El Tribunal de Cuentas considera que esta medida se efectuó con una base legal que “debería haberse justificado mejor” y el PSOE sostiene que no hubo un uso indebido de los recursos
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En mayo pasado, el Tribunal de Cuentas dio a conocer que en 2024 el Gobierno utilizó cerca de 2.400 millones de euros de fondos europeos no gastados para cubrir el pago de algunas pensiones, como las de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas, un hecho que PP y Vox consideran irregular y no están dispuestos a aceptar. Por esta razón, este martes se votará en el Congreso y el Senado la Cuenta General del Estado correspondiente a ese año. Este documento refleja cómo se gestionaron efectivamente los ingresos y gastos públicos durante ese periodo y, de aprobarse el rechazo, sería la primera vez en años que la Cuenta General es rechazada en el Parlamento.
El PSOE argumentó que no existió uso indebido de los recursos y el organismo no emitió una opinión negativa sobre las cuentas, aunque sí hizo una observación sin señalar ilegalidad alguna. En cambio, PP y Vox estiman que estas prácticas, sumadas a la prórroga de los Presupuestos —que llevan tres años sin renovarse—, justifican el rechazo a la Cuenta General y han presentado un dictamen en el que solicitan devolver la declaración al Tribunal de Cuentas y requerir nuevos informes sobre las consecuencias de gobernar con presupuestos prorrogados.
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Origen de los fondos
Este dinero provenía de fondos europeos no utilizados del “servicio 50” del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, un programa de la UE diseñado para ayudas posteriores a la pandemia de covid-19. Según el Tribunal de Cuentas, el Gobierno consideró que esta acción “no comprometía” el cumplimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la estrategia con la que España administra esas inversiones.
El punto clave, que la oposición quiere resaltar, es que la utilización de estos casi 2.400 millones de euros para pagar pensiones se debió a que el Gobierno no presentó unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2024, por lo cual siguieron vigentes durante todo el año los presupuestos prorrogados de 2023.
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El Tribunal de Cuentas indica que esta acción se realizó bajo una base legal que “debería haberse justificado mejor”, dado que existen dudas sobre si en 2024 se podían emplear los créditos remanentes de fondos europeos para financiar modificaciones presupuestarias no relacionadas con ese servicio.
El informe aprobado el 5 de mayo incluye varias observaciones sobre la gestión presupuestaria de ese año. Entre ellas, se identificaron pagos “pendientes de justificación o aprobación” por un monto de 1.627,1 millones de euros que excedieron los plazos establecidos, además del uso de estos fondos europeos en el pago de pensiones.
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Además del dictamen en el que se propone rechazar la Cuenta General, la Comisión Mixta también examinará y votará las propuestas de resolución que los grupos parlamentarios han planteado respecto al informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas.
Postura de los principales partidos y sus propuestas de resolución
Respecto a las propuestas de resolución que se pondrán a votación este martes, el partido liderado por Santiago Abascal solicita devolver el informe al Tribunal de Cuentas alegando varios motivos, entre ellos la inexistencia de Presupuestos Generales del Estado, el uso de modificaciones presupuestarias por parte del Gobierno y los riesgos derivados de esta situación.
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Desde el PP reclaman que el organismo fiscalizador elabore, en un plazo “improrrogable e inexcusable” de tres meses, un informe que detalle las consecuencias de no contar con unos Presupuestos actualizados.
Por su parte, los socialistas también presentaron propuestas de resolución, pero ninguna solicita devolver la declaración al Tribunal ni cuestiona la ausencia de Presupuesto. Solo instan al Gobierno a tomar las medidas necesarias para corregir las salvedades y deficiencias señaladas en el informe, según Europa Press.
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Si se aprueban en la votación de este día, tanto el dictamen con el rechazo a la Cuenta General del Estado como las diversas propuestas de resolución serán remitidas al Pleno del Congreso y del Senado para una votación definitiva.