El ex presidente del Gobierno considera que han sido vulnerados sus derechos fundamentales
José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, ha presentado un incidente de nulidad con el que solicita a la Audiencia Nacional la anulación del llamado caso Plus Ultra, argumentando que se han infringido sus derechos fundamentales.
El abogado del ex líder socialista reclama que se reconozca la vulneración de su derecho a un «proceso justo con todas las garantías, a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a la presunción de inocencia». Además, Víctor Moreno Catena, representante legal, solicita que sean «excluidas» del procedimiento judicial en el que está imputado «todas las pruebas recabadas por la Fiscalía Anticorrupción durante los registros y entradas» efectuados el pasado mes de diciembre por el juzgado de Plaza de Castilla, que dio inicio a la investigación, y pide también «la nulidad general de las actuaciones».
La defensa de Zapatero sostiene que el juzgado de Plaza de Castilla «había instruido» unas primeras diligencias sobre el rescate de la aerolínea española con capital venezolano «cuyo plazo máximo de instrucción ya había expirado», para luego abrirse «una pieza separada sin reabrir la principal», hecho que se considera irregular. Según comenta, las diligencias iniciales, iniciadas en 2021, «estaban archivadas». Sobre esta pieza separada, añade el letrado, no se procedió a reparto para una nueva investigación y, por ende, «se vulneró el derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por ley».
A continuación, señala que «tampoco se comprende el traslado posterior del procedimiento a la Audiencia Nacional mediante el auto en el que dicho órgano judicial se inhibe directamente a favor» del Juzgado de Instrucción número 2 y cuestiona el análisis de las pruebas digitales intervenidas a algunos imputados, como el abogado Miguel Palomero o el ex propietario de Plus Ultra, el venezolano Rodolfo Reyes, al calificarlo como una «injerencia no autorizada».
Para Moreno Catena, se intervinieron «pruebas» que fueron examinadas «con violación de derechos fundamentales» y «todos los resultados» del caso Plus Ultra «derivan de ellas». «Al haber sido obtenidas ilícitamente, deben ser excluidas dado que presentan una vinculación de antijuricidad absoluta con aquellas iniciales, que también deben ser apartadas».
El documento presentado explica que «esa nulidad afecta a las resoluciones que autorizan las diversas entradas y registros realizados en esta instrucción y a las pruebas obtenidas de ellos». Por tanto, se ha producido una «contaminación» del proceso, «vulnerando el derecho» a un procedimiento «con todas las garantías y minando, en último término, la presunción de inocencia» del ex presidente, «cuya credibilidad ha sido afectada debido a un proceso que se basa en el análisis de conversaciones privadas no autorizadas, dentro del marco de diligencias de investigación de la Fiscalía Anticorrupción que no cumplían con el marco legal y mediante maniobras destinadas a dirigir el caso hacia órganos judiciales más convenientes, eludiendo al juez ordinario competente».