El Tribunal de Cuentas ha solicitado que el Ejecutivo opte por un sistema de transferencias corrientes asignadas en los Presupuestos Generales
La estabilidad del sistema de pensiones en España está en duda. De acuerdo con la última encuesta de Funcas, el 68% de los españoles, es decir, dos de cada tres, consideran que el pago de las pensiones pronto se convertirá en un desafío relevante para la economía. Asimismo, el 70% opina que las generaciones más jóvenes serán las principales afectadas.
Esta percepción encuentra sustento en la situación actual del sistema de pensiones, que se sostiene principalmente debido a los préstamos que el Ejecutivo otorga a la Seguridad Social. En este momento, la deuda de la Seguridad Social con el Gobierno alcanza los 126.171 millones de euros, de los cuales 17.169 millones corresponden a préstamos concedidos entre 1992 y 1999, y 109.002 millones provienen del endeudamiento generado entre 2017 y 2024.
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Según un estudio del Tribunal de Cuentas, el Gobierno, que en 2025 ha otorgado un nuevo préstamo de 10.004 millones de euros, ha desoído las recomendaciones del Pacto de Toledo que instaban a finalizar esta política antes de 2023. En lugar de ello, se debería haber pasado a un sistema basado en transferencias corrientes asignadas anualmente en los presupuestos, en lugar de continuar con préstamos a largo plazo.
Bajo el título ‘¿Es el endeudamiento con el Estado un instrumento apropiado para financiar la actividad habitual de la Seguridad Social?’, el Tribunal de Cuentas describe que el balance refleja un alto nivel de endeudamiento con el Estado y un patrimonio neto negativo de la Seguridad Social, lo que evidencia un “sistema que enfrenta serios problemas de sostenibilidad financiera”.
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Un método de financiación inapropiado
Enrique Devesa, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), explica que la pensión que perciben los jubilados en España es un 60% superior a lo que han cotizado a la Seguridad Social.
De acuerdo con el Tribunal, esta situación es consecuencia de haber optado durante largo tiempo por “un mecanismo de financiación inadecuado” —los préstamos— que, lejos de fortalecer el patrimonio, genera una deuda considerable con el Estado sin aportar soluciones definitivas al problema.
Además, en su informe, la entidad señala que, aunque estos préstamos sean “deudas reembolsables a su vencimiento”, no parece probable que sean devueltos, ya que “ni la Seguridad Social posee la capacidad financiera para afrontarlo, ni el Estado ha manifestado intención de exigir su amortización”. El Tribunal considera que la verdadera naturaleza de estos préstamos debería ser reconocida como transferencia corriente.
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“Si el Estado hubiese empleado las transferencias corrientes como método de financiación en lugar de los préstamos, o si el tratamiento contable se ajustara a esta naturaleza, la representación en el balance reflejaría adecuadamente la realidad de estas operaciones, siendo muy diferente a la actual”, indica el informe, que añade que, con un mecanismo adecuado, el patrimonio neto de la Seguridad Social alcanzaría un valor positivo de 12.174 millones de euros a finales de 2024, reduciéndose la deuda a largo plazo a sólo 27 millones.
Finalmente, el Tribunal de Cuentas concluye que los préstamos “no constituyen un mecanismo apropiado” para financiar las actividades ordinarias de la Seguridad Social, ya que su reiterado uso, además de generar un elevado endeudamiento con el Estado (equivalente al 7,9% del PIB en 2024), carece del impacto positivo necesario tanto en los resultados económicos como en el patrimonio neto de la Seguridad Social.
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