Las claves
Isabel Perelló rechaza que se ponga en duda la integridad de los jueces tras las declaraciones realizadas por Óscar López.
Perelló señala que existen procedimientos judiciales adecuados para rectificar errores sin desacreditar a los magistrados.
La presidenta del Tribunal Supremo defiende la autonomía judicial y se opone a cualquier tipo de influencia o coacción externa.
Destaca que la democracia requiere respeto por el control judicial y que el poder democrático debe estar siempre subordinado a la ley.
La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, afirmó esta mañana que todas las decisiones judiciales pueden y deben ser debatidas y cuestionadas, pero “existe un cambio cualitativo cuando esa crítica se dirige a poner en duda la integridad profesional del juez. Esto es lo que resulta inadmisible”.
De este modo, Perelló respondió a las declaraciones del ministro de Transformación Digital, Óscar López, quien afirmó que «existen jueces que incurren en prevaricación». López, encargado dentro del Gobierno de desacreditar a los jueces, no aportó pruebas ni señaló a los presuntos «prevaricadores», ni presentó denuncia ante el tribunal correspondiente.
Después de recordar que el sistema judicial dispone de mecanismos suficientes para corregir fallos en las resoluciones, mediante su revisión por otros jueces distintos a los que emitieron la decisión, Perelló lamentó la existencia de “críticas severas y descalificaciones hacia las instituciones encargadas de garantizar el Estado de Derecho”.
«Estas actitudes olvidan que son los jueces independientes e imparciales quienes protegen y salvaguardan los derechos fundamentales, los derechos constitucionales y los reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos; y quienes aseguran que el Estado de Derecho sea una realidad, que el ejercicio del poder democrático esté supeditado a la ley y el Derecho y que la sociedad progrese hacia una mayor justicia e igualdad”.
En la clausura de una reunión de presidentes de Audiencias Provinciales celebrada en Ávila, Isabel Perelló manifestó que “no pueden oponerse los votos al control judicial y al Estado de Derecho” porque “la democracia no consiste únicamente en votar, ni los votos recibidos legitiman cualquier acción de los representantes elegidos por los ciudadanos, quienes igualmente están sujetos a la ley y al Derecho”.
“La democracia también se concreta cuando cualquier persona, independientemente de su condición, encuentra un juez independiente que resuelve conforme a la ley”, añadió Perelló. Tanto ella como el Consejo General del Poder Judicial continúan haciendo llamados constantes al respeto institucional, mensajes claramente ignorados por el Gobierno, molesto por las investigaciones penales que involucran al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez.
La presidenta del Poder Judicial y del alto tribunal recordó que los jueces son “quienes hacen del Estado de Derecho una realidad, que el ejercicio del poder democrático se atenga a la ley y el Derecho y que la sociedad avance siendo más justa e igualitaria”, y que por esta razón “deben ser protegidos frente a presiones o injerencias externas o a campañas, explícitas o implícitas, de deslegitimación”.
«Los jueces desempeñan su función constitucional con total autonomía de criterio, como una de las expresiones esenciales de la independencia, basada exclusivamente en la aplicación de la ley y el Derecho, sin otra intención”, aseveró Perelló.
Por ello, “cualquier intento de interferencia en la independencia judicial -venga de donde venga- representa una amenaza para el Estado de Derecho y cuestiona los pilares jurídicos y políticos de nuestra sociedad”, subrayó, para añadir que el respeto a esa independencia es responsabilidad de todos los miembros de la Carrera Judicial, especialmente del Consejo General del Poder Judicial, “pero también corresponde a los demás poderes públicos”.
Perelló reiteró su «pleno apoyo» a los «profesionales destacados que integran la carrera judicial».
«Mi respaldo especialmente a aquellos que son objeto de actuaciones y presiones impropias de una sociedad democrática avanzada y de un Estado de Derecho, y que no respetan el principio de lealtad institucional, deber implícito en la Constitución”, afirmó.
Finalmente, la presidenta del TS y del CGPJ concluyó asegurando que, “ante esta situación, es necesario fortalecer y profundizar los principios que fundamentan nuestro trabajo y seguir desempeñando nuestra función como garantes de los valores de la Constitución Española. Con independencia, neutralidad e imparcialidad”.