajo la forma de Sociedad Anónima Deportiva (SAD), un modelo privatizado al que el propio Tapia se ha manifestado en contra públicamente.
Presión desde dos frentes legales
Las perspectivas legales para la dirigencia del fútbol argentino se complican debido a un efecto de presión simultánea. Mientras el FBI reúne pruebas en Washington y Miami, en Buenos Aires el juez penal económico Diego Amarante sigue una causa independiente.
El magistrado ya ordenó levantar el secreto fiscal de Tapia y sus colaboradores cercanos, además de autorizar el allanamiento de la sede central de la AFA para incautar contratos. La colaboración entre el Ministerio de Seguridad argentino y las agencias estadounidenses ha permitido un constante flujo de información que alimenta esta investigación penal.
Frente a la gravedad del caso, la AFA ha activado con urgencia su equipo legal en Estados Unidos para mitigar el daño reputacional. Tomás Regalado, representante institucional ante América del Norte, junto con el abogado penalista Mariano Lizardo participaron recientemente en un foro de transparencia celebrado en Miami.
En su intervención, solicitaron que se respete la presunción de inocencia, subrayando que la apertura de diligencias y las declaraciones no equivalen a una acusación formal ni determinan responsabilidad penal.
Pese a los intentos por contener el impacto, los tres fiscales analizan citar a antiguos funcionarios estatales que supervisaron las cuentas de la federación. El ‘AFAGate’ ha trascendido su dimensión administrativa local para convertirse en una pesquisa federal criminal de alta complejidad en Estados Unidos.
Mientras el torneo internacional sigue en curso, el futuro de Claudio «Chiqui» Tapia se encuentra en un delicado equilibrio judicial que se intensifica día tras día en las oficinas de la justicia estadounidense.