Las claves
La Ley de Memoria Democrática ha facilitado que 2,6 millones de descendientes de españoles inicien el proceso para conseguir la nacionalidad, generando una expansión histórica en el censo electoral.
El incremento de nacionalizados ha provocado un aumento sin precedentes del voto exterior (CERA), destacando provincias como Madrid, donde en menos de tres años se sumaron 106.000 nuevos electores.
El trámite para adquirir la nacionalidad y votar desde el extranjero presenta notables deficiencias en control y transparencia, lo que genera preocupación en partidos de la oposición y sospechas de manipulación.
La externalización de las gestiones y la adscripción flexible a circunscripciones electorales suscitan dudas respecto a la fiabilidad y justicia del sistema para incorporar nuevos votantes.
El concepto ‘pucherazo legal’ implica una contradicción aparente. Un oxímoron. En términos de la Real Academia Española, pucherazo se define como el «fraude electoral que supone alterar los resultados de una votación».
Es decir, una acción que, por definición, es ilegal.
No obstante, con la llamada ley de nietos, incluida en la Ley de Memoria Democrática, lo que ocurre es una modificación del censo respaldada por el marco jurídico, a través de publicaciones en el BOE, instrucciones administrativas y contratos públicos.
Esta ley ha abierto la puerta a una de las ampliaciones más grandes del electorado en la historia española.
Según cifras oficiales, aproximadamente 2,6 millones de personas han comenzado los trámites para obtener la nacionalidad española, cifra que supera ampliamente la capacidad de la red consular.
Hasta el 30 de abril de este año, 557.709 personas habían logrado la nacionalidad por este mecanismo.
Con el procedimiento acelerándose —el Gobierno externaliza la gestión y contrata personal adicional para agilizar los expedientes— se prevé que en un año se sumen cientos de miles más de nuevos españoles.
Tras obtener la nacionalidad, estos nuevos ciudadanos pueden participar en las elecciones generales, autonómicas y europeas.
¿Se trata de un pucherazo? Todo se desarrolla dentro del marco legal. Sin embargo, la dimensión de la operación —por su escala, el aumento del voto exterior y las vulnerabilidades del sistema— exige un análisis detallado.
EL ESPAÑOL expone en 16 puntos las zonas grises de este proceso: un voto exterior donde la identidad no se verifica en el momento de depositar el voto; la inquietud por la externalización de parte del trámite a una empresa vinculada al régimen cubano; y un sistema con tan pocos controles que propicia la ausencia de comprobación rigurosa de los requisitos legales.
Si esto se extiende a gran escala, la paradoja sería enorme: estaríamos ante un procedimiento que, aunque legal en forma, se asemeja mucho a un pucherazo en fondo.
1. Exilio automático
En sus inicios, la Ley de Memoria Democrática se presentó como una norma destinada a reparar a los represaliados del franquismo y a sus descendientes directos.
El texto aprobado en las Cortes hacía referencia a exiliados por motivos políticos, ideológicos o de creencias.
Durante la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley, entre julio de 2021 y octubre de 2022, sólo se mencionó otro tipo de exiliados en una enmienda de Ciudadanos dirigida a ampliar el acceso a la nacionalidad, propuesta que fue rechazada en dos ocasiones por el Congreso.
No obstante, esta ampliación acabó aplicándose poco después por otro medio. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, a cargo de Sofía Puente —hermana del ministro de Transportes—, emitió una instrucción que reinterpretaba el alcance de la norma y la intención legislativa.
«Se presumirá la condición de exiliado para todos los españoles que abandonaron España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955».
Esta modificación convierte el exilio en una presunción casi automática, es decir, no es imprescindible probar una persecución específica, basta con ser descendiente de un español que salió del país en ese período.
Incluso si la salida fue por motivos exclusivamente económicos.
2. Exiliados del siglo XIX
Más allá de esa instrucción, el PSOE ha dejado claro que la Ley de Memoria Democrática pretende mucho más que reparar a los exiliados de la Guerra Civil y la dictadura franquista.
César Mogo, senador del PSOE por Lugo y responsable de PSOE Exterior, ha expresado esta postura con claridad en distintos eventos en América Latina.
En octubre de 2025, Mogo reconoció abiertamente que la llamada ley de nietos beneficiaba a «millones de personas que desde el siglo XIX cruzaron océanos» en busca de oportunidades fuera de España.
Un mes después, en una entrevista para una cadena argentina, afirmó: «Legalizamos lo que era natural. La naturalidad es que todo descendiente de español se sentía español. Ahora otorgamos ese derecho, que lleva el sello de los derechos del presidente Pedro Sánchez«.
