A los 20 años, fue enviado al territorio alemán por el régimen de Vichy y confinado en un campo, donde sostiene que cumplió jornadas de diez horas sin recibir pago alguno
Albert Corrieri, con 104 años, ha decidido presentar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una demanda que proviene de la época de la Segunda Guerra Mundial. El francés reclama 43.200 euros por las horas que laboró forzosamente en Alemania desde 1943 hasta 1945, cuando fue enviado al país bajo el Servicio de Trabajo Obligatorio impuesto por el régimen colaboracionista de Vichy, según reporta BFM Business.
El monto solicitado está basado en un cálculo preciso: 10 euros por cada hora trabajada desde el 13 de marzo de 1943 hasta el 15 de abril de 1945. Corrieri fue destinado, entre otros lugares, a una fábrica química en Ludwigshafen y afirma que jamás recibió remuneración por esas labores.
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El caso ha llegado ahora a Estrasburgo después de que la justicia administrativa francesa rechazara su solicitud. En 2025, la Corte Administrativa de Apelación de Marsella desestimó su petición de indemnización, argumentando que la legislación francesa de posguerra ya contemplaba compensar los daños sufridos por quienes fueron forzados a trabajar en territorio enemigo.
“Fui sometido a la condición de esclavo”
Corrieri trabajaba como fontanero en un restaurante del Viejo Puerto de Marsella cuando, a los 20 años, fue enviado a Alemania. Este traslado se efectivizó dentro del marco del Servicio de Trabajo Obligatorio, un sistema creado por el régimen de Vichy para suplir la demanda de mano de obra para la Alemania nazi.
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El francés fue confinado en un campo y asignado a tareas físicas especialmente duras. Según el testimonio recogido por BFM Business, cargaba vagones con carbón para apoyar la maquinaria bélica nazi y además desempeñó labores en una planta química. Durante ese período, resultó herido en un brazo a causa de los bombardeos aliados.
“Fui sometido a la condición de esclavo”, manifestó Corrieri en una conferencia de prensa desde la oficina de su abogado. El centenario aseguró que fue forzado a realizar “los trabajos más duros bajo amenaza de armas”, seis días a la semana, con jornadas de diez horas, “sin recibir ni un céntimo de pago”.
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“Estoy convencido de que Francia tiene una deuda pendiente conmigo”, agregó.
Reclamación tanto económica como judicial
La petición de Corrieri va más allá de un reconocimiento simbólico. El anciano solicita el pago por las horas que afirma haber trabajado sin recibir ningún tipo de remuneración. No obstante, los tribunales franceses han rechazado su demanda.
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La Corte Administrativa de Apelación de Marsella basó su negativa en la ley del 14 de mayo de 1951, referente al estatus de las personas obligadas a trabajar en territorio enemigo. Según esta jurisdicción administrativa, dicha normativa permitió indemnizar “los daños de toda índole” ocasionados a las víctimas del Servicio de Trabajo Obligatorio, incluidos en su caso los perjuicios económicos.
El conflicto radica, justamente, en que Francia sostiene que la reparación quedó cubierta por la legislación de posguerra, mientras que Corrieri reclama ahora una compensación puntual por las horas de trabajo forzoso que, según su argumento, nunca le fueron abonadas.
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Su abogado, Michel Pautot, defiende que este caso trasciende la reclamación particular: “Esta lucha supera su persona. Se trata de reconocer la esclavitud moderna de la Segunda Guerra Mundial”, declaró según el medio francés.
Pautot sostiene que el Estado francés debió haber establecido un fondo de indemnización para los sobrevivientes como Corrieri, quienes ya son muy pocos. En palabras del letrado, personas como Albert “se cuentan con los dedos de una mano”.
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El abogado también representaba a Erpilio Trovati, otro antiguo trabajador del Servicio de Trabajo Obligatorio, aunque ese proceso judicial se cerró tras su fallecimiento el otoño pasado.
En este momento, el caso de Corrieri está en manos del TEDH. Su defensa advierte que el tiempo para resolver es cada vez más limitado. “A sus 104 años, Albert se encuentra en el ocaso de su vida”, apuntó Pautot, que considera al tribunal europeo como “la última esperanza” para conseguir una reparación.
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