Las claves
El pacto entre PP y Vox en Andalucía contempla una reducción progresiva de impuestos, rebajas en el IRPF y eliminación de tasas autonómicas vinculadas al sector primario.
Se disminuirán en un 50% las subvenciones destinadas a sindicatos y organizaciones empresariales que no aporten utilidad pública, y se revisará el personal vinculado a la desaparecida Faffe para asegurar la legalidad en el acceso al empleo público.
En materia agrícola, el acuerdo protege al sector frente a normativas climáticas de la UE, rechaza el tratado UE-Mercosur y demanda cláusulas espejo para las importaciones.
Se priorizan bonificaciones y deducciones para autónomos, se limita la implantación de macroplantas renovables en terrenos agrícolas, y se incluye una estrategia industrial para reforzar el tejido productivo.
El acuerdo entre PP y Vox para gobernar Andalucía incorpora un destacado conjunto de medidas económicas que abarcan recortes fiscales, defensa del sector agrario y desarrollo industrial.
El primer compromiso consiste en elaborar y aprobar los presupuestos anualmente durante toda la legislatura.
Esto resulta sencillo, dado que existe una amplia coincidencia en los programas tanto de PP como de Vox.
Sin embargo, es probable que algunos puntos hayan requerido un gran esfuerzo para ambas partes, los denominados «pelos en la gatera» a los que se refirió Juanma Moreno durante la presentación del pacto junto a Manuel Gavira (Vox).
Una de las condiciones impuestas por Vox es la reducción al 50% de las subvenciones a sindicatos y asociaciones empresariales, aunque añade la condición de «sin utilidad pública», lo que podría permitir cierto margen.
Este punto supone un reto para Juanma Moreno, reconocido defensor del Diálogo Social y del rol de los agentes económicos y sociales.
En diciembre de 2024, el PP aprobó con mayoría absoluta la Ley de Participación Institucional, destinada precisamente a proteger la financiación de patronal y sindicatos, además de fomentar su influencia política.
La administración paralela y el favoritismo
Otro aspecto complicado que Moreno había evitado en dos legislaturas es la infraestructura administrativa paralela y los puestos a dedo. Vox adopta una postura firme.
El punto 31 del pacto establece la «revisión de la situación jurídica y organizativa del personal laboral de la extinta Faffe», previendo un proceso de estabilización.
Además, se realizará una evaluación individual del estado del personal afectado, con especial atención al cumplimiento de los requisitos legales para acceder al empleo público, según lo pactado.
En el ámbito agrícola, Vox ha impuesto un «blindaje del sector frente a normativas climáticas europeas» que, según el texto, afectan negativamente la rentabilidad del campo.
Moreno ha mantenido una postura favorable a las medidas contra el cambio climático, lo que en la pasada legislatura generó enfrentamientos con Gavira en el Parlamento.
El compromiso actual establece que Andalucía quedará exenta de cargas o tasas autonómicas derivadas de estas políticas. Asimismo, el Gobierno andaluz adopta una postura oficial contraria al acuerdo UE-Mercosur.
Se exigirá la implementación de cláusulas espejo para que las importaciones extracomunitarias cumplan con los estándares aplicados a los productores andaluces.
También se manifiesta el rechazo a la PAC 2028-2034 y su «condicionalidad climática«, pidiendo que no se reduzcan los fondos (FEAGA y FEADER) destinados a Andalucía.
En cuanto a la política hidráulica, se plantea un plan para aumentar progresivamente las hectáreas disponibles para regadío.
Reducción del IVA en carne y pescado
Del mismo modo, se acuerda solicitar al Gobierno central la disminución del IVA aplicado a carne y pescado, extender el IVA superreducido al gasóleo agrícola, fertilizantes y piensos, y rebajar los módulos del IRPF agrario. Además, se planea crear ayudas complementarias para jóvenes agricultores.
El pacto expresa su apoyo a la ganadería intensiva frente a lo que denomina «criminalización por parte del lobby animalista y las políticas climáticas europeas», un planteamiento alineado con las posturas de Vox.
La Junta se hará cargo completamente de los costes de la vacuna contra la lengua azul y su aplicación. También se activarán ayudas urgentes para viticultores afectados por el mildiu, con el fin de frenar la pérdida de superficie de viñedo en la región.
Se protegerá la dehesa como ecosistema productivo y como base de la ganadería extensiva y la cría de reses bravas, sin exigir condiciones ambientales adicionales.