«¡No solo los queremos, también los necesitamos!», escribió en una columna para El Progreso de Lugo titulada Nietos de gallegos, ciudadanos por derecho.
3. Se dispara el voto CERA
La denominada ley de nietos ha impulsado un crecimiento sin precedentes de nuevos votantes en el exterior.
Según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), al 1 de mayo de 2026 hay 2.708.083 personas inscritas en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA), el registro que agrupa a los españoles con derecho a voto que viven fuera.
Este es el mayor incremento en crecimiento registrado en la serie reciente.
Antes de la entrada en vigor de esta legislación en 2022, el crecimiento del censo exterior era notablemente menor. Por ejemplo, entre 2017 y 2021, las inscripciones aumentaron aproximadamente un 10%.
En la última legislatura, esta tendencia se ha acelerado, alcanzando casi el doble.
Desde las elecciones generales de julio de 2023, el CERA ha crecido de 2.333.056 a 2.708.083 inscritos. Esto supone un aumento de 375.027 votantes en menos de tres años, equivalente a un 16,1% más.
Por comunidades autónomas, Galicia lidera con 510.055 electores exteriores, representando el 18,8% del total. Le siguen Madrid con 486.223, Cataluña (334.993) y Andalucía (305.303).
Un dato destacado: mientras que el CERA en conjunto creció un 16% desde las últimas elecciones generales hasta los datos recientes, en Madrid lo hizo casi al doble, pasando de 379.961 a 486.223 inscritos (28%).
Esto equivale a más de 106.000 nuevos votantes en la provincia que asigna mayor número de escaños en el Congreso.
Fuentes diplomáticas indican a EL ESPAÑOL que cuando un ciudadano adquiere la nacionalidad española sin poder acreditar una provincia específica, es asignado, por defecto, a la Comunidad de Madrid.
4. Sube la participación exterior
Con un censo exterior que en 2027 superará los tres millones, los partidos políticos dispondrán de más incentivos para hacer campaña fuera de España.
Sin embargo, es crucial distinguir entre la cantidad de ciudadanos con derecho a voto y quienes finalmente acuden a las urnas.
La participación exterior se sitúa alrededor del 10% del censo, muy alejada del 60-70% usualmente registrado en España.
Aunque minoritario, el voto CERA ha mostrado crecimiento. El Gobierno de Sánchez eliminó el llamado voto rogado, un sistema que obligaba a emigrantes a superar un complejo procedimiento para votar.
Esta reforma causó un aumento claro en la participación del exterior, que pasó del 6,85% en las generales de 2019 a alrededor del 10% en 2023, un incremento cercano al 47%.
En resumen: el censo crece y la participación también.
5. El PSOE gana en el voto CERA
¿A quién favorecerá electoralmente este cambio en las próximas generales? Nadie puede responder con certeza, ya que no existen encuestas sobre la orientación política de los nuevos nacionalizados.
Los registros históricos indican que el voto exterior suele reflejar la tendencia del voto interior, pudiendo ser decisivo en algunas circunscripciones.
Por ejemplo, en las elecciones generales de 2023 el PP arrebató al PSOE el escaño 16 en Madrid gracias al voto exterior, y obligó a Sánchez a contar con el apoyo de Junts —más allá de su abstención— para investirse.
No obstante, este patrón ha cambiado en recientes procesos electorales. En regiones como Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura el PP ganó con claridad a nivel interior, mientras que el PSOE fue preferido por residentes en el extranjero.
6. La cadena de custodia del voto CERA
¿Cómo se desarrolla el voto CERA? Tras la reforma electoral de 2022 que eliminó el voto rogado, el Estado ya no espera que el emigrante solicite votar; la Oficina del Censo Electoral envía directamente a cada inscrito en el censo todo lo necesario para ejercer el voto desde el extranjero.
Esto incluye papeletas, sobres, un certificado de inscripción en el censo y un manual con instrucciones.
El votante dispone entonces de dos alternativas. Puede acudir personalmente a su embajada o consulado, mostrar pasaporte o DNI ante un funcionario y depositar la papeleta en urna, igual que en un colegio electoral en España.
O puede elegir la opción más práctica: enviar por correo la fotocopia del documento de identidad y el certificado del censo firmados dentro del sobre con la papeleta, al consulado correspondiente.
Esta modalidad difiere significativamente del voto por correo dentro de España. Tras el escándalo de compra de votos en Melilla en 2023, la Junta Electoral reforzó los controles.
