En Ferraz hacen referencia a la declaración del ex presidente y a la posibilidad de que este «brinde explicaciones sobre todos los aspectos».
El PSOE continúa apoyando la «presunción de inocencia» de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque no pasan de ahí. La postura oficial es evitar hacer comentarios públicos sobre el escándalo debido a la tasación preliminar de las joyas del ex presidente valoradas en 1.323.915 euros, tras la declaración de su portavoz, Luis Arroyo, que estimó su valor considerablemente menor —entre 30.000 y 50.000 euros—.
«No vamos a valorar en este momento la información que está surgiendo», concluyó la secretaria de Organización, Rebeca Torró, durante una rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva Federal celebrada este lunes. Añadió que «aún no ha declarado, se le debe respeto a él y a los tiempos que maneja la Justicia, aunque a nosotros también nos gustaría que ya lo hubiese hecho, porque eso será fundamental».
Desde la dirección de Ferraz remiten, por ende, a la citación de Zapatero en la Audiencia Nacional, inicialmente prevista para esta semana por el rescate a Plus Ultra, y a que pueda ofrecer «explicaciones completas sobre todos los asuntos». Después de la imputación inicial por tráfico de influencias y blanqueo de capitales, el juez José Luis Calama le ha añadido los presuntos delitos de fraude fiscal y contrabando vinculados a las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho.
En contraste, la secretaria de Organización de los socialistas ha defendido de manera rotunda a la esposa de Pedro Sánchez, quien comparece este lunes antes de que el magistrado Juan Carlos Peinado emita el auto de apertura de juicio oral contra ella por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de fondos públicos y apropiación indebida. «Admiro la fortaleza y serenidad de Begoña Gómez frente a un proceso judicial contra una persona inocente. Cuenta con mi respaldo y con todo el apoyo del PSOE», subrayó Torró.
La número tres de Ferraz también ha mostrado apoyo a la presidenta del partido, Cristina Narbona, citada a declarar como testigo por las supuestas irregularidades internas investigadas en el caso Leire Díez, así como a la gerente, Ana María Fuentes, imputada en esta misma causa, expresando su «confianza» en ambas: «No permitiré que se cuestionen su profesionalismo ni su compromiso. Resulta muy injusto en un Estado de derecho como el nuestro señalar y condenar públicamente a personas basándose en indicios y hechos que aún no han sido probados».
Acciones legales en espera
«El PSOE es el principal interesado en que se esclarezca toda la verdad», enfatizó Torró, quien detalló en su intervención las medidas anticorrupción adoptadas tras las imputaciones a los dos últimos secretarios de Organización, Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Además, reiteró que no descartan «ejercer las acciones legales necesarias», como demandan internamente sectores críticos dentro del partido para despejar dudas, pero que por el momento preferirán «dejar avanzar a la Justicia» antes de decidir al respecto.
Desde la cúpula de Ferraz indican que han mantenido contacto con Zapatero tras su imputación, «respetando que se trata de una causa personal», mencionan que mantiene su habitual optimismo y sostienen que «es el primero que desea dar explicaciones». En todo caso, establecen un cortafuegos preventivo añadiendo que, independientemente del desarrollo judicial del caso del ex presidente, se consideran «un partido limpio» y que han llevado a cabo un ejercicio de transparencia sin precedentes: «Nos hemos sometido a un striptease como nunca antes nadie lo ha hecho».
Respecto al nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil conocido este lunes, que incluye dos facturas por 53.000 euros emitidas al PSOE por el abogado Jacobo Teijelo, defensor de Cerdán, Torró explicó que no pudieron entregar la documentación relativa a dichas facturas porque «esos pagos nunca fueron realizados». «No podemos aportar documentos que simplemente no existen», sostuvo la secretaria de Organización.
En cambio, sí confirman que se costearon varios viajes de Leire Díez —considerada la fontanera de Ferraz— y del empresario Javier Pérez Dolset con el presunto objetivo de desacreditar a los investigadores que participan en las causas judiciales vinculadas al entorno cercano de Sánchez. Al respecto, desde la dirección socialista comentan que «otra cosa será si detrás de ello existe alguna conducta contraria a la ley» y expresan su convicción de que el presidente no será llamado a declarar ni siquiera como testigo, pues «no ha tenido conocimiento de las acciones que estas personas hayan podido llevar a cabo».
Medidas anticorrupción
De acuerdo con el Balance de la transparencia y la gestión ejemplar evaluado este lunes durante la reunión de la Ejecutiva nacional, en el último año se «han fortalecido las herramientas y procedimientos» del partido para «prevenir riesgos, mejorar los sistemas de control y reforzar la rendición de cuentas». Entre estas destacan la creación de cargos colegiados y el establecimiento de una doble firma, «especialmente en decisiones orgánicas y temas económicos», con al menos dos miembros de la dirección firmantes.
Asimismo, en el Comité Federal del próximo 27 de junio se aprobará la reducción a 30 días del plazo máximo para resolver expedientes en casos de corrupción, tras el retraso de 16 meses en expulsar a Ábalos por su presunta implicación en el caso Mascarillas; se ha modificado la normativa sobre la declaración de bienes y actividades para que la presenten todos los cargos e integrantes de listas electorales; y se ha reforzado el papel de la Comisión de Ética y Garantías para que pueda emitir informes de oficio.
El PSOE destaca que también se implementará un Protocolo de Prevención del Fraude, que obligará a los trabajadores del partido a informar «en caso de sospecha de que pueda estar ocurriendo un fraude en alguno de los departamentos y servicios». Además, se ha establecido una «nueva política de dietas y viajes» para «favorecer la austeridad y el uso responsable de recursos»; se modificó el artículo 4.5 del Código Ético para incluir la expulsión de militantes en caso de consumo de prostitución y se realizó una «auditoría forense externa» para «verificar el estricto cumplimiento de la legalidad».