Se diseñará un plan para erradicar la ocupación ilegal de fincas públicas de la Junta, para posteriormente venderlas o conceder su gestión administrativa a ayuntamientos o particulares con interés en explotarlas.
Se rechazan las limitaciones sobre los días de pesca establecidas por la Política Pesquera Común y se desarrollará un plan para modernizar la flota andaluza, financiado con fondos FEMPA.
En materia fiscal, se pactó una reducción progresiva del IRPF del 0,25% anual en los tramos inferiores a 60.000 euros, alcanzando un punto completo al final de la legislatura.
Deducciones por nacimiento
Se aumentarán las deducciones por nacimiento o adopción, que oscilarán entre 500 y 1.500 euros según el número de hijos; se establecerán deducciones dobles para hijos con discapacidad y un aumento del 50% en las deducciones para familias numerosas, sin límites de renta.
También se amplían las deducciones destinadas a gastos educativos —como comedor, uniformes, material escolar— y para la compra de gafas o lentes de contacto. Además, se compromete la reducción progresiva de todas las tasas autonómicas relacionadas con el sector primario.
El pacto incorpora una reducción fija de 2.000 euros en el tramo autonómico del IRPF para pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) o sus cuidadores.
Se aplicará una bonificación en el impuesto de Donaciones para casos de adquisición de vivienda habitual entre hermanos, con la intención de ampliar progresivamente la bonificación del 50% al Grupo III de parentesco.
Sobre el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), el gobierno impulsará una reducción anual del 0,25% en el tipo general y expandirá los límites del valor de la vivienda —hasta 200.000 euros para jóvenes y personas con discapacidad, y hasta 300.000 € para familias numerosas— para aplicar tarifas reducidas.
Además, se creará una línea de crédito pública para financiar el pago del ITP en un plazo de 10 años, con bonificación del 100% en comisiones e intereses.
Se acordó eliminar tres impuestos ambientales (bolsas de plástico, emisión de gases y vertidos) y realizar una reducción progresiva del 50% en las tasas autonómicas del sector primario (agricultura, ganadería, caza y pesca).
Medidas para los autónomos
Los autónomos serán el “centro de la acción política” del nuevo gobierno, según el acuerdo.
Se propone compensar parte de los costes de la Seguridad Social en el segundo año de actividad, otorgar una bonificación de dos meses de cuota en caso de baja médica y establecer deducciones por traspaso o transmisión de negocios en municipios con riesgo de despoblación.
En materia de vivienda, se mantiene el compromiso del PP de construir al menos 20.000 nuevas viviendas protegidas a través de colaboración público-privada, además de oponerse firmemente a la ley estatal de vivienda.
Uno de los puntos controvertidos del acuerdo se centra en las renovables, que han sido pilares de la política económica del PP en años recientes.
Actualmente, el nuevo gobierno se compromete a bloquear la instalación de macroplantas eólicas y fotovoltaicas en suelos de regadío, terrenos inundables o con alto valor agronómico.
Se priorizará situar estas instalaciones en suelos artificiales, cubiertas o terrenos degradados que no sean productivos.
Además, se exigirá al Gobierno de España las inversiones necesarias en redes y infraestructuras eléctricas, incluyendo nuevos puntos de conexión.
La tramitación de proyectos renovables requerirá informes vinculantes de impacto agrario para todos los expedientes enfocados a la instalación de energías renovables.
El objetivo es asegurar que el desarrollo energético sea plenamente compatible con los usos, tradiciones y actividades económicas del sector agrícola.
El acuerdo contempla una estrategia de largo plazo destinada a reforzar el tejido productivo andaluz, utilizando indicadores específicos como el peso de la industria en el PIB regional, el empleo a nivel provincial generado y el volumen de inversión captada.
Se implementará una liberalización suficiente y accesible de suelo industrial, junto con la ampliación, modernización y creación de nuevos parques industriales y polígonos empresariales.
Para impulsar al sector y eliminar obstáculos burocráticos, se prevé la supresión de trabas y la instauración de una Ventanilla Única Industrial de Andalucía.
Para el próximo año está prevista la creación de un fondo específico dedicado a la reindustrialización.
En cuanto a la distribución final de responsabilidades, la gestión de gran parte de las políticas industriales y administrativas recaerá en la Consejería de Vox, que contará con rango de Vicepresidencia.