Actualmente, cualquier ciudadano que vote por correo en territorio nacional debe identificarse presencialmente en una oficina de Correos con DNI, pasaporte u otro documento válido al entregar el sobre.
Es decir, siempre hay un funcionario que verifica que el votante es quien dice ser.
Esto no sucede con el voto CERA.
Cuando se envía el voto desde el extranjero, nadie verifica la identidad en el momento de entrega; la fotocopia del documento viaja junto a la documentación y sólo se verifica posteriormente cuando el consulado y la Junta Electoral abren y validan los sobres.
Así, la papeleta circula separada de los papeles que acreditan la identidad, todo a través del sistema postal internacional sin control presencial.
7. ‘Marque aquí’ su circunscripción
Una de las cuestiones que más preocupan a fuentes diplomáticas consultadas por este medio es la flexibilidad para seleccionar circunscripción al inscribirse en el censo exterior.
¿Cómo se realiza? Tras obtener el pasaporte, para inscribirse en el censo es necesario completar un formulario de Exteriores y elegir el municipio al que se desea —según reza el documento— quedar «adscrito a efectos electorales».
El formulario plantea diversas opciones para justificar la elección: «Municipio de última residencia», «de mayor arraigo propio» o «de mayor arraigo de ascendientes».
Existe una cuarta opción: «Otros motivos (especifíquelos)». Esta es la que más alarma a conocedores internos del sistema.
¿La razón? En teoría, permite que cualquier nuevo ciudadano elija libremente la circunscripción donde ejercerá su voto —Cádiz, Cuenca o cualquier otra— alegando motivos difíciles de comprobar.
Así, nuevos españoles pueden adscribirse a un municipio sin vínculo real, más allá de marcar una casilla en un formulario, lo que abre la puerta a que una parte de este electorado decida escaños en ciertas circunscripciones.
8. La ley de Zapatero, más restrictiva
Para entender la dimensión de la ley de nietos, es útil compararla con su antecesora. La Ley de Memoria Histórica, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, permitió a hijos y nietos del exilio franquista solicitar la nacionalidad.
El resultado final fue de 491.177 solicitudes y 373.616 nacionalidades concedidas, con un 24% aproximadamente de denegaciones, cerca de 118.000 casos, todo ello en más de una década.
Por su parte, la ley de Sánchez, tras solo tres años, ya supera ampliamente esas cifras de nuevos nacionalizados. Probablemente la ley de nietos triplicará o incluso cuadruplicará las concesiones que otorgó la norma de Zapatero.
Sobre los rechazos, fuentes diplomáticas informan a EL ESPAÑOL que la mayoría se deben a errores formales, como falta de documentación o dificultar para demostrar filiación, no a cuestiones de fondo.
La necesidad de acreditar un exilio político real, si es que alguna vez estuvo en el espíritu de la ley, se ha diluido.
9. Los sefardíes españoles
Es relevante también comparar la ley de nietos con la vigente para nacionalizar a sefardíes, aprobada por Mariano Rajoy en 2015.
La Ley 12/2015 requería que los descendientes de judíos originarios de España demostraran su condición de sefardí y su «especial vinculación» con el país.
El proceso iniciaba electrónicamente y se tramitaba ante un notario español.
El solicitante debía acudir físicamente a España para comparecer ante un notario y presentar la documentación original.
El procedimiento fue caro, largo y selectivo. En contraste, la Ley de Memoria Democrática ha abierto una vía mucho menos estricta. Además, no exige residir físicamente en España para obtener la nacionalidad.
10. Colapso en la red consular
Uno de los principales cuellos de botella radica en los consulados, sobrecargados por el volumen creciente de solicitudes de nacionalidad acumuladas en años recientes.
Argentina lidera el ranking de peticiones a España, muy por encima de otras naciones iberoamericanas como Venezuela, Cuba y México, según datos.
«En Buenos Aires se registraron en total 645.052 solicitudes. Sumando consulados en Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza y Rosario, el total ronda un millón de peticiones», señala el cónsul general, José María Ridao, citado por Juan Ignacio Irigaray, corresponsal de EL ESPAÑOL en Argentina.
De ese millón, el consulado ha atendido personalmente a 220.000 solicitantes, quienes han presentado su documentación, pero aún quedan 425.052 personas con cita pendiente vía internet.
El volumen de un millón de citas en Argentina implica una media de 1.388 solicitudes diarias, de lunes a viernes, durante los tres años de inscripción (2022-2025).
A este ritmo, se calcula que para 2031 estarán cargados en el sistema todos los datos de solicitudes, y la resolución final podría demorarse «décadas».
