Las claves
El Tribunal Supremo sentencia a José Luis Ábalos a 24 años de cárcel por encabezar una organización criminal y por delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso indebido de información privilegiada.
Koldo García, asistente de Ábalos, recibe una pena de 19 años de prisión, mientras que el empresario Víctor de Aldama evita la cárcel gracias a su colaboración con la Justicia y la confesión de los delitos.
La red delictiva cometió ilícitos vinculados a contratos públicos de mascarillas durante la pandemia, logrando ganancias millonarias y beneficiando a empresas relacionadas con la trama.
La resolución del Supremo resalta que quienes colaboran y admiten sus faltas pueden obtener reducciones sustanciales en sus condenas, como ha sucedido con Aldama.
El primer proceso penal contra un alto cargo político cercano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha terminado con un firme veredicto condenatorio. Por unanimidad, la Sala Penal del Tribunal Supremo ha resuelto condenar a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, por formar una organización criminal responsable de siete delitos de cohecho, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y malversación de fondos públicos.
El Tribunal determina que Ábalos cumplirá hasta el triple de la pena más grave, establecida en un máximo de 15 años de prisión.
Entre 2017 y 2021, Ábalos fue el principal colaborador de Pedro Sánchez. El presidente accedió a La Moncloa tras una moción de censura promovida por Ábalos, quien denunció la corrupción del PP luego de la sentencia del ‘caso Gürtel’.
Ábalos permanece en prisión desde el 27 de noviembre junto con su asistente, Koldo García Izaguirre. Éste ha sido sentenciado a 19 años de cárcel, siendo esta sentencia solo recurrible ante el Tribunal Constitucional.
La resolución de la Sala Penal, bajo la ponencia de su presidente Andrés Martínez Arrieta, representa un reconocimiento a la colaboración con la Justicia del empresario Víctor de Aldama, quien en noviembre de 2024 decidió confesar los ilícitos de la red y facilitar las investigaciones.
Aunque también fue condenado como integrante de la red criminal, la Sala aplicó a Aldama la atenuante muy cualificada por confesión.
Crucialmente, ninguna de las penas excede los dos años de prisión. Al tratarse de su primera condena, Aldama podrá evitar el ingreso en prisión.
Esta notable reducción fue propuesta por la acusación popular liderada por el abogado del PP Alberto Durán y respaldada en su último informe durante el juicio por el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón.
Sin embargo, la fiscal general, Teresa Peramato, discrepó con la propuesta de Luzón referente a modificar las condenas y solicitar para Aldama la aplicación cualificada de la atenuante de confesión.
El mensaje del Supremo
La resolución de la Sala, que apoya a Luzón y no a la fiscal general, envía una señal contundente a los implicados en otros procesos penales aún en investigación -como el expresidente Zapatero o la ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez– dejando claro que los tribunales valoran positivamente la cooperación de quienes admiten sus delitos y aportan información sobre otros.
El Supremo no aceptó todas las demandas condenatorias de las acusaciones pública y popular, absolviendo a los acusados de algunos cargos de cohecho.
No obstante, quedó claro para el Supremo que los acusados crearon una organización criminal con el interés de enriquecerse.
Ábalos y García facilitaron en todo momento los negocios de Aldama a cambio de pagos mensuales de 10.000 euros y otras ventajas, como el pago del lujoso piso que Aldama alquiló para Jésica Rodríguez, quien en ese tiempo mantenía una relación sentimental con el ministro.
Beneficio durante la pandemia
Entre los negocios sobresalen dos contratos de mascarillas otorgados por Puertos del Estado y Adif (dependientes del Ministerio de Transportes) a la empresa indicada por Aldama, Soluciones de Gestión.
Esto sucedió en marzo de 2020, cuando España estaba confinada y cientos de personas fallecían diariamente por la pandemia del coronavirus.
Los contratos de Transportes, con un valor total de 36,5 millones, generaron para Aldama una ganancia de 3,7 millones. Además, facilitaron posteriores adjudicaciones de material anti-Covid a la misma empresa por parte del Gobierno canario de Ángel Víctor Torres y el Ejecutivo balear de Francina Armengol.
La Sala acreditó delitos de tráfico de influencias debido a las contrataciones de Jésica Rodríguez y Claudia Montes en empresas públicas vinculadas a Transportes, así como la influencia ejercida para asignar a Soluciones de Gestión los contratos de mascarillas.
También se reconoció la malversación de fondos públicos llevada a cabo por Ábalos y su asistente tras pagar 34.477 euros a Jésica Rodríguez por parte de Ineco y Tragsatec sin que esta hubiera trabajado un solo día, situación gestionada por Koldo con el conocimiento del exministro.