Solo PP, Vox y UPN se oponen a la tramitación de la norma con el fin de evitar demoras en la resolución de recursos relacionados con las autorizaciones de eutanasia.
El Pleno del Congreso ha comenzado este jueves el trámite para modificar la ley de eutanasia, con el objetivo de agilizar los tiempos en este procedimiento. Específicamente, la nueva redacción pretende acelerar la resolución de apelaciones presentadas contra peticiones de ayuda para morir que ya han sido aprobadas conforme al procedimiento establecido. La Cámara Baja ha dado luz verde a la toma en consideración de esta reforma, primera fase del proceso parlamentario, con 178 votos a favor, mientras que únicamente PP, Vox y UPN votaron en contra, sumando 169 diputados.
«Resulta evidente que alargando el trámite se provoca un sufrimiento físico o mental continuo e insoportable para quienes se encuentran en esta situación», señala la exposición de motivos de la propuesta, que ha sido debatida a iniciativa del Parlamento de Cataluña. El texto plantea que los recursos contra las decisiones de las Comisiones de Garantía y Evaluación sobre las solicitudes de eutanasia se resuelvan mediante un procedimiento especial dirigido a la protección de derechos fundamentales. Además, establece un plazo máximo de 25 días desde la autorización para recibir la ayuda para morir hasta la resolución definitiva de los recursos presentados en contra.
Tres diputados del Parlamento de Cataluña se encargaron de defender esta reforma ante el Congreso: Sara Jaurrieta (PSC), Jordi Fàbrega (Junts) y Juli Fernàndez (ERC). La representante socialista destacó que la reforma para acortar los plazos pretende «profundizar en el respeto a las decisiones personales» y, en palabras del diputado republicano, «busca perfeccionar un derecho». El diputado de Junts coincidió en la idea, afirmando que la eutanasia constituye «uno de los procesos con mayores garantías dentro de nuestro ordenamiento jurídico y sanitario», para justificar la reducción en el tiempo de resolución de los recursos.
En contraste, los populares expresaron en el Pleno su rechazo a acortar los plazos, argumentando que «cuando una decisión es irreversible, las garantías nunca sobran». Esta posición fue defendida por el diputado Antonio Román Jasanada, quien reprochó a quienes hablan de «muerte digna»: «La dignidad reside en la vida, desde el inicio hasta su fin».
Con un tono más contundente, la diputada de Vox María Ruiz afirmó: «No pueden hablar de muerte digna cuando en verdad estamos tratando de matar personas», criticó la dirigente, quien calificó la regulación de la eutanasia como una «ley dura que disfraza como derecho la renuncia del Estado a proteger a quienes más padecen». «¿Cuál es la diferencia entre un suicidio autoinfligido y un suicidio asistido?», cuestionó Ruiz.
El debate sobre la eutanasia regresó este jueves al hemiciclo apenas tres días después de que el Papa, durante su visita a España, pronunciara un alegato contra esta práctica en la misma tribuna del Congreso. «Toda vida humana debe ser respetada y protegida desde su concepción hasta su muerte natural», afirmó León XIV el pasado lunes. España despenalizó la eutanasia en 2021 cuando la Cámara Baja aprobó la ley que regula esta práctica, a la que solo PP y Vox se opusieron. La norma autoriza a personas que padecen «un sufrimiento grave, crónico e incapacitante o una enfermedad grave e incurable» a recibir ayuda para morir, siempre que se cumplan requisitos estrictos y tras la evaluación y aprobación de médicos y la Justicia.
No solo el discurso del Papa ha reavivado el debate público sobre la eutanasia en los últimos meses. También lo hizo el caso de Noelia Castillo, la joven catalana que el pasado marzo accedió a la eutanasia después de una batalla legal de casi dos años, debido a que su padre apeló la decisión. La reforma que ahora ha iniciado su trámite busca, precisamente, disminuir los plazos establecidos para resolver ese tipo de recursos.