Pedraz acusa a Mercedes González y a Manuel Llamas, director adjunto operativo del Cuerpo, de prevaricación y obstrucción a la Justicia
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, así como al director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, Manuel Llamas, dentro de la causa sobre las cloacas del PSOE, tal como informan fuentes judiciales a EL MUNDO.
Pedraz los ha citado a declarar el próximo 16 de julio en calidad de investigados debido a que, «prima facie, y sin perjuicio de lo que arroje la instrucción ulterior del caso, existen indicios en la causa que podrían constituir un posible delito».
La imputación se realiza a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que les atribuye un delito continuado de prevaricación junto a otro de obstrucción a la Justicia. Esta investigación aborda las maniobras de Leire Díez, contratada por el PSOE, para que se investigara a la UCO de la Guardia Civil por presuntas filtraciones en causas que implicaban al Gobierno y a la familia del presidente Pedro Sánchez.
Del proceso judicial se extrae que la fontanera diseñó una estrategia para abrir una investigación interna contra miembros de la UCO con la intención de intimidarlos y disuadirlos de proseguir con la pesquisa sobre la corrupción en el Ejecutivo, el PSOE y el entorno familiar de Sánchez. El escrito fiscal señala «la instrumentalización de expedientes disciplinarios como herramienta de presión frente a los agentes encargados de la investigación».
Para ejecutarlo, Leire Díez —quien anotó en su agenda «Investigación interna G.C. para filtraciones»— explotó su proximidad con la directora de la Guardia Civil, quien autorizó la apertura de informaciones reservadas contra la unidad especializada del Instituto Armado en la lucha anticorrupción. Se iniciaron tres expedientes internos acusando a integrantes de la UCO de supuestas filtraciones que no provenían de este departamento.
La directora de la Guardia Civil niega haber participado en "ninguna trama" contra el cuerpo
La Fiscalía detalla el efecto que esto podía provocar en los investigadores: «La sucesiva apertura de informaciones reservadas contra miembros de una unidad policial dedicada a investigaciones penales de gran relevancia tiene una clara capacidad para generar desánimo en el ejercicio autónomo de funciones de policía judicial. La presión va más allá del perjuicio que cada expediente pueda causar individualmente, proyectando un mensaje institucional hacia toda la unidad: ciertas líneas de investigación podrían implicar sanciones disciplinarias para quienes las impulsen».
Además, en una providencia notificada este jueves, el magistrado de la Audiencia Nacional establece que, sin perjuicio de lo que se investigue, no correspondería por ahora citar como investigado al anterior director de la Guardia Civil Leonardo Marcos, al considerar que su conducta per se no configura ningún delito.
El departamento liderado por el fiscal de Sala Alejandro Luzón solicitó estas imputaciones tras la ratificación la semana pasada de dos exresponsables de la UCO, Rafael Yuste y Alfonso López Malo, quienes ante el juez Pedraz afirmaron que se les indicó que debían «ponerse de perfil» en investigaciones relacionadas con el hermano del presidente del Gobierno. Anticorrupción argumenta que deben ser citados como investigados «para salvaguardar sus derechos a no declarar ni declararse culpables, así como otras protecciones vinculadas a esta condición, y no como meros testigos».
Los encuentros con la ‘fontanera’
Por otra parte, la investigación judicial reveló que Mercedes González mantuvo dos encuentros con la fontanera del PSOE, a pesar de que inicialmente tanto la directora de la Guardia Civil como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, negaron estos hechos.
Yuste y López Malo también negaron que la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González, les convocara tras estallar el escándalo para informarles sobre sus contactos con la fontanera. En sus declaraciones ante el juez Pedraz, los exmandos de la UCO desmintieron la versión facilitada por González durante su comparecencia en el Senado.
En la Cámara Alta, la directora negó que las instrucciones del DAO relacionadas con el caso del hermano del presidente fueran ciertas, y afirmó que comunicó a los mandos que conocía a Leire Díez.
En relación con estos puntos, se señala que «en la nota de prensa de la Directora General de la Guardia Civil y en su declaración ante el Senado el 16 de junio de 20267, reconoció al menos dos encuentros —sin especificar duración, fecha ni contenido— que hasta entonces eran desconocidos dentro de la UCO, según declaraciones de testigos que han comparecido en las actuaciones (todos ellos generales de alta responsabilidad y subordinados directos del DAO)».
Obstrucción a la Justicia
La Audiencia sostiene que «el uso instrumental de expedientes disciplinarios como mecanismo de presión contra investigadores policiales podría constituir delito de obstrucción a la Justicia, conforme al artículo 464.1 del Código Penal».
Este precepto sanciona a quien, «mediante violencia o intimidación, intente influir directa o indirectamente sobre denunciante, parte, imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un procedimiento para modificar su conducta procesal». Busca «asegurar el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia protegiendo la libertad de acción de quienes participan en procedimientos judiciales, impidiendo que sufran presiones ilícitas», según las fiscales Anticorrupción.
Por otro lado, el delito de prevaricación castiga la emisión de resoluciones «arbitrarias» y «manifiestamente injustas» adoptadas en contra del interés público.
Finalmente, Pedraz ha aprobado la realización de otras diligencias solicitadas por la Fiscalía, incluyendo requerir al PSOE que identifique a la persona responsable de firmar el contrato de asesoría jurídica con el abogado Jacobo Teijelo —también imputado en esta causa— en el periodo en que este profesional declaró actuar como asesor jurídico del partido, es decir, de octubre de 2024 a junio de 2025.