Las claves
Las penas y medidas alternativas a la prisión han aumentado un 33% desde 2020, alcanzando un récord en 2024 con 134.574 mandamientos procesados.
Numerosos reclusos están reemplazando los 80 días de trabajos en beneficio de la comunidad por cursos de 40 horas, algunos con modalidad telemática y gestionados por organizaciones externas.
El personal encargado de administrar estas sanciones se ha reducido, con situaciones en las que solo uno o dos funcionarios supervisan cientos de casos por centro.
Se han asignado más de 7 millones de euros en ayudas a entidades externas para gestionar talleres y programas, un proceso que los sindicatos califican como una «externalización silenciosa» del sistema penal.
El sistema de penas y medidas alternativas promovido por el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska alcanzó en 2024 niveles récord. Según cifras oficiales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ese año se tramitaron 134.574 mandamientos, lo que supone un aumento del 33% respecto a los 100.995 de 2020.
Estos datos, obtenidos mediante una solicitud de Transparencia por la asociación de trabajadores penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), reflejan cómo el modelo penal ha ido desplazando parte del castigo fuera del ámbito penitenciario: trabajos en beneficio de la comunidad, programas de reinserción, talleres educativos y tratamientos específicos para los condenados.
La evolución del volumen de trabajo muestra una tendencia al alza sostenida: 100.995 mandamientos en 2020; 132.987 en 2021; 134.690 en 2022; 129.507 en 2023; y 134.574 en 2024.
Estos datos evidencian la consolidación de estas medidas como una herramienta fundamental de política penal, especialmente para infracciones leves y sentencias que persiguen la reinserción sin encarcelamiento.
Fuentes penitenciarias interpretan que el Estado está trasladando cada vez más la ejecución penal fuera de prisión, pero sin un incremento proporcional del personal administrativo.
No obstante, dicho aumento no ha venido acompañado de una expansión homogénea del personal. La Administración reconoce que gran parte de los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas funciona con plantillas reducidas: en muchos centros apenas hay uno o dos funcionarios dedicados específicamente a manejar toda la carga administrativa y de seguimiento.
A nivel estatal, el número de funcionarios ha descendido de 68 en 2020 a 61 en 2024.
Los datos destacan situaciones especialmente notables. Centros como Albacete, Ávila o Arrecife cuentan desde hace años con un único trabajador. En otros lugares, la plantilla incluso se ha reducido: en A Lama, por ejemplo, se pasó de tres funcionarios en 2020 a solo uno en 2024.
Además, se añade otro dato poco difundido: cada vez más condenas se cumplen a través de talleres y programas gestionados por entidades externas. Esta cifra casi se ha duplicado en menos de diez años, pasando de 11.831 casos en 2017 a 21.267 en 2025.
Según las fuentes consultadas, a partir de 2017 y, en especial, con la llegada de Marlaska y Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias, se incrementó notablemente la ejecución de estas penas por medio de «talleres» o «programas».
«Por ejemplo, a un delincuente condenado por violencia de género (como apagar un cigarrillo sobre la piel de su pareja) o por un delito contra la seguridad vial (conducir bajo los efectos de drogas), se le impone una pena de 80 días de trabajos en beneficio de la comunidad. Sin embargo, esta sanción se sustituye por un ‘cursito‘ de 40 horas, algunos de los cuales incluso se realizan telemáticamente desde casa», explican fuentes de TAMPM.
Para sostener este modelo, el Estado ha destinado más de 1,5 millones de euros en subvenciones a diversas entidades colaboradoras con Prisiones, según documentación oficial obtenida a través del Portal de Transparencia.
Solo entre 2020 y 2025, estas ayudas suman más de siete millones de euros.
«Externalización silenciosa»
Los números muestran así una doble realidad: un incremento de las condenas fuera de prisión y una mayor dependencia de las redes externas para ejecutarlas, mientras que la estructura administrativa de supervisión continúa mínima.
Esta combinación es calificada desde hace tiempo por los sindicatos penitenciarios como una «externalización silenciosa» del sistema penal.
Además, el volumen de casos gestionados indica que las penas alternativas han dejado de ser un recurso marginal dentro del sistema penitenciario para convertirse en un elemento central de la política criminal.
Entre 2020 y 2024, Instituciones Penitenciarias ha tramitado 632.753 mandamientos, con un promedio anual superior a 126.000.
Esta cifra refleja el nivel con que la Administración ha incrementado el uso de mecanismos que evitan el ingreso en prisión, sobre todo para delitos leves, reincidencias menores o sentencias sujetas a reglas de conducta.
Desde el Ministerio del Interior no se ha precisado cuáles son esas entidades externas ni el monto de las subvenciones que ha recibido cada una.
Según las fuentes sindicales, esto «agrega un grado adicional de opacidad a este proceso«.
«Consideramos nuestra responsabilidad denunciar el desmantelamiento y la privatización de un servicio público, que acarrea un gasto excesivo para la sociedad, porque esos ‘cursos y programas‘ se desarrollan por entidades privadas, pero utilizando recursos públicos y dentro de infraestructuras públicas como son los Centros de Inserción Social«, denuncian desde TAMPM.