Las claves
El acta de una reunión de la ‘trama Leire’ en 2021 recoge la garantía de Belén Gualda, presidenta de la SEPI, de autorizar el rescate de Tubos Reunidos por un monto de 112,8 millones de euros.
La siderúrgica Tubos Reunidos obtuvo el rescate en julio de 2021, aunque ahora se encuentra en concurso de acreedores y la devolución de los fondos está en duda.
El juez Pedraz ha incluido a Belén Gualda y a varios directores de la SEPI como investigados por posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación y organización criminal relacionados con la concesión del rescate.
La trama llevó a cabo gestiones políticas y ejerciendo presiones, incluso con el PNV, para asegurar el rescate y la utilización de fondos de Tubos Reunidos, incluyendo remuneraciones a implicados.
El acta de una reunión de la trama Leire, realizada el 6 de julio de 2021, menciona la «promesa» de Belén Gualda, presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), de dar luz verde al rescate para Tubos Reunidos.
Meses antes, esta empresa vasca había solicitado a la SEPI una inyección de 112,8 millones de euros para mitigar los efectos económicos provocados por la Covid-19.
La trama Leire —que incluía a Leire Díez, apodada la fontanera del PSOE— realizó gestiones con la Administración pública en beneficio de esta compañía, que finalmente recibió el rescate solicitado poco después del acta, el 20 de julio de 2021.
Actualmente, la firma, dedicada al sector siderúrgico, está en concurso de acreedores y la recuperación de esos 112,8 millones permanece incierta.
Este lunes, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, encargado de investigar las maniobras de la trama y posibles irregularidades, agregó a Gualda a la lista de implicados. Está previsto que la cite a declarar proximamente.
Pedraz encuentra «indicios de criminalidad» en su contra, al igual que en otros miembros relevantes de la SEPI que intervinieron en el expediente sobre Tubos Reunidos, quienes también fueron incluidos en la lista de investigados apenas horas atrás.
El acta revela que, dos semanas antes de la aprobación del rescate, la trama Leire tenía constancia del compromiso de Gualda respecto a que esta medida recibiría aprobación.
La Fiscalía Anticorrupción, que instó a Pedraz a sumar a Gualda como investigada, indicó en un informe que un directivo de la SEPI, Miguel Ángel Figueroa, comunicó a la trama que «BG», la presidenta, estaba decidida a acelerar varias operaciones, incluyendo la solicitud de Tubos Reunidos.
El receptor de las comunicaciones de Figueroa fue Vicente Fernández, presidente de la SEPI hasta 2021 y también vinculado a la supuesta trama corrupta.
Ambos mantenían relación desde la época en que Fernández dirigía la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, cargo del que renunció al ser investigado en el caso Aznalcóllar.
Nuevas gestiones en 2025
Años después, la trama llevó a cabo nuevas gestiones en favor de Tubos Reunidos.
Casi cinco años tras el rescate, en 2025, la dirección de la SEPI permitió a la siderúrgica usar cerca de 10 millones de euros procedentes de la venta de un inmueble en Sestao (Bilbao), en lugar de depositarlos formalmente.
«Como resultado de estas acciones, Tubos Reunidos acordó un pago de 40.000 euros (IVA no incluido) a Vicente Fernández», indicó Anticorrupción en su informe.
Según publicó EL ESPAÑOL, Leire Díez, la fontanera del PSOE, gestionó —en el ámbito político— a favor de la propuesta de Tubos para disponer de ese dinero sin consignarlo oficialmente.
La llamada trama Leire facilitó un encuentro entre el CEO de la empresa vasca y Andoni Ortuzar, celebrado en enero de 2025. En ese momento, Ortuzar aún lideraba el Partido Nacionalista Vasco (PNV).
Aunque el acta está fechada en julio de 2021, ya contempla la posibilidad de contactar al PNV para intentar que ejerciera presión sobre el Gobierno central en favor del rescate a Tubos Reunidos.
«Los 112,8 millones de euros comprometidos por la SEPI están pendientes. Hoy, 6 de julio, a pesar de la promesa de la presidenta de la SEPI, la operación no se aprobará. Se considera que Antxon confirme esto ante el PNV», indica el acta.
¿Quién es Antxon? Antxon Alonso, propietario de la constructora Servinabar 2000 SL, también está siendo investigado por Pedraz como parte del núcleo principal de esta trama.
Este empresario mantenía contactos en los altos niveles del nacionalismo vasco. De hecho, el acta propone que mantenga conversaciones con representantes del PNV para «demostrarles que posee información confiable» y confidencial de la SEPI.
Además, el acta señala una posible «presión» del Partido Nacionalista Vasco sobre el Gobierno central para acelerar la aprobación del rescate.
Santos Cerdán
En su informe enviado a Pedraz, la Fiscalía indicó que, poco antes de otorgar la ayuda, se habrían llevado a cabo «una serie de reuniones políticas con la participación de Belén Gualda, destinadas a acelerar la tramitación de la concesión».
Por otro lado, en 2024, Díez organizó una reunión entre la cúpula de Tubos Reunidos y Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, para tratar la Operación Sestao.
Dicho encuentro, fechado el 13 de noviembre de ese año, tuvo lugar en la oficina que Cerdán ocupaba en la sede central del partido, ubicada en la madrileña calle de Ferraz.
Además de sumar a Gualda como investigada, Pedraz también tomó esta misma decisión respecto a Miguel Ángel Figueroa por supuestamente filtrar información interna de la SEPI a Vicente Fernández.
El juez citará también como investigado a Julián Mateos-Aparicio, miembro de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales que firmó, por delegación de Belén Gualda, la autorización para que Tubos Reunidos no consignara los fondos procedentes de la venta en Sestao.
De modo general, sin individualizar, Anticorrupción observa en las actuaciones descritas indicios de delitos como tráfico de influencias, prevaricación, uso de información privilegiada y pertenencia a organización criminal.
Este lunes, el juez también incorporó al expresidente de Tubos Reunidos, Francisco Irazusta, y al consejero de la compañía Jesús Pérez Rodríguez Urrutia a la lista de investigados del caso Leire.