Este jueves, el Congreso de los Diputados rechazó la ratificación del Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, firmado por Pedro Sánchez y Emmanuel Macron en enero de 2023 en Barcelona. La votación representa un fuerte revés para el Gobierno y un nuevo obstáculo en sus relaciones con los socios parlamentarios: el texto recibió 171 votos en contra (PP, Vox y UPN) frente a 163 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Coalición Canaria).
La abstención de siete diputados de Junts y cuatro de Podemos fue clave para que el acuerdo no saliera adelante. A pesar de ello, la votación se llevó a cabo en medio de la notable ausencia del presidente del Gobierno y de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
El Tratado contemplaba mecanismos de integración sin precedentes entre ambos Ejecutivos, incluidos la participación mutua en los Consejos de Ministros. Asimismo, profundizaba en una hoja de ruta bilateral revisable y el fortalecimiento de la cooperación diplomática, educativa, defensiva y judicial.
El Partido Popular sostiene que algunas de estas disposiciones representan «una cesión de soberanía incompatible con la Constitución española». Por ello, el texto ya había sido impugnado ante el Tribunal Constitucional por el Senado, la otra Cámara encargada de su ratificación.
Impulsado por el PP en febrero pasado, se solicitó al TC que se pronunciara sobre uno de los compromisos acordados entre Sánchez y Macron, que establece que «un miembro del Gobierno de una de las Partes será invitado al Consejo de Ministros de la otra Parte, al menos una vez cada tres meses y de forma rotativa» (artículo 2.4).
Esta cláusula, basada en la práctica que vienen manteniendo Francia y Alemania desde hace décadas, constituyó el principal punto de desencuentro entre el Ejecutivo y la oposición. El PP argumenta que infringe el artículo 98 de la Constitución, que define la composición del Consejo de Ministros y restringe su asistencia a miembros del Gobierno español y, en circunstancias excepcionales, al Rey.
El PP llevó el tratado al Constitucional por ese motivo, y además acusó al Gobierno de pretender introducir «de forma oculta» una reforma legislativa específica dentro del proyecto de ley sobre Paridad y Eficiencia de la Justicia.
«Volver a empezar»
Fuentes del Grupo Parlamentario Popular señalaron a EL ESPAÑOL que, además, «Sánchez presentó el tratado en el Congreso sin contar con los apoyos necesarios, por lo que ahora tendrá que empezar de nuevo». Consultadas sobre si ello implica reabrir las negociaciones con Francia, un portavoz se limitó a indicar: «Esa pregunta corresponde al Gobierno, pero en cuanto al Congreso, es necesario reiniciar el trámite».
Esta derrota pone en evidencia al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien se comprometió en su encuentro con su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, el pasado 24 de enero en París, a que España ratificaría el tratado «antes del verano».
El texto había superado la primera fase parlamentaria el 6 de mayo, con el respaldo mayoritario en la Comisión de Asuntos Exteriores, en la que el PP se abstuvo «por responsabilidad institucional», según justificaron. Sin embargo, Albares reprendió al PP, acusándoles de intentar «boicotear» las relaciones de España con sus vecinos, «tanto con Marruecos como con Francia».
Este jueves, los seguidores de Alberto Núñez Feijóo cambiaron su postura y votaron en contra, recibiendo el apoyo de Vox y UPN para rechazar el acuerdo. Con esta votación, el Tratado queda formalmente rechazado, y su tramitación deberá comenzar de nuevo si el Gobierno decide persistir en su intención.
La caída del documento, que buscaba «profundizar y estructurar» las «estrechas relaciones» entre el Reino de España y la República Francesa, para «intensificar su diálogo y cooperación», no solo representa un revés político para el Gobierno, sino que también impacta en las relaciones bilaterales.
Mientras París considera el Tratado ratificado, dada la prerrogativa presidencial, España no podