Las ex clarisas se proclaman «totalmente inocentes» y confían en que «la verdad pueda ser plenamente demostrada».
La Fiscalía y la acusación particular solicitan una condena de 12 años de prisión para cada una de las siete ex monjas de Belorado que serán juzgadas por cargos de coacciones, trato denigrante, abandono, omisión de auxilio a cinco religiosas mayores, además de delitos patrimoniales como administración desleal y apropiación indebida, según comunicaron las clarisas disidentes.
Frente a esta petición, las ex clarisas, en un comunicado, se declaran «totalmente inocentes de las graves imputaciones relacionadas con nuestras queridas hermanas mayores» y aseguran enfrentar este proceso «con la tranquilidad de quienes saben que no cometieron los hechos que se les atribuyen y con la esperanza de que se confirme la verdad».
«En lugar de apoyo, sentimos que la presión sobre nuestra comunidad no ha cesado, asemejándose más a una caza de brujas similar a la antigua Inquisición», lamentan, y admiten que afrontan este proceso con «profunda tristeza y la convicción de que se busca desintegrar nuestra comunidad y destruir nuestro proyecto de vida».
No obstante, advierten que no renunciarán a «lo que defendemos» y aseguran que continuarán «con la misma determinación que nos ha acompañado hasta ahora».
«Algunos nos ven como monjas rebeldes, pero preferimos definirnos como mujeres de fe, firmes en nuestras decisiones y dispuestas a asumir las consecuencias de actuar según nuestra conciencia. Nuestra fuerza proviene de la fe, la oración y la esperanza», declaran.
Desde su punto de vista, lo que viven representa «una persecución y un castigo por desafiar a la autoridad eclesiástica y seguir un camino que, en conciencia, consideraron necesario».
Pese al «sufrimiento», aseguran que no responden «con odio ni resentimiento» y añaden que persistirán en defender «nuestra dignidad, nuestra libertad de conciencia y nuestra vocación, confiando en que prevalecerá la verdad».
En este sentido, solicitan «respeto hacia nuestra comunidad, nuestra libertad de conciencia y el derecho de la sociedad a conocer todas las circunstancias del caso antes de emitir un juicio definitivo».
AUTO
El auto emitido por la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao recuerda que el 13 de mayo de 2024 se publicó el «Manifiesto Católico», en el cual la abadesa, en nombre del resto de las investigadas, expresa su intención de abandonar la iglesia católica, «rechazando la autoridad del Papa como usurpador de la Santa Sede, lo que provocó el Cisma y su excomunión».
Otras integrantes de la Comunidad, incluidas dos testigos protegidas, abandonaron posteriormente el Monasterio debido a que las investigadas les sometían a «humillaciones, castigos, vejaciones y amenazas de represalias si no se alineaban con ellas», aunque no denunciaron estos hechos.
La resolución judicial indica que esta decisión no fue tomada por las monjas mayores, quienes no fueron informadas del Cisma «debido a su estado de deterioro». La mayor, de 101 años, inicialmente aceptó «por obediencia y en bien de la comunidad», aunque presentaba deterioro cognitivo leve; otra de 89 años sufría deterioro cognitivo moderado; una tercera hermana, de 87 años, no mostraba deterioro marcado, pero padecía afectación del lenguaje tras un ictus. Otra religiosa, de 94 años, presentaba deterioro cognitivo severo, al igual que una quinta monja de 89 años, que también padecía este deterioro.
Durante una investigación por parte de un Juzgado de Briviesca, se autorizó la entrada y registro en el Monasterio de Orduña, lugar al que las investigadas se trasladaron a finales de julio de 2025, llevando consigo a las hermanas mayores.
El juzgado decidió que las monjas que no formaban parte del Cisma fueran retiradas del Monasterio de Orduña, aunque la Guardia Civil no pudo ejecutar esta medida debido a «las trabas y la oposición» de las investigadas.
El 18 de diciembre de 2025, se ordenó ingresar en el Monasterio de Orduña para retirar a las religiosas mayores y someterlas a examen por dos médicos forenses, quienes determinaron su ingreso en el Hospital de Basurto. En el acta se constata que las mayores «no recibían una atención adecuada».
En la celda de una de ellas había dos perros sobre la cama, uno sobre la almohada, y se observaban restos de orina y excrementos. Otra religiosa permanecía sentada en el inodoro sin atención, y una tercera estaba encamada, «presentando un estado general deteriorado». Esta última fue ingresada en el Hospital de Basurto con diagnóstico grave por insuficiencia e infección respiratoria. Tras recibir el alta, falleció el 9 de enero de 2026.
El informe forense menciona la «falta de higiene» extendida en todo el Monasterio, además de señalar la «cocina sucia y alimentos en mal estado».
Mientras las hermanas mayores residían en Belorado, la atención médica era proporcionada por médicos del Sacyl. Una doctora indicó que dicha atención fue disminuyendo progresivamente, dificultando la valoración médica de las religiosas y «impidiéndole el acceso a las monjas mayores».
Además, explicó que la ex religiosa encargada de la farmacia aparentemente modificaba algunos medicamentos prescritos a su criterio, al no considerarlos adecuados, con la intervención de la abadesa.
«Esta falta de atención, que comenzó en Belorado, se vuelve evidente al trasladarlas al Monasterio de Orduña a finales de julio de 2025, ya que desde esa fecha hasta el 18 de diciembre de 2025 no recibieron atención médica pese a las múltiples patologías y el estado en que se encontraban», detalla el auto.
«TRATO HUMILLANTE»
El auto enfatiza que «de todo esto se desprende un incumplimiento del deber de cuidado» por parte de las investigadas hacia las mayores, quienes estaban bajo su custodia y en «condición de dependencia y vulnerabilidad». Esto implica que se les otorgaba un «trato humillante que menoscababa su dignidad».
También se destaca el «control, manejo e influencia ejercidos sobre ellas, aprovechándose de su deterioro cognitivo para que aceptaran sus imposiciones por temor a las consecuencias si intentaban abandonar». En consecuencia, señala que existió «una aceptación o consentimiento viciado debido a la merma de facultades».
La jueza instructora considera que las razones para oponerse a la salida de las mayores podrían estar relacionadas con evitar el desalojo del monasterio, dado que dicho proceso no habría ocurrido en presencia de personas vulnerables.
RAZONES ECONÓMICAS
Además, se estima que pudieron existir «motivos crematísticos», ya que tras el Cisma se bloquearon las cuentas del Monasterio, las cuales quedaron administradas por el Comisario Pontificio, y surgieron «necesidades económicas» consecuencia «del bajo rendimiento de los negocios gestionados, incapaces de cubrir los préstamos adquiridos».
Para superar esta situación, la magistrada señala que en noviembre de 2024 la abadesa, junto con otras investigadas, planificaron la apertura de cuentas compartidas con las monjas mayores para recuperar sus pensiones.
En cumplimiento de este plan, se abrieron cuentas en una entidad bancaria online a nombre de las mayores, y las investigadas «abusaron de su administración efectuando numerosas transferencias».