Las claves
El juez Pedraz ha incluido como investigados a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia.
El Gobierno, mediante el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, mantiene su respaldo a ambos funcionarios, quienes continuarán en sus cargos pese a la investigación judicial.
La causa, denominada ‘caso Leire’, indaga si se emplearon investigaciones internas de la Guardia Civil para ejercer presión sobre agentes que investigaban asuntos vinculados al PSOE y al círculo cercano de Sánchez.
La Fiscalía Anticorrupción advierte que, en caso de confirmarse un uso indebido de estas pesquisas, podría tratarse de un método de intimidación institucional para limitar la libertad de los agentes.
En primer lugar, fue Álvaro García Ortiz. El entonces fiscal general del Estado fue citado a declarar como investigado ante un juez.
El Gobierno en su totalidad —y Pedro Sánchez en particular— manifestó públicamente su apoyo, sin solicitar su dimisión. García Ortiz terminó condenado por el Tribunal Supremo y fue inhabilitado.
Meses más tarde, hace apenas días, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz otorgó la condición de investigada a la actual directora de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El Ejecutivo también expresó su respaldo a Belén Gualda y la defiende públicamente.
Este jueves, dentro de esta misma investigación, en el denominado caso Leire, Pedraz añadió a la lista de investigados a la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González, la máxima responsable política del cuerpo.
De igual forma, el juez ha adoptado la misma medida respecto a Manuel Llamas, el DAO (director adjunto operativo) del Instituto Armado, es decir, su principal responsable operativo.
Lejos de solicitar su renuncia —a quienes se les imputan delitos presuntos de prevaricación y obstrucción a la Justicia— el Gobierno mantiene el apoyo a González y al DAO.
En una nota, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, responsable último de ambas designaciones, manifestó su «confianza» en estos dos funcionarios, «que continuarán desempeñando sus funciones como hasta ahora».
¿Por qué se les investiga? A petición de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares del caso Leire, encabezadas por el PP, Pedraz les atribuye supuestos delitos de prevaricación continuada y contra la Administración de Justicia relacionados con las investigaciones internas que se abrieron contra varios guardias civiles encargados de indagar casos judiciales que afectan al PSOE y al entorno familiar de Sánchez.
En este contexto, existe un paralelo con el caso García Ortiz: el Gobierno respalda al máximo responsable de una institución dedicada a la persecución e investigación de delitos, pese a que está siendo investigado por la Justicia.
Además, se da la inusual situación en la que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargados de las pesquisas del caso Leire, deberán investigar a sus propios jefes, la directora del Cuerpo y el DAO.
Entre otros aspectos, Pedraz examina en el caso Leire las maniobras de Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, para obstaculizar las pesquisas judiciales que afectaban al partido y al entorno político y familiar de Sánchez.
Díez, cuyo principal objetivo era la UCO, mantuvo varias reuniones con González y frecuentemente presumía de la buena relación que tenía con ella.
Estas informaciones reservadas —investigaciones internas de la Guardia Civil— coincidieron temporalmente con los encuentros entre ambas mujeres.
Así lo indica el informe mediante el cual Anticorrupción solicitó a Pedraz citar a declarar como investigada a la directora del Instituto Armado, documento al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
La Fiscalía advierte que, «si se llegara a confirmar que las informaciones reservadas carecían de una finalidad legítimamente disciplinaria», estaríamos frente a «un auténtico medio de intimidación institucional».
De hecho, Anticorrupción señala que estas investigaciones internas van más allá de una simple advertencia verbal, ya que pueden «comprometer la carrera» de un agente, «afectar su reputación», «limitar sus posibilidades de ascenso»…
Y todo ello, si motivado por un propósito ilícito, habría servido para «generar un clima permanente de incertidumbre» entre los investigadores de la UCO.
La jurisprudencia establece que la intimidación no requiere amenazas verbales explícitas. También puede manifestarse mediante acciones que buscan «coartar la libertad» de una persona y que demuestren una «seria capacidad de influir en su comportamiento».