EL MUNDO publica el documento confidencial que detalla los pagos de un fondo de Hong Kong a Aldama en caso de que Montero vendiera los seis edificios por 250 millones.
La operación de venta del cuartel general de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), promovida por María Jesús Montero, incluía por escrito un pago oculto de 50 millones de euros en comisiones destinadas a Víctor de Aldama.
Este empresario planeaba compartir al menos 5 millones del total con el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor personal, Koldo García, como reconocimiento por facilitarle acceder a este negocio millonario en el centro de Madrid. De hecho, la Guardia Civil interceptó una grabación donde ambos discutían abiertamente la distribución de esta cuantiosa comisión.
EL MUNDO ha obtenido en exclusiva el contrato confidencial firmado entre el fondo de inversión Platinum Estates Limited, con sede en Hong Kong, y la empresa Pilot Real Estate, propiedad de Aldama, en el que se fija un calendario para el pago de las comisiones en caso de que la operación se concretase.
Según se expresa en el documento reproducido en esta página, fechado el 24 de abril de 2019, si el Ministerio de Hacienda, entonces bajo la dirección de la ex vicepresidenta del Gobierno, «aceptaba» la propuesta de 250 millones presentada por el grupo encabezado por Aldama, este recibiría un primer pago automático de 15 millones.
Una vez que se formalizara «el contrato privado de compraventa» para adquirir el complejo urbanístico conocido como Campos Velázquez, situado entre las calles Velázquez y María de Molina en Madrid, el fondo de inversión se comprometía a pagar otros 20 millones.
Finalmente, un pago adicional de 15 millones estaría condicionado a la «obtención de la licencia de obras» tras la presentación del proyecto para levantar varias torres residenciales de lujo y un hotel por parte de Platinum Estates Ltd ante el Ayuntamiento de Madrid.
Conviene recordar, como informó este medio, que el intermediario recientemente condenado por el Tribunal Supremo en el juicio del caso Koldo, cuyo ingreso en prisión se ha suspendido debido a su colaboración con la Justicia (en la que reveló, entre otros hechos inéditos, la operación de Campos Velázquez), fue invitado a participar en esta gran transacción inmobiliaria de la mano de Koldo García. Este, condenado a 19 años por el Supremo, le comunicó el interés de la ex ministra de Hacienda en poner en venta uno de los principales activos inmobiliarios del Ministerio. «Montero le ha comentado a Ábalos que están buscando un empresario de confianza para quedarse con los edificios de la Sepi», aseguró Aldama que le transmitió textualmente Koldo para motivarle a concurrir con rapidez.
El interés del que fuera mano derecha de Ábalos residía en que pretendía repartirse con el entonces ministro al menos 5 millones del total de comisiones que correspondían a Aldama. Así consta en una grabación intervenida a Koldo por la Guardia Civil durante el registro en su domicilio, que fue reproducida en el reciente juicio ante el Alto Tribunal. En esa conversación, ambos trataron abiertamente este asunto.
El 9 de abril de 2024, poco antes de que Aldama formalizara con el fondo de inversión el acuerdo sobre las comisiones que recibiría en caso de que se cerrara la compraventa, Koldo se reunió con el ex ministro y le dijo: «¿Te acuerdas de lo que comentamos sobre Sepi, el conjunto donde están las centrales de la Sepi, los edificios, la oferta de 250 millones que llegó?». «Si se lleva a cabo eso…», añadió Koldo.
«¿Pero ya se ha presentado?», respondió Ábalos. «Sí, sí, ya se ha presentado y entregado la oferta, ¿vale? Ahora están esperando respuesta, ¿vale? Pero tengo que explicarte que si se ejecuta, él (Aldama) obtendrá un montante de 5 (millones)». «¿Cinco millones?», preguntó Ábalos sorprendido. «Sí, a ti te corresponde (…) porque el dinero se repartirá». La Policía Judicial aclara que la cifra que menciona Koldo García para su jefe es «ininteligible», pero que, en todo caso, compartirían la comisión.
