Este martes, el Gobierno dio luz verde a un anteproyecto destinado a reformar la ley del Poder Judicial de 1985, incorporando un sistema público de becas con una duración de cuatro años, que alcanzará el valor del salario mínimo interprofesional (SMI) para los aspirantes que deseen ingresar en la carrera judicial y fiscal.
En concreto, los opositores beneficiarios recibirán una ayuda económica que no será inferior a 15.876 euros anuales, es decir, 1.323 euros mensuales.
El Ejecutivo persigue favorecer el acceso a la judicatura a estudiantes de todos los estratos socioeconómicos y «democratizar el acceso al empleo público bajo principios de igualdad, mérito y capacidad», según declaró el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien detalló este anteproyecto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Hasta la fecha, existía un sistema de ayudas públicas, conocidas como Becas SERÉ, implementadas por el Ministerio de Justicia en 2022, destinadas a opositores de la carrera judicial, Fiscalía, abogacía del Estado y letrados de la Administración de Justicia, cuyo importe y criterios se regulaban mediante una orden ministerial.
¿Qué novedades introduce esta reforma? En primer lugar, estas subvenciones para futuros jueces y fiscales quedarán «garantizadas por ley», evitando depender de la voluntad gubernamental o de la disponibilidad presupuestaria. «No es que este sistema de becas públicas dependa de la sensibilidad de un ministro o de cualquier color político», aseguró el ministro.
En segundo lugar, se equiparan al SMI, incrementando significativamente la cuantía. «Estas becas están claramente destinadas a opositores cuyas familias tengan ingresos bajos o medios. Con el sistema anterior, la dotación era de 8.000 euros; ahora aumentará a 15.876 euros.
Respecto a los requisitos, aún no están definidos públicamente, dado que el anteproyecto no ha sido difundido. «Estas becas se orientan a opositores de familias con ingresos bajos o medios», puntualizó Bolaños sin ofrecer más detalles. «Los requisitos se establecerán».
En los criterios objetivos para las Becas SERÉ, que servirán de modelo para estas ayudas, se valoraba una «renta familiar inferior» o haber vivido una «situación acreditada de violencia de género». Además, se requería «no estar beneficiándose de otras subvenciones similares, públicas o privadas», así como «preparar la oposición bajo la supervisión de un centro especializado».
En otras oposiciones no existen becas que se extiendan durante un periodo tan prolongado. Existen, por ejemplo, ayudas de promoción interna: quien siendo subinspector de Policía busque ascender a inspector puede destinar parte de su horario laboral al estudio sin sufrir reducción salarial.
Resulta destacable la limitada ayuda pública destinada a las oposiciones para la carrera diplomática, que apenas llega a ser anecdótica. El Ministerio de Asuntos Exteriores ofrece ocho plazas que cubren íntegramente un curso preparatorio cuyo coste ronda los 400 euros mensuales, considerando criterios académicos y de renta para la concesión de ayudas.
En cualquier caso, estas ayudas se presentan como subvenciones indirectas, ya sea mediante la concesión de tiempo para estudiar, en el primer caso, o mediante apoyo en forma de curso, pero no como un salario mensual para el opositor.
Otras medidas
El anteproyecto, presentado en primera instancia al Consejo de Ministros, contempla crear por ley un centro público de preparación para opositores, donde los candidatos puedan acudir a estudiar y practicar sus temas durante el proceso de preparación.
Así, el Centro de Estudios Jurídicos se transformará en un centro público de preparación de oposiciones con delegaciones en cada territorio. Además, se establecerá un registro público de jueces y magistrados que actúen como formadores.
La futura normativa también regulará la financiación de las asociaciones profesionales de la judicatura, prohibiendo la financiación privada, algo que, según Bolaños, «asegura no solo la imparcialidad, que no está en cuestión, sino también la percepción de imparcialidad» de estas asociaciones.
La reforma contempla igualmente modificar el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal. De este modo, se reemplaza una prueba oral por una prueba escrita basada en un caso práctico, inexistente hasta ahora, mientras que para quien ingrese por el cuarto turno, primero se evaluará un dictamen escrito y luego los méritos profesionales.
Ambos ejercicios escritos serán, además, anonimizados. Asimismo, regula el cuarto turno —que permite a juristas con más de 10 años de ejercicio profesional reconocido ingresar a la carrera judicial— para garantizar que siempre que se convoque el turno libre, también se convoque el concurso oposición.
Con esto, se asegura el cumplimiento de la ley y que una de cada cuatro plazas sea ocupada por juristas de reconocida competencia, enfatizó Bolaños. Además, se introduce por primera vez el cuarto turno en la carrera fiscal y se regula un proceso de estabilización para jueces y fiscales sustitutos, conforme a los requisitos de la Comisión Europea.
«Jueces sumisos»
Voceros del Partido Popular acusan al Gobierno de pretender «controlar a los futuros jueces y fiscales». En la primera valoración del PP, todas las medidas anunciadas en este anteproyecto buscan sesgar la selección, formación e ideología de los integrantes del Poder Judicial, una de las tres patas constitucionales del Estado de derecho y contrapeso ante posibles abusos del poder político.
«No debería sorprender a nadie», comenta con ironía un portavoz del PP, «que Pedro Sánchez, quien ya ha dominado el CIS, la televisión pública, la agencia Efe e incluso la Fiscalía General del Estado, ahora pretenda incidir en la selección de jueces».
Aunque todavía no se conoce el texto completo del anteproyecto, la preocupación de los populares radica en la regulación de los criterios para seleccionar a los formadores acreditados en el Centro de Estudios Jurídicos, que pasará a ser el centro público de preparación.
«Todo lo relacionado con la Justicia debe estar cuidadosamente calibrado para proteger la separación de poderes», advierte otra fuente del PP. Este dirigente recuerda el coste que su partido pagó «soportando durante años ataques de la izquierda» hasta que, con el respaldo de la Comisión Europea, logró que el PSOE aceptara una reforma del CGPJ que garantizara su independencia.
«La debilidad parlamentaria de Sánchez lo está conduciendo hacia un rumbo aún más autoritario», concluye un portavoz del partido de Alberto Núñez Feijóo. «Lo demostraron este fin de semana, tomando una empresa privada para colocar a un presidente afín al PSOE». Según el PP, «el sanchismo solo puede intentar controlar a quienes no coinciden con sus ideas porque somos cada vez más».
Para Vox, se trata de un nuevo «asalto al Poder Judicial» por parte del Gobierno para «evitar sentarse en el banquillo de los acusados». «Pretenden someter a los jueces para que obedezcan al poder y no investiguen sus casos de corrupción», dicen fuentes del partido de Santiago Abascal. «Buscan reemplazar el mérito y la capacidad por la afiliación al PSOE».
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), segunda en representatividad dentro de la carrera judicial con 885 miembros, expresa preocupación por las «sombras que proyecta esta ambiciosa reforma».