Se argumenta que la «falta de datos completos» sobre lo ocurrido con el dispositivo del propietario de Plus Ultra impide al ex presidente ejercer adecuadamente su derecho a la defensa
El representante legal de José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado un escrito ante el juez del caso Plus Ultra solicitando que Estados Unidos aporte información detallada sobre el modo en que se obtuvo el contenido del teléfono móvil que involucra al ex presidente del Gobierno.
Dicho dispositivo pertenece al empresario venezolano Rodolfo Reyes Rojas, dueño de Plus Ultra en el momento en que la aerolínea emprendió diversas acciones para conseguir una ayuda pública de 53 millones del Gobierno español. Los mensajes de whatsapp sitúan a Zapatero en el centro de esa operación, que el magistrado José Luis Calama entiende como un caso de tráfico de influencias.
El juez instructor de la Audiencia Nacional ha solicitado recientemente a EEUU permiso para utilizar ese material como prueba en un posible juicio contra Zapatero. Su abogado, Víctor Moreno Catena, ha respondido este miércoles pidiendo al juez que amplíe dicha solicitud de colaboración, incluyendo todos los datos relacionados con la incautación del teléfono, dado que la información disponible es muy limitada.
El letrado argumenta que la escasa información relativa a este episodio «plantea dudas legítimas y serias dificultades sobre las condiciones para ejercer el derecho a la defensa». Aunque existen otros indicios de la presunta conducta delictiva de Zapatero, la posible nulidad del material proveniente de EEUU podría debilitar las pruebas incriminatorias en su contra.
«La ausencia de información completa acerca del dispositivo del Sr. Reyes Rojas, su incautación, el método de extracción, la autenticidad de las comunicaciones, así como la conservación y custodia del dispositivo al que accedió la policía estadounidense, y las circunstancias del intercambio de esa información entre autoridades policiales sin intervención judicial conocida, generan dudas razonables sobre el respeto al derecho procesal con todas las garantías y a la necesaria contradicción procesal, que es parte integral de las garantías de un juicio justo y asegura la igualdad de las partes», sostiene el escrito.
El abogado presenta una extensa lista de aspectos que desea que EEUU aclare a través del juez. El primero, «la resolución judicial específica o, en su defecto, la orden o autorización administrativa que respaldó» la clonación del teléfono, así como precisar dentro de qué investigación en EEUU se llevó a cabo la acción. También se solicitan detalles sobre quién realizó la intervención y su alcance: si fue «total, parcial, física, lógica, remota o selectiva».
Otras peticiones están dirigidas a examinar «el modo en que se preservó la información obtenida y el dispositivo intervenido, y la cadena de custodia de los datos hasta su entrega a las autoridades españolas».
La defensa de Zapatero también busca revisar todas las comunicaciones relacionadas que mantuvo la policía española con el HSI (Homeland Security Investigations), la agencia estadounidense involucrada en la intervención del teléfono.
Finalmente, se solicita información sobre «las autorizaciones del órgano competente de los Estados Unidos que permitieron la remisión de las conversaciones de Whatsapp a la unidad policial española, y el alcance para utilizarlas tanto en investigaciones policiales como en la instrucción judicial».
Con todo ello, la defensa de Zapatero pretende «comprobar si las conversaciones contenidas en el dispositivo y analizadas por la policía y el Ministerio Fiscal cumplen con los criterios legales de autenticidad, integridad y licitud».
La petición se realiza a una semana de que Zapatero comparezca como investigado ante la Audiencia Nacional, enfrentándose a cargos por tráfico de influencias y blanqueo de capitales. La Udef y el juez lo señalan como «el vértice» de la red de tráfico de influencias desmantelada.