Efectivamente, como se discute en esta conversación, el empresario ya había entregado una propuesta formal el 5 de noviembre de 2018 con la que tanto la recién nombrada ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como el presidente de la Sepi, Vicente Fernández, consideraban viable extraer recursos económicos adicionales mediante la gestión del patrimonio inmobiliario estatal.
La tramitación de esta operación fue encargada directamente a una persona de total confianza de Montero, el entonces presidente de Sepides, Antonio Cervera, quien actualmente es director general de Costes de Personal del Ministerio de Hacienda. Cabe destacar que accedió a esos cargos por decisión de Montero, que ya lo tuvo bajo su mando como director de Patrimonio en la Junta de Andalucía.
Así, en marzo de 2019, el entonces presidente de Sepides respondió a la secretaria de Aldama que estaban evaluando su oferta y que responderían tan pronto tomaran una decisión. Según la documentación en poder de este medio, Aldama comenzó a trabajar como si ya contara con la licencia, convencido de que la operación le sería adjudicada.
El 24 de abril de 2019, Aldama ya había firmado con el fondo Platinum Real Estate de Hong Kong la compra de la sede central de la Sepi por 201 millones sin IVA, y ambas partes acordaron en un contrato complementario el pago de 50 millones en comisiones. El empresario incluso remitió a la Sepi esta «oferta no vinculante» inicial, firmada en persona por el magnate hindú Harry Hassomal Mohinani en representación de Platinum, para que Sepides la firmara y la analizara durante un plazo de 90 días.
Aunque la operación no prosperó, Aldama trabajó durante meses con el conocimiento y coordinación del grupo estatal.
Actuó a través de Pilot Real Estate, la inmobiliaria que el entonces jefe de gabinete de Montero, Carlos Moreno, indicó internamente que necesitaba un aplazamiento en la deuda fiscal.
Según la versión de Aldama, cuando la operación estaba próxima a concretarse, fue Koldo quien le llamó para solicitar que retirara la propuesta, puesto que la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, había exigido cancelar la venta del conjunto de la Sepi. El motivo era que entraba en conflicto con los intereses del Instituto de Empresa, entidad que ocupa espacio en el complejo y había mostrado interés en adquirir alguno de los inmuebles integrados.
La implicación de Koldo en esta operación fue tan directa que llevó personalmente la oferta de Aldama al registro de la Sepi para su sello y registro. Al informarle de que debía abandonar este negocio millonario, le prometió que serían compensados con otras operaciones inmobiliarias similares como resarcimiento por las molestias ocasionadas.
El complejo Campos Velázquez abarca cerca de 40.000 metros cuadrados distribuidos en seis edificios. Entre ellos destacan las sedes de la propia Sepi y Sepides, así como la sede central de Navantia y el mencionado IE.
El contrato de distribución de las comisiones incluía, además del calendario de pagos mencionado, el compromiso del fondo de inversión de Hong Kong de ofrecer «garantías suficientes» para asegurar que todos los pagos serían efectivamente realizados.
De modo que Platinum debía garantizar a Aldama, después del pago inicial de 15 millones, los 35 millones restantes. Del mismo modo, Aldama y Platinum firmaron una cláusula que les obligaba a «mantener la más estricta confidencialidad» sobre el acuerdo, subrayando que las comisiones eran «un elemento esencial» del importante negocio.
El IE declara que en ningún momento tuvo conocimiento de que la Sepi estuviese interesada en vender alguno de los inmuebles del complejo ni el conjunto completo. Según esta institución, la Sepi tampoco estaría obligada a informar al IE sobre esta intención.
Además, el IE añade que no ha participado en ninguna conversación o negociación para adquirir alguno de estos inmuebles, ni ha autorizado a persona, entidad o intermediario alguno a mantener tales diálogos o negociaciones en su nombre o representación.