El abogado del hermano del presidente del Gobierno cuestiona que, durante su declaración, el agente mostró una mayor afinidad con la acusación y solicita al Tribunal que revise las grabaciones: «Exigimos el mismo trato»
Las defensas de David Sánchez Pérez-Castejón y Miguel Ángel Gallardo, principales imputados en el procedimiento por el supuesto ‘enchufe’ del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz, han arremetido esta tarde en su informe final contra el teniente coronel Antonio Balas, quien lideró las investigaciones policiales del denominado caso ‘hermanísimo’. Quien ha mostrado un tono especialmente crítico ha sido el abogado Emilio Cortés, representante legal del artista madrileño, que instó al tribunal a revisar la grabación de Balas durante su testimonio del pasado miércoles para valorar su «puesta en escena», cuestionándolo, entre otros aspectos, por mostrar mayor comodidad con los representantes de la acusación que con los de la defensa: «Un Guardia Civil no debe dictar lo que es mucho o poco», afirmó en relación con las pruebas presentadas. Cabe recordar que el teniente coronel señaló a Gallardo como principal responsable en la creación y asignación del puesto para el hermano del presidente.
«Revisen las grabaciones de este individuo, con sus manos en la cara, haciendo comentarios a sus compañeros (en alusión a otros agentes que declararon), lo a gusto que se mostró con la acusación y no con nosotros», destacó Cortés. Además, añadió: «Merecíamos igual respeto en la presentación, sin conceder ni un centímetro más ni menos». Concluyó que Balas estuvo «cómodo» junto a la acusación y mostró una actitud «desafiante» frente a las defensas.
Tras ello, y en el cierre de su intervención que duró 45 minutos, Emilio Cortés resumió que «no existe indicio objetivo alguno de que mi defendido actuara conscientemente. No se puede admitir ni un dolo de segundo grado, ni siquiera abrir tal debate. Esto se trata», añadió, «de una visión maniquea, difundida socialmente a través de los medios de comunicación» y en varias ocasiones hizo referencia con la expresión «España cañí» a las acusaciones populares que representan.
En esta línea, Cortés comentó: «Parece que en Badajoz todos actúan de cualquier manera, como quien ata perros con longanizas» y enfatizó que la culpabilidad que tratan de imponer las acusaciones populares responde a «razones basadas en apellidos».
Además, afirmó que el proceso se desarrolló con una intención clara: «El afán de derrotar a un gobierno» y apeló a que su cliente debería poder trabajar en una administración pública, cuestionando: «¿Es David Sánchez un ciudadano de segunda clase o su condición de hermano impide que firme un contrato público?». Acto seguido respondió: «Tiene el derecho a acceder a un puesto público» y denunció que el artista
Por otro lado, Juan Carlos Almeida, abogado del ex presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, atribuyó al teniente coronel dos «falacias». En concreto, el letrado criticó a Antonio Balas por asumir que las áreas de Cultura y Recursos Humanos carecían de competencias para crear la plaza directiva que luego ocuparía David Sánchez: «Si no corresponde a Cultura ni a Recursos Humanos, entonces será de Presidencia». Así, indicó que dicho argumento «parece contundente, pero esa visión holística (las partes de un todo) del teniente coronel se sustenta en dos falsedades».
En concreto, afirmó que Recursos Humanos sí posee suficiente capacidad en una entidad como la Diputación de Badajoz, aunque, dijo, quizás no en otros organismos públicos como entidades de menor tamaño o ayuntamientos. Asimismo, puntualizó que el Área de Presidencia en esta Diputación no está compuesta exclusivamente por el presidente, sino que incluye otros departamentos: «Es un órgano complejo». Añadió: «Se busca imputar a alguien, y se señala que Presidencia es sinónimo de Presidente».