Un artículo de Clarín del pasado diciembre, titulado Kafka en el Consulado, reflejaba que Buenos Aires podría convertirse en la tercera ciudad española más poblada, tras Madrid y Barcelona.
Actualmente, el consulado en Buenos Aires ha concedido 30.000 nacionalidades bajo la ley de nietos, según fuentes consulares.
También ha detectado numerosos casos con documentación incompleta. Solo una minoría fue rechazada directamente.
La situación en otros consulados no es mejor. En La Habana hay amontonados 137.770 expedientes; en Brasil, el consulado de São Paulo gestiona más de 150.000 solicitudes; y en México rondan las 120.000, con cuellos de botella similares.
En Miami, los retrasos superan con frecuencia los ocho meses, y aún permanecen casos de 2023 sin resolver.
Este problema no es nuevo. Por segundo año consecutivo, el Defensor del Pueblo alertó que los registros civiles consulares son el servicio con mayor cantidad de «quejas».
La situación se atribuye, en parte, al «impacto» que la Ley de Memoria Democrática ha ejercido sobre estas oficinas.
11. La ayuda de la Iglesia
La avalancha de expedientes ha puesto a prueba no solo a los consulados, sino también a los archivos civiles españoles y a las diócesis.
Con frecuencia, los descendientes de emigrantes necesitan el certificado de nacimiento del abuelo o bisabuelo español, pero ese documento no existe.
Puede haberse destruido durante la Guerra Civil, o tratarse de nacidos antes de 1871, año en que se instauró el Registro Civil, ya que hasta entonces las parroquias registraban nacimientos, matrimonios y defunciones.
Cuando el Registro Civil no encuentra el nacimiento —es decir, certifica que «no consta la inscripción»—, la norma de la Ley de Memoria Democrática permite un plan B: presentar la partida de bautismo.
Por ello, la Iglesia ha visto un aumento significativo de solicitudes.
En Barcelona, por ejemplo, el Archivo Diocesano pasó de recibir menos de diez peticiones mensuales de partidas de bautismo a gestionar más de 90 desde finales de 2022.
Situaciones similares reportan archivos diocesanos en Galicia, Castilla y León y Andalucía, donde desde América Latina, especialmente Argentina, Uruguay y Brasil, aumentan los correos de descendientes buscando el sacramento de sus antepasados.
Resulta llamativo que una norma concebida como instrumento de reparación antifranquista descanse, en muchos casos, en la colaboración de la Iglesia católica.
12. «Apoyo externo» para «agilizar» el proceso
Para acelerar la tramitación, el Gobierno busca facilitar los expedientes sin resolver, según ha confirmado el PSOE.
Quien expresó esto fue nuevamente César Mogo, responsable del PSOE Exterior.
El 26 de mayo afirmó: «Estamos a punto de firmar un apoyo externo, mediante una entidad estatal como Ineco, para superar problemas de gestión» y «agilizar las inscripciones de nacionalidad» derivadas de esta ley.
Aunque la colaboración con Ineco aún no se oficializa en el BOE, la externalización del proceso ya es una realidad.
El Ministerio de Justicia adjudicó en abril a la empresa Neoris España SL un contrato de 1,7 millones de euros para reforzar los sistemas informáticos de nacionalidad y acelerar el trámite de expedientes.
Además, la cartera de José Manuel Albares firmó un contrato por 1.131.295 euros con el Grupo Empresarial Palco, una firma vinculada al Gobierno cubano, para aportar «fuerza de trabajo» al consulado de La Habana, también saturado.
Este último contrato ha suscitado sospechas entre la oposición. Vox cuestiona que una empresa controlada por el régimen castrista participe en la gestión de nacionalidades.
«En Cuba los pasaportes solo se entregan a seguidores del régimen», denunció esta semana Santiago Abascal.
13. Paco Salazar, en Argentina
Un personaje destacable en este escenario es Paco Salazar, conocido dentro del círculo sanchista.
Fue uno de los líderes de la reconquista de Ferraz por Sánchez en las primarias de 2017 y ejerció durante años como influyente gurú electoral del presidente actual.
Renunció en julio de 2025 tras abrirse un expediente interno debido a presunto acoso sexual a trabajadoras del Ejecutivo y del partido.
Un año después, Salazar se estableció en Argentina, según reveló The Objective, donde retomó actividades de “consultoría electoral”.
Desde Vox, Santiago Abascal lo ha señalado como el «agente electoral» de Sánchez en Latinoamérica, parte de una «red» para «distribuir millones de pasaportes españoles».
