Las acusaciones y las defensas presentan sus conclusiones en el juicio relacionado con las maniobras presuntamente destinadas a sustraer a Luis Bárcenas material que perjudicaría al Partido Popular y a sus líderes.
«Desde el inicio quedó claro el propósito ilícito y despreciable de toda la operación. No tenía relación alguna con la investigación del caso Gürtel, sino todo lo contrario. Su verdadero objetivo era obtener información y documentos comprometedores para el Partido Popular y sus principales dirigentes, con la intención expresa de sabotear y dificultar esa investigación judicial».
Así se ha manifestado la Fiscalía Anticorrupción en las primeras fases de su informe final, que duró más de cuatro horas, en el juicio por la operación Kitchen. El fiscal César de Rivas sostiene que está demostrado que los seguimientos al ex tesorero del PP Luis Bárcenas y su círculo cercano comenzaron a principios de 2013, luego de que se descubriera la fortuna suiza de Bárcenas y se difundieran los documentos en los cuales registraba la contabilidad paralela del partido. La principal preocupación, según el fiscal, eran «las grabaciones» que Bárcenas habría realizado, entre otros, a Mariano Rajoy, y que probarían que el expresidente del Gobierno y del partido estaba informado sobre esa contabilidad oculta.
Los informes finales de las acusaciones y defensas se presentan tras concluir ayer la fase de prueba del juicio con la declaración de los últimos acusados. La Fiscalía anunció en ese momento que mantiene el escrito de acusación que presentó al inicio de la vista oral, celebrada durante meses en la Audiencia Nacional. Esto implica ratificar la solicitud de 15 años de prisión para el exministro del Interior con el PP Jorge Fernández Díaz y su entonces número dos, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.
Estas penas son «absolutamente proporcionadas», según el fiscal, «considerando la gravedad de los hechos y las circunstancias personales de cada uno de los imputados, sin olvidar que el operativo se diseñó desde la cúpula del Ministerio del Interior». Al exministro se le imputan los delitos de encubrimiento, malversación y dos infracciones contra la intimidad.
La defensa de varios acusados, entre ellos el excomisario José Manuel Villarejo, sostiene que la operación era un procedimiento de inteligencia destinado a localizar más cuentas bancarias de Bárcenas en el extranjero y a proteger a altas instituciones del Estado que pudieran verse implicadas por las conexiones financieras relacionadas con el caso, haciendo alusión al Rey emérito.
«Negamos categóricamente esa versión. No se ejecutó ningún operativo de inteligencia orientado a complementar la investigación del caso Gürtel», señaló el fiscal, subrayando que los imputados «nunca mantuvieron comunicación» con el juez instructor del caso Gürtel ni con la Udef, que investigaba bajo la dirección del magistrado Pablo Ruz.
Sin ese contacto, enfatizó el fiscal, los responsables acusados no podían saber qué información le faltaba a la investigación. Además, la información bancaria suiza ya había sido presentada en la Audiencia en diciembre de 2012, antes del inicio de la operación Kitchen. De hecho, fue esa llegada la que desencadenó los hechos que han llegado a juicio.
Además de desplegar a decenas de agentes para las vigilancias, principalmente sobre la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, los acusados involucraron también al chófer de esta, quien actualmente también está en el banquillo. Sergio Ríos sostiene que creía estar colaborando en una operación policial legítima. Reconoció haber entregado a los acusados los dispositivos electrónicos del matrimonio. No obstante, no ha quedado claro si alguno de los responsables pudo obtener los audios que supuestamente involucraban a Rajoy. Para sostener la acusación, indicó el fiscal, esto no es determinante.
Respecto a la dirección política del caso, el representante de Anticorrupción afirmó que «queda acreditada en el juicio la participación, desde la captación de Sergio Ríos, tanto de Francisco Martínez, secretario de Estado, como de Jorge Fernández Díaz en su rol de ministro del Interior. Esto se demuestra mediante los mensajes incorporados a la causa, enviados por Jorge Fernández Díaz a Francisco Martínez».
La defensa del exministro ha cuestionado la autenticidad de esos mensajes, que constituyen la pieza clave para su posible defensa. Su número dos los llevó a un notario y finalmente fueron integrados en la causa. El fiscal les concede validez. «Son mensajes con contenido claramente incriminatorio. Tanto es así que Francisco Martínez no solo los conservó para usarlos cuando le pareciera oportuno, sino que también procedió a su protocolización en acta notarial correspondiente».
«Se ha demostrado en el juicio el control o manejo por parte de Jorge Fernández Díaz, designado en las agendas o diarios del acusado José Manuel Villarejo como número uno», indicó el fiscal.
También respaldan la hipótesis las anotaciones incautadas a Villarejo que mencionan a Francisco Martínez. En cuanto a los audios relacionados con la investigación, el fiscal reconoce que el excomisario pudo «presumir», pero no cuando plasmaba sus escritos. «Cuando escribe en sus agendas o diarios, José Manuel Villarejo no se engaña a sí mismo, sino que refleja fielmente lo que está viviendo y lo que ocurre en cada momento. Desde principios de 2013 dejó constancia en sus escritos del interés y preocupación de los acusados por obtener la documentación que pudiera tener Luis Bárcenas vinculada con el caso Gürtel y que resultara comprometedora para el Partido Popular y sus principales dirigentes».
Además del fiscal, ejercen la acusación el PSOE y el propio Bárcenas, quienes presentarán sus intervenciones tras el fiscal. A continuación, se escucharán los informes finales de las defensas antes de que el juicio quede pendiente de sentencia.