Las claves
El Gobierno regional de Murcia reforzará las penalizaciones para los pirómanos, aumentando las sanciones económicas hasta un millón de euros en los casos más graves.
La reforma normativa permitirá cargar los gastos de los dispositivos extraordinarios de emergencia a aquellos que causen incendios por dolo o negligencia grave.
López Miras también comunicó una nueva regulación para agilizar la resolución de dependencia para 5.000 personas y un decreto que facilitará la edificación de 25.000 viviendas asequibles.
Se implementará el segundo tramo de carrera profesional para más de 35.000 trabajadores públicos, con una inversión anual de 32 millones de euros.
El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, realizó un anuncio significativo en la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región de Murcia: el Ejecutivo autonómico promoverá una modificación de la Ley de Emergencias y Protección Civil para endurecer las sanciones a los pirómanos.
Esta iniciativa surge tras el grave incendio registrado en Los Garres el 2 de junio, que requirió el desalojo de varias viviendas y la intervención de la UME. Además, estas medidas se extenderán a quienes, mediante acciones dolosas o negligencias graves, provoquen la movilización extraordinaria de los servicios públicos de emergencias.
La reforma se integra en la estrategia Región de Murcia + Segura y, según el presidente, “permitirá fortalecer la protección de nuestro patrimonio natural y asegurar el uso responsable, así como la operatividad de los recursos públicos destinados a la gestión de emergencias”.
La actualización legal se centrará en tres aspectos principales. Primero, revisará el régimen sancionador, de modo que las multas por infracciones leves se incrementen de 3.000 a 6.000 euros; las graves, de 30.000 a 60.000 euros; y las muy graves, de 600.000 a un millón de euros.
Asimismo, incluirá como infracciones graves y muy graves aquellas conductas que, por dolo o imprudencia grave, requieran la activación extraordinaria de los recursos de emergencias y protección civil.
Del mismo modo, la nueva normativa posibilitará repercutir el costo de esos dispositivos extraordinarios a quienes los hayan originado mediante actuaciones dolosas o negligentes de carácter grave.
“Solo basta recordar el reciente incendio de Los Garres para dimensionar los recursos movilizados en una emergencia de gran escala”, comenta López Miras.
Entre otros anuncios durante el cierre del debate, el presidente precisó que “se están ultimando los trabajos para presentar en la Asamblea Regional una norma que permita que hasta 5.000 personas en situación de dependencia reciban de forma inmediata la resolución sobre discapacidad, mediante la integración de pasarelas entre sistemas.”
López Miras lamenta “haber esperado a que la legislación nacional avanzara para contar con un marco común en toda España, pero no se puede postergar más” y exige “que el Gobierno central cumpla de una vez por todas la Ley de Dependencia.
Esta ley establece que el 50 % del coste es asumido por el Gobierno de España y el otro 50 % por las comunidades autónomas”. “En la Región de Murcia, 7 de cada 10 euros destinados a dependencia son sufragados por un Gobierno infrafinanciado como es el de esta región”, expone.
Durante su intervención, López Miras resalta también la relevancia del “acuerdo alcanzado” para “aprobar la próxima semana un nuevo Decreto Ley de Vivienda Asequible”.
El objetivo es promover medidas que faciliten el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y familias. “Gracias a esta medida, se podrán edificar 25.000 viviendas asequibles en la Región de Murcia, aportando solución a uno de los principales problemas actuales del país”, señala.
El presidente también anunció la implementación del segundo tramo de la carrera profesional para el personal docente no universitario y para el personal de Administración y Servicios en la Administración regional.
Esta medida beneficiará a más de 35.000 empleados públicos, incluyendo cerca de 25.900 docentes no universitarios y aproximadamente 9.500 trabajadores del área de Administración y Servicios.
Esta iniciativa implicará una inversión anual de 32 millones de euros, “una inversión imprescindible en capital humano, calidad de los servicios públicos y profesionalización de nuestra Administración”, destacó López Miras.
“Con esta medida, se cumplen los compromisos asumidos en materia de carrera profesional”, subrayó.
Añadió que “no se trata solo de un incremento salarial, sino de una herramienta para reconocer el esfuerzo, retener el talento, promover la excelencia en la gestión pública y brindar mejores servicios a los ciudadanos de la Región de Murcia”.
Para concluir el debate, López Miras afirmó que la Región de Murcia “tiene retos y desafíos, como cualquier otra comunidad autónoma”, pero resaltó “los avances logrados en estos años” y recordó que “la realidad refleja día a día el esfuerzo, la capacidad y el dinamismo de nuestra sociedad”.
Finalmente, defendió que el Gobierno regional continuará impulsando medidas destinadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y reiteró que la gestión del Ejecutivo seguirá enfocada en el diálogo.