Ione Belarra critica el «ataque de la derecha contra la ‘Ley trans'» y acusa al PSOE de vivir «de los logros de Irene Montero» en Igualdad
La comisión de Igualdad ha rechazado la propuesta de instaurar un cupo trans del 1% en el empleo público. Esta iniciativa, presentada por Podemos, fue desestimada con 17 votos en contra, 12 abstenciones y solamente 6 a favor.
Ante la defensa realizada por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, respecto a la Ley trans – base de esta proposición – como un «mandato claro para las administraciones públicas», la diputada popular Sofía Acedo recordó la importancia de proteger los derechos del colectivo LGTBI y las personas trans desde la libertad y la igualdad, sin recurrir al señalamiento.
Invocando a su antecesora, Belarra aprovechó para criticar al Ministerio de Igualdad, que durante esta legislatura únicamente ha presentado un Proyecto de Ley Orgánica, registrado y aprobado en diciembre de 2023. De este modo, la líder morada acusó al Gobierno de «vivir de los logros» que consiguió Irene Montero cuando lideró esa cartera.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez «ha relegado la lucha feminista y por los derechos LGTBI a un segundo plano», afirmó Belarra, señalando que, en su opinión, la Ley trans se mantiene vigente pese al PSOE, reprochando al Gobierno sus «medidas cosméticas» en este campo.
Por su parte, el portavoz del PSOE, Lázaro Azorín, manifestó su «preocupación por las dificultades que enfrentan las personas trans para acceder al empleo», recordando que ya existe un marco normativo y unos «criterios que regulan el acceso al empleo público» que deben ser respetados.
En ese contexto, la líder de Podemos afirmó que la propuesta representa una «medida de acción positiva» frente a «uno de los mayores ataques de la derecha contra la Ley trans«. Por ello, Belarra planteó «asegurar que el 1% de las plazas de empleo público estén reservadas para estas personas», argumentando que «casi la mitad de ellas no pueden trabajar debido a la discriminación más severa» que padecen.
Sin mencionar los numerosos escándalos relacionados con el fraude registral, Belarra ironizó sobre los «discursos de sospecha» de la derecha, que critica la obtención de «privilegios», según sus palabras. Por ello, el PP ha insistido en que esta norma «ha generado graves conflictos jurídicos e institucionales y ha fomentado el fraude», mientras la diputada de Vox, Rocío Aguirre, definió directamente la norma como «infame».
Esta ley, aprobada en febrero de 2023, fue uno de los proyectos emblemáticos de Irene Montero durante su gestión en el Ministerio de Igualdad. Permite que quienes lo deseen cambien su nombre y sexo en el registro civil sin necesidad de informes médicos, basándose únicamente en una declaración de identidad, lo que hasta ahora ha permitido casos de fraude registral y ha generado divisiones dentro del movimiento feminista.
Ley Orgánica Integral contra la trata
Por otra parte, la Comisión ha instado a aprobar con urgencia la Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos para cumplir con la transposición de la directiva europea correspondiente. Este proyecto, que se elaboró durante la etapa de Irene Montero, fue uno de los objetivos de la ministra Ana Redondo, quien en septiembre del año pasado expresó que esperaba impulsar la ley durante aquel otoño.
Sin embargo, no solo no se ha avanzado, sino que el próximo 15 de julio vence el plazo para transponer esa directiva o «habremos de afrontar la multa que imponga la UE», advirtió el diputado del PP Jaime de los Santos. Tanto Sumar como Vox han declarado que es «deseable» erradicar la trata, aunque han mostrado reservas respecto a las motivaciones de los populares.
En tanto, la diputada socialista Noelia Cobo defendió el trabajo del Ministerio de Igualdad, dirigido por Ana Redondo: «Está avanzado en su tramitación y se integrarán las modificaciones necesarias», aseguró, aunque el bloqueo legislativo que afecta al Gobierno dificultará la aprobación de esta ley.