Las claves
El juez Juan Carlos Peinado ha presentado a juicio a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ante un jurado popular, imputándola por cuatro presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en el ámbito privado, malversación y apropiación indebida.
Según el magistrado, Gómez habría aprovechado su vínculo con el presidente del Gobierno para inclinar decisiones públicas a su favor, especialmente relacionadas con una cátedra en la Universidad Complutense.
La investigación acusa a la esposa de Sánchez de apropiarse indebidamente de un software creado para dicha cátedra y de otorgar contratos millonarios al Grupo Barrabés, respaldados por cartas firmadas por ella.
Peinado ha impuesto medidas cautelares a Gómez, entre ellas la retirada de sus pasaportes y la prohibición de salir de España sin permiso, ante el riesgo de fuga detectado.
El juez Juan Carlos Peinado envió este sábado a juicio, ante un jurado popular, a Begoña Gómez. Con esta resolución, Pedro Sánchez se convierte en el primer presidente del Gobierno cuya esposa —a menos que la Audiencia de Madrid lo impida— podría sentarse en un banquillo de acusados.
En un auto detallado de 84 páginas, el magistrado imputa cuatro presuntos delitos a Gómez: tráfico de influencias, corrupción en negocios privados, malversación de fondos públicos y apropiación indebida.
Peinado destaca, en particular respecto al primer cargo, que habría sido cometido gracias a que la involucrada pudo «valerse de su relación personal con el presidente del Gobierno y de éste con el resto de la Administración».
El juez explica que Gómez tuvo un acceso facilitado a comunicaciones institucionalmente especiales y pudo utilizar su estatus de ‘esposa de’ para influir en decisiones.
«Ese privilegio», concluye Peinado, permitió presuntamente a la acusada ejecutar el delito de tráfico de influencias y, a continuación, otros delitos relacionados.
Además, al igual que en resoluciones anteriores, Peinado acusa a la esposa de Sánchez de utilizar el Palacio de la Moncloa, su lugar de residencia, como centro para actividades empresariales.
Por ejemplo, allí mantuvo una reunión con Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Poco después, se estableció una cátedra en la UCM que Gómez pasó a dirigir.
Se trata de la misma cátedra para la que distintas compañías desarrollaron, aparentemente de forma altruista, un software que, según Peinado, Gómez se apropió con intención de explotarlo comercialmente, de ahí el presunto delito de apropiación indebida.
Asimismo, Gómez también tuvo encuentros en Moncloa con otro implicado en el caso, el empresario Juan Carlos Barrabés, docente en el máster vinculado a la cátedra.
En paralelo al desarrollo académico, Barrabés presentó en dos procesos de licitación cartas de apoyo firmadas por Gómez, equivalentes a manifestaciones de interés que avalaban proyectos.
El Grupo Barrabés resultó adjudicatario en ambas licitaciones, recibiendo más de 10 millones de euros procedentes de la entidad pública Red.es.
Por lo tanto, Peinado entiende que «los hechos atribuidos a Begoña Gómez» ocurrieron porque, «desde que su esposo asumió la Secretaría General del PSOE y, especialmente, la Presidencia del Gobierno, se adoptaron decisiones públicas favorables a la cátedra, (…) obtenidas mediante un uso singular de su posición relacional».
¿Se celebrará el juicio?
En este momento, la celebración del juicio contra Begoña Gómez depende de la Audiencia Provincial de Madrid, que es el tribunal jerárquicamente superior y tiene pendiente resolver varios recursos sobre el caso.
Este tribunal puede ratificar la decisión del juez y que Gómez sea juzgada, o bien revocarla.
En su auto de este sábado, de 84 páginas, Peinado menciona en múltiples ocasiones resoluciones previas de la Audiencia de Madrid que apoyan decisiones anteriores en la instrucción del caso.
El juez especifica que fue esa Audiencia —»no este instructor», refiriéndose a sí mismo— quien ya señaló la influencia de Sánchez a favor de Begoña Gómez.
«La Sección 23 [de la Audiencia Provincial] expresó que la implicación de Gómez podría deducirse del aprovechamiento de su cercanía al presidente del Gobierno, como su esposa, para ofrecer favores o influencias a cambio de contraprestaciones destinadas a impulsar su carrera profesional», destaca Peinado.
Además, remarca que la Audiencia madrileña consideró a las empresas del Grupo Barrabés «clave en el desarrollo e implementación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva».
El tribunal también advirtió que desde esta iniciativa académica «se habrían articulado las demás actividades que motivan las sospechas de desviación de poder».
Un ejemplo concreto es la supuesta apropiación del software elaborado para la UCM.
Peinado también fundamenta su argumentación en otra resolución de la Audiencia Provincial, que mencionaba el «rápido desarrollo de la cátedra», que comenzó a diseñarse tras la reunión entre Goyache y Gómez en Moncloa.
El exvicerrector de Relaciones Institucionales de la UCM, Juan Carlos Doadrio, testificó en el caso y contó que el rector le pidió expresamente que «TENÍA QUE CREAR una cátedra PARA la MUJER DEL PRESIDENTE» luego de aquel encuentro en el palacio presidencial [las mayúsculas son del juez Peinado].
«Apropiación» del software
En total, Peinado atribuye a Gómez cuatro presuntos delitos de corrupción.
El cargo por apropiación indebida proviene de una denuncia presentada en junio de 2024 por Hazte Oír, asociación que lidera las acusaciones populares en esta causa.
Esto se fundamenta en que la esposa de Sánchez ofreció gratuitamente, a través de una página vinculada a una empresa de su propiedad, una herramienta digital semejante a la que se desarrolló para la UCM.
Peinado recuerda en su auto que Gómez «inscribió como propias la marca [el término Transforma TSC] y el sitio web [transformatsc.org]».
«Además, constituyó una empresa, Transforma TSC SL, donde figura como socia única y administradora. Una mercantil tiene como objetivo el lucro, lo que no se ajusta a la supuesta finalidad social o altruista que, según la propia investigada, motivó el proyecto», concluye el juez.
Malversación
En este caso también se investiga un posible delito de malversación ligado a la contratación de Cristina Álvarez, asistente de Gómez en el Palacio de la Moncloa.
Aunque Álvarez recibía un salario público, realizó gestiones para actividades empresariales privadas de la esposa de Sánchez.
Entre sus labores, intervino en la administración financiera de la cátedra y mantuvo contacto directo vía correo electrónico con Doadrio.
EL ESPAÑOL reveló además que Álvarez envió un e-mail a Reale Seguros, empresa mecenas de la cátedra, solicitando su continuación financiadora del proyecto.
Peinado concluye que esto supuso la «utilización de recursos laborales y respaldo institucional financiados por el Estado para fines privados y profesionales de la investigada [Begoña Gómez]».
Reale Seguros aportó 60.000 euros en diferentes pagos para sostener la cátedra.
Tráfico de influencias
Entre los indicios que atribuyen a Gómez el supuesto tráfico de influencias, Peinado menciona el encuentro con Goyache en Moncloa.
Refiere que el rector acudió a Palacio sin conocer personalmente a Gómez, solo sabía que era «la esposa del presidente del Gobierno».
El juez recalca que Goyache ocultó «a propósito» este encuentro a Doadrio, hecho que, para el magistrado, constituye una presión de orden jerárquico.
Además, Peinado considera que la puesta en marcha de la cátedra se realizó con una «rapidez inusual».
Aunque un informe reciente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil admitió que el proyecto fue creado conforme a la normativa.
Sin embargo, Doadrio declaró que tuvo la sensación de que «el acuerdo se hizo muy rápido; parecía ya preparado».
La UCO confirmó asimismo que el software que Gómez ofreció en su web presentaba indicios de explotación comercial.
Por otro lado, el juez mencionó que Barrabés admitió haberse reunido «cuatro o cinco» veces con Gómez en Moncloa después de la pandemia de Covid-19.
Se destacó el contexto temporal: estos encuentros, relacionados con la creación de la cátedra, coincidieron con el apoyo que Gómez brindó a proyectos de Barrabés.
«Existe una coincidencia temporal entre esta relación y la emisión de cartas de respaldo [firmadas por Gómez; las mismas que Barrabés presenta en dos licitaciones]», señaló Peinado.
«Estas cartas, fechadas a mediados de julio de 2020, coinciden con la fase inicial de creación de la Cátedra, entre junio y julio de 2020», subrayó.
«Por eso, se presume un intercambio entre la ayuda al proyecto de Gómez y el respaldo institucional y académico a intereses empresariales del Grupo Barrabés», concluyó.
Medidas cautelares
Además de remitirla a juicio con jurado, Peinado impuso este sábado medidas cautelares a Begoña Gómez.
Específicamente, ordenó la retirada de todos los pasaportes que tenga —incluyendo el diplomático si lo poseyera— de todas sus nacionalidades, y la prohibición de obtener uno nuevo.
También le impuso la prohibición de salir de España sin autorización y la obligación de personarse a firmar en un juzgado dos veces al mes.
Estas medidas fueron adoptadas siguiendo las peticiones de las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír.
El magistrado, contrario a la defensa de Gómez, aprecia un riesgo de fuga del país, aunque justificó esta valoración con menor extensión que el detallado relato de indicios contra la esposa de Sánchez.
El abogado Antonio Camacho argumentó que, por su condición pública, Gómez no tiene facilidades para evadir España y está constantemente protegida por escoltas.
Pero Peinado considera que «no cabe duda» de que los agentes que la custodian podrían en algún momento colaborar en facilitar su escape, «bien por iniciativa propia o siguiendo instrucciones superiores», aclaró.
También resaltó como un dato «especialmente significativo» que la «posición actual de presidente del Gobierno» que ostenta Pedro Sánchez es temporal y transitoria.
«Por lo tanto, la protección o acompañamiento de los agentes de seguridad estatal desaparecería en el momento en que Sánchez deje el cargo, lo que aumentaría las posibilidades de la supuesta fuga», concluyó.
Peinado aplicó las mismas medidas —juicio y cautelares— a Cristina Álvarez, asistente de Gómez en Moncloa.
No se han impuesto restricciones a Barrabés, dado que no se solicitó ninguna por parte de las acusaciones en su contra.