Y Alberto Núñez Feijóo insinuó en El Hormiguero que «parece que Sánchez envió a Salazar a América a ocuparse de las nacionalizaciones de los nietos».
La oposición no cuenta con pruebas sobre que Salazar esté trabajando en esa dirección.
14. Falta de transparencia
Asimismo, el proceso presenta una notable falta de transparencia. Tanto PP como Vox han formulado diversas preguntas al Gobierno para supervisar su labor, pero con resultados limitados.
El Ejecutivo ha respondido en varias ocasiones, tanto a PP como a Vox, que los datos «no están digitalizados» y por ello no se pueden facilitar con detalle.
La paradoja radica en que esa información sí ha llegado parcialmente a medios que la solicitaron a través del Portal de Transparencia.
La oposición sospecha que este «apagón estadístico» oculta una nacionalización masiva cuyos efectos el Gobierno no desea cuantificar ni explicar, a pesar de que impacta en el censo electoral y la política migratoria.
De hecho, la última cifra oficial difundida por el Gobierno reveló un aumento de 200.000 nuevos solicitantes, según este periódico. Y ya suman 2,6 millones los interesados en la nacionalidad española por esta vía.
¿Significa esto que esos 2,6 millones lograrán la nacionalidad? No necesariamente.
Los 2,6 millones son solamente quienes han manifestado interés en acogerse a la ley: pidieron cita, se inscribieron o iniciaron el proceso de alguna manera.
El plazo para acogerse a la llamada ley de nietos terminó en octubre de 2025, tras un año de prórroga por la avalancha de solicitudes. Sin embargo, ocho meses después los expedientes continúan procesándose y las cifras siguen aumentando.
El Grupo Parlamentario Popular ha emprendido esta semana una iniciativa parlamentaria para exigir el desglose «circunscripción por circunscripción».
La primera pregunta se dirige a León, provincia que representa la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. Ella encabeza la petición, a la que tuvo acceso este medio y que fue registrada junto con la diputada leonesa y colaboradora cercana, Silvia Franco.
Ambas exigen que el Gobierno precise cuántos nacionalizados a partir de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática están vinculados a León y cuántos se han incorporado al CERA leonés.
15. ¿Se puede frenar?
Existen mecanismos para intentar frenar el proceso, pero son lentos, muy técnicos y con resultado incierto. Actualmente hay varios frentes abiertos.
Desde finales de 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tramita un recurso contencioso-administrativo contra la instrucción de Justicia que amplió la ley por una vía indirecta.
Se solicita, en esencia, la anulación de esa instrucción por exceder lo aprobado en las Cortes. El recurso fue admitido, pero aún no se ha resuelto.
Además, PP y Vox han presentado recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Memoria Democrática en su totalidad,
Si el Tribunal Constitucional anula total o parcialmente la ley, se abriría un escenario sin precedentes: habría que decidir qué sucede con cientos de miles de nacionalidades ya concedidas.
En materia contractual, queda la posibilidad de impugnar los contratos firmados para «agilizar» la tramitación, como los adjudicados a Neoris o al grupo estatal cubano Palco.
En este caso, el margen es limitado: se puede cuestionar la forma o adjudicación del contrato, pero no la concesión de las nacionalidades.
¿Y la Junta Electoral Central? La JEC no puede revocar nacionalidades ni intervenir en política exterior, pero sí tiene capacidad para reforzar garantías del voto CERA y limitar el impacto electoral del aumento del censo exterior.
Ya actuó en 2023 con el caso de Melilla, cuando decidió obligar a votos por correo a identificarse con DNI en Correos.
16. «Terraplanismo electoral»
Que el PSOE haya ganado en voto CERA en las últimas cuatro elecciones autonómicas, mientras el PP domina en el interior, ha encendido las alarmas en Génova y en Bambú, sede nacional de Vox.
Los seguidores de Santiago Abascal han sido los primeros en expresar con dureza su malestar.
En el último pleno del Congreso, el líder de Vox acusó a Sánchez de «maniobrar para adulterar y manipular las próximas elecciones generales y mantenerse fraudulentamente en el poder».
Incluso afirmó que «Sánchez está actuando para robar las próximas elecciones en España». El presidente calificó esas afirmaciones de «terraplanismo electoral».
El PP, por su parte, adopta un discurso menos catastrófico pero igualmente desconfiado. Feijóo, por ejemplo, denunció el 17 de junio en El Hormiguero que el Gobierno aplica la ley de modo «inadecuado».
«¿Qué hay detrás de esto?», se preguntó.