Las claves
La Asociación de Fiscales manifiesta su profunda molestia por la explicación insuficiente proporcionada por la fiscal general Teresa Peramato respecto a las reuniones con Leire Díez.
La AF reprocha que la Fiscalía General no haya seguido los procedimientos habituales ante informaciones relacionadas con posibles delitos que involucran a integrantes del PSOE y al entorno del presidente Pedro Sánchez.
Los encuentros con Leire Díez y un abogado investigado se llevaron a cabo fuera del horario convencional y contaron con la participación de altos cargos de la Fiscalía.
La Asociación de Fiscales reclama la máxima transparencia y explicaciones completas, considerando que la falta de claridad daña la confianza en la institución.
Esta tarde, la Asociación de Fiscales ha expresado su «profunda indignación» ante la «respuesta insuficiente» de la fiscal general, Teresa Peramato, sobre la presencia en la sede del Ministerio Público de «una persona ligada a un grupo criminal que planeaba actuar contra instituciones del Estado y contra varios miembros de nuestra carrera», haciendo referencia a la ‘fontanera’ del PSOE, Leire Díez.
La AF, con representación mayoritaria recientemente ratificada en las elecciones al Consejo Fiscal, ha reaccionado ante la contestación que Peramato remitió al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien investiga a Díez y a dirigentes del PSOE como Santos Cerdán, entre otros, por presuntas maniobras destinadas a desestabilizar procesos judiciales que afectan al partido y en especial al círculo cercano de su secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Recordando que los fiscales «están al servicio de la legalidad y la sociedad», la Asociación de Fiscales considera que la explicación dada por la Fiscalía General «es insuficiente y deja sin resolución aspectos esenciales».
Resalta, en este punto, que la primera reunión reconocida entre la mano derecha del anterior fiscal general, Álvaro García Ortiz, y Leire Díez, el 6 de marzo de 2025, se realizó en la sede de la Fiscalía General del Estado, fuera del horario habitual de atención al público y contó con la participación directa de altos responsables de la institución.
«El escaso comunicado difundido por la Fiscalía General del Estado admite la existencia de encuentros celebrados con un abogado [Jacobo Teijelo, también investigado como parte de la trama] y afirma expresamente que en ellos éste ‘informó sobre ciertos hechos presuntamente cometidos por terceros que podrían tener relevancia penal, según el criterio del letrado informante'».
«No obstante», apunta la AF, «no consta la apertura de diligencias para verificar dichas informaciones ni la adopción de medidas conforme a los procedimientos ordinarios previstos en la propia institución».
En concreto, «no se explica la aplicación de los criterios establecidos en la Circular 2/2022 de la Fiscalía General del Estado sobre actividad extraprocesal en la investigación penal, que precisamente debe regular la respuesta institucional ante comunicaciones de esta índole».
«Resulta especialmente llamativo que esta falta de actuación se dé respecto a una Circular elaborada cuando Diego Villafañe tenía responsabilidades directamente relacionadas con la preparación y redacción de los documentos internos de la Fiscalía General del Estado», recuerda.
La Asociación de Fiscales sostiene que «si los hechos comunicados carecían de mínima relevancia penal, cuesta entender la celebración de sucesivas reuniones y la participación de los más altos cargos de la institución. Si, en cambio, tenían algún grado de importancia, también resulta difícil comprender por qué no se siguieron los procedimientos establecidos por la propia Fiscalía para su estudio e investigación».
Destaca que se admitió igualmente que Villafañe informó al entonces fiscal general, García Ortiz, a pesar de afirmar que se trató de una reunión sin importancia.
«Si aquello no tenía relevancia, ¿por qué se notificó al fiscal general? Si no justificaba ninguna actuación, ¿por qué se concertó un encuentro de tales características? ¿Quién autorizó el acceso y dio permiso para una recepción tan excepcional? ¿Se organizó una cita con él y por eso se le informó?», cuestiona la AF
«La transparencia no es opcional», afirma esta organización. «Estamos ante hechos que afectan directamente a instituciones clave del Estado, incluida la propia Fiscalía General. En estas circunstancias, el deber de transparencia debe ser absoluto. La confianza de la sociedad en las instituciones requiere explicaciones completas, verificables y públicas. La falta de aclaraciones no protege a la institución; por el contrario, pone en entredicho la credibilidad de la propia fiscal general«.
Para la AF, era el momento de «reafirmar los valores constitucionales que guían la actuación del Ministerio Fiscal» y de «rechazar sin ambigüedades cualquier intento de intimidar o atacar a quienes ejercen sus funciones con independencia. También era la ocasión de proteger la honorabilidad de los fiscales implicados«, muchos de ellos integrantes de la Fiscalía Anticorrupción, con su jefe, Alejandro Luzón, a la cabeza.
«Nosotros lo hacemos. Apoyaremos a quienes fueron señalados, así como defenderemos el prestigio de toda la carrera fiscal», concluye el comunicado.
La Asociación de Fiscales señala que «lo sucedido no puede limitarse a una explicación vaga e insuficiente. Además, la trayectoria profesional de los responsables en este contexto resulta aún más cuestionable», en alusión a la promoción de Villafañe a la Fiscalía del Tribunal Supremo.
«La Fiscalía General del Estado debe proporcionar una respuesta completa sobre cómo se llevó a cabo esta actuación, quién la autorizó, qué decisiones se tomaron y por qué se desviaron de los procedimientos ordinarios que deben regir el funcionamiento institucional», exige.