Las claves
La defensa de Begoña Gómez califica de «absurda» la especulación del juez Peinado acerca de la posible colaboración de la Policía para facilitar su escape.
El abogado de Gómez sostiene que las medidas cautelares resultan innecesarias, dado que la vigilancia policial asegura el control continuo de sus movimientos.
El recurso argumenta que no hay un riesgo real de fuga y que Begoña Gómez siempre ha comparecido ante la Justicia, además de contar con arraigo en España.
La defensa de la asistente Cristina Álvarez también impugna las medidas cautelares, criticando que no se han justificado de forma individual ni hay un motivo específico que indique riesgo de fuga para ella.
El abogado defensor de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid la revocación de las medidas cautelares impuestas el pasado sábado por el juez Juan Carlos Peinado. Gómez volverá hoy a los Juzgados de la Plaza de Castilla para entregar su pasaporte, cuenta con prohibición de salir del país y debe comparecer cada 15 días ante el tribunal.
El recurso responde a la polémica declaración del juez, quien afirmó que los escoltas de Gómez «pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos (…) facilitar la fuga» de la esposa de Pedro Sánchez.
Dicha afirmación, «sin ningún sustento fáctico ni legal», merece «la más contundente impugnación» por ser «insostenible y gravemente ofensiva», señala el letrado Antonio Camacho, quien fue secretario de Estado de Seguridad y ministro del Interior.
«Alegar que los agentes de Policía podrían convertirse en cómplices de la huida de la persona a quien protegen cuestiona la integridad, la lealtad constitucional y la profesionalidad de una institución que ha servido a España durante décadas con dedicación ejemplar», indica el defensor.
«Esta descalificación, además de ser injusta e infundada, resulta inadmisible», afirma.
Para la defensa, aceptar la tesis de Peinado «llevaría a un desenlace absurdo e inaceptable», consistente en considerar «que el propio Estado es incapaz de controlar a sus propios agentes, y que la seguridad del Estado representa en sí un riesgo para la administración de justicia. Esta conclusión es tan absurda como ofensiva», señala.
El defensor solicita a la Audiencia de Madrid que reconozca el dispositivo de seguridad permanente que rodea a la esposa del jefe del Gobierno «como lo que es: la garantía más eficaz, real y constante de que el paradero y los movimientos de Begoña Gómez son conocidos en todo momento por el Estado«.
El recurso explica que Gómez se encuentra bajo un sistema de protección policial «permanente, obligatorio e ineludible» que la acompaña en todos sus desplazamientos, tanto dentro como fuera de España, «sin excepción».
Por ello, los agentes poseen un conocimiento «constante, preciso e inmediato» de la localización de Gómez.
«De lo anterior se concluye que la posibilidad material de fuga es, prácticamente, inexistente. El Estado, a través de sus fuerzas de seguridad, tiene conocimiento permanente y exhaustivo de todos y cada uno de los movimientos de Begoña Gómez, sin que sea necesario que el tribunal imponga medidas cautelares para asegurar dicho control», argumenta.
Para la defensa, las medidas cautelares adoptadas resultan innecesarias ya que el objetivo perseguido —garantizar la presencia de la acusada en el proceso— «está plenamente garantizado por un método de control más efectivo, eficiente y menos perjudicial para los derechos fundamentales».
El recurso también critica que el juez no haya probado la existencia de un riesgo «real y efectivo» de fuga.
Se destaca, en este sentido, que Begoña Gómez «ha comparecido en todas las convocatorias judiciales a las que estaba obligada, sin excepción». Además, cuenta con arraigo familiar, social, laboral y profesional en España.
«El sacrificio que suponen estas medidas sobre el derecho fundamental de Begoña Gómez a la libertad de circulación es desproporcionado en relación con el beneficio cautelar que ofrecen, más aún cuando el riesgo que buscan evitar ya no existe», sostiene.
Medidas «por relación» para Álvarez
José María de Pablo, abogado de la asistente de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, ha impugnado también la aplicación a ella de las mismas medidas cautelares que a la esposa del presidente del Gobierno.
Estas cautelas fueron solicitadas por la acusación popular «en una intervención de diez segundos» y «sin individualizar una circunstancia concreta relacionada con la persona afectada ni aportar el más mínimo argumento que evidencie un riesgo real de fuga» de Cristina Álvarez.
«No se mencionó ninguna circunstancia personal de Álvarez que indicara un posible intento de eludir la acción de la justicia», subraya el defensor, recordando que la carga de demostrar el riesgo de fuga corresponde a quien solicita la medida cautelar.
«El incumplimiento de esta carga procesal debería haber llevado, sin excepción, a la denegación de la solicitud», expone.
La resolución de Peinado «no cumple con el requisito de motivación reforzada que exige la ley para decisiones judiciales que afectan derechos fundamentales», argumenta el recurso.
«Primero aplican la medida a Begoña Gómez por temor a que la Policía Nacional facilite su fuga. Luego, a Cristina Álvarez, bajo el argumento de que, por su condición de asistente, ‘se infiere que posee una situación similar a la de Begoña Gómez, en cuanto a disponer de medios semejantes para fugarse y evadir la Justicia’. Así de claro. Ni una sola mención a la situación particular de Cristina Álvarez», critica.
Álvarez «es una persona distinta, con circunstancias personales, laborales, familiares y patrimoniales propias que no pueden ser sustituidas por las de otra acusada. La motivación ‘per relationem’ sobre otro coacusado no cumple el canon constitucional de motivación individualizada en medidas cautelares personales», señala.
De Pablo también se refiere a la descalificación realizada por Peinado hacia la Policía.
«Independientemente de que se trate de una grave e impertinente falta de respeto del instructor hacia las Fuerzas de Seguridad del Estado, merecedora de reproche en un Estado de Derecho y completamente rechazada por nosotros, esta afirmación no es más que una simple conjetura que, además, ignora el encomiable trabajo diario de los miembros de la Policía Nacional», declara.
Además, «en absoluto es aplicable a Cristina Álvarez, quien no es cónyuge del presidente del Gobierno, no cuenta con escolta ni agentes de Policía que puedan ayudarla a escapar, y respecto a quien el auto no señala medio material alguno —propio y específico— que pudiera facilitar una posible fuga», concluye.