El partido ha presentado el programa que incluye las medidas que pretende impulsar para enfrentar la «hiperregulación». En tres comunidades autónomas, asumen las consejerías responsables de esta área.
Frente a los tres pactos alcanzados entre PP y Vox para gobernar en coalición las autonomías, la «prioridad nacional» ha tenido un protagonismo destacado. Sin embargo, no es el único concepto que los de Santiago Abascal han conseguido introducir en la agenda de esos gobiernos. Sus tres líderes autonómicos ocupan ahora las vicepresidencias y las consejerías de «Desregulación», asumiendo así las competencias sobre simplificación normativa y disminución burocrática. Para Vox, esta cuestión es central en esta nueva etapa de gestión, sirviendo como un eje que condensa sus postulados clásicos bajo el argumento de que existe un exceso de normativa.
Los pormenores de ese plan para frenar la «hiperregulación» fueron expuestos por el partido este sábado, coincidiendo con el evento posterior a su Asamblea General. La mayoría de las medidas recogidas bajo este marco ya formaban parte de su ideario –como la derogación de tres normas por cada una que se apruebe o la reducción de la burocracia para empresarios y autónomos–, aunque al agruparse evidencian el foco que Vox quiere tener en su lucha contra el «exceso legislativo».
Por ejemplo, se propone eliminar ocho leyes, cuatro de ellas relacionadas con el cambio climático o políticas sostenibles. También persiguen suprimir los planes de igualdad y LGTBI obligatorios que las empresas deben implementar –calificados como «burocracia ideológica disfrazada de progreso»– y el protocolo de desconexión digital, argumentando, como es habitual en Vox, que corresponde a las empresas acordar estas condiciones con sus trabajadores sin interferencias externas. Además, buscan eliminar el registro horario obligatorio, al considerarlo una «carga innecesaria».
Resulta notable cómo se refleja la impronta ideológica de Vox en una propuesta defendida por el partido desde hace años: el silencio administrativo positivo. Esta medida, que implica dar por aceptada una solicitud si la Administración no responde en un plazo determinado, se pide que se aplique al sistema general con una única excepción: «materias que afectan a la soberanía nacional y al control de quién entra y permanece en España». Esto se refiere a trámites como la concesión de nacionalidad, residencia y permisos de trabajo a extranjeros… En esencia, la inmigración. En este ámbito, el silencio administrativo nunca favorecerá a quienes intenten eludir nuestras leyes, señala el documento, introduciendo esta salvedad en una de las propuestas de «desregulación» más destacadas.
En el programa presentado este sábado por el portavoz del partido en esta área, José María Figaredo, también se destaca otro de los pilares ideológicos con los que se fundó la formación de Abascal: su rechazo al Estado de las Autonomías. El texto califica a las comunidades como «maquinarias turbo-legislativas y burocráticas que han creado barreras artificiales entre regiones». En consecuencia, Vox propone fomentar «leyes de armonización», estableciendo «normas comunes» en justicia, comercio, fiscalidad, educación y urbanismo para, según señalan, «poner fin al caos autonómico».
Han sido sus vicepresidentes en las comunidades, Óscar Fernández (Extremadura), Alejandro Nolasco (Aragón) y Carlos Pollán (Castilla y León), quienes han dado a conocer el programa junto a Figaredo en el acto público celebrado este sábado. Estos representan los cargos de mayor poder del partido y asumen las responsabilidades de Desregulación en sus respectivas comunidades, convirtiéndose en la vía principal para que Vox implemente este programa. A futuro, la formación tiene la aspiración de expandirlo a nivel nacional si logra gobernar tras las próximas elecciones generales.