Se concede una atenuante muy cualificada a un empresario que colaboró, algo que Peramato no permitió en el ‘caso Koldo’
Anticorrupción ha conseguido en el caso Mediador lo que la fiscal general negó en el caso Koldo: aplicar a un investigado colaborador con la Justicia una atenuante muy cualificada que evitara su ingreso en prisión. Así se refleja en el escrito de acusación que la Fiscalía ha presentado en la causa del caso Mediador, dirigida contra el ex diputado socialista canario Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como ‘Tito Berni’. Se solicita para él una condena de ocho años por cohecho continuado y pertenencia a grupo criminal.
De los 14 acusados, ocho son empresarios. Uno de ellos, Miguel Ángel Robayna García, decidió colaborar con los investigadores. Como resultado, por cohecho y falsedad documental se le piden solo 10 meses de prisión, cinco meses por cada delito. A otro empresario, imputado por los mismos cargos, se le reclaman cuatro años y medio, pena que conllevaría ingreso inmediato en prisión si se impone sin suspensión.
«El acusado colaboró con la investigación aportando datos e información que contribuyeron al esclarecimiento de los hechos, resultando relevante y eficaz para la pesquisa, datos que fueron además comprobados como veraces y entregados de forma voluntaria», señala el escrito de Jaime Serrano-Jover, presentado ante el juzgado 4 de Santa Cruz de Tenerife. Serrano-Jover, que asumió la causa como delegado de Anticorrupción, ha tomado esta semana posesión como fiscal superior de Canarias.
Debido a la importancia política del caso, el escrito de acusación fue remitido a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General. A diferencia del caso Aldama, en esta ocasión no fue necesario retirar la atenuante que permite reducir la pena en dos grados. En el caso Aldama, Peramato impidió que la reducción evitara la prisión. El fiscal jefe Alejandro Luzón defendió oralmente esta atenuante en su informe, y el Supremo respaldó sus argumentos.
Al igual que en el caso Aldama, el empresario beneficiado comenzó a colaborar una vez que el caso Mediador ya había estallado, por lo que la atenuante de confesión —aplicada a quien se entrega antes de conocer los hechos— se aplica aquí por analogía. Su rol no es central en la trama corrupta, a diferencia de Aldama en el caso Koldo.
Por otro lado, el empresario del caso Mediador no proporcionó a la Policía información novedosa que permitiera descubrir delitos previamente desconocidos, algo que sí ocurrió en el caso Aldama. Su aportación reforzó las pruebas existentes. En los dispositivos entregados se descubrieron conversaciones, mensajes y otros indicios que permitieron a la unidad investigadora reunir pruebas suficientes para confirmar la comisión de los hechos investigados.
Además de a Tito Berni, la Fiscalía acusa a su sobrino Taishet, quien le sucedió como director general de Ganadería de Canarias cuando él se trasladó al Congreso. Para el sobrino se solicitan 11 años de cárcel, ya que se suma el delito de estafa. La condena más alta se reclama para el mediador que contactaba con los empresarios, Marco Antonio Navarro Tacoronte, con un total de 13 años.
El Ministerio Público sostiene que desde 2021, el ex diputado, su sobrino y el mediador «idearon un plan criminal mediante el cual, tras acordar entre ellos y distribuir funciones, ofrecían a empresarios del sector agrícola, ganadero y de energías renovables, tanto a nivel nacional como autonómico, importantes negocios privados, contratos, subvenciones y otros beneficios ilícitos en el ámbito público, a cambio del pago de regalos, dádivas y comisiones».
La acusación también alcanza al general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, para quien se piden dos años por colaborar en la trama. Su papel era aportar una imagen de seriedad frente a los empresarios, a quienes acompañaba por la Dirección General, de la misma manera que Tito Berni los llevaba al Congreso.
Entre los acusados figuran dos cargos públicos para quienes se solicitan largas penas de inhabilitación, pero no prisión. Se trata de Álvaro de la Bárcena, que ejercía como viceconsejero del Sector Primario del Gobierno de Canarias, y Estefanía Margarita González, jefa de Servicio de la Dirección Técnica del Organismo Pagador.
Según el relato fiscal, como condición casi imprescindible, los acusados exigían a los empresarios un pago inicial de 5.000 euros, camuflado como patrocinio a una asociación deportiva vinculada al entonces diputado. Estos ingresos iban a cuentas controladas por el mediador, encargado de su reparto. Parte del dinero se destinaba a cubrir gastos como cenas, billetes de avión, alojamientos en hoteles y servicios de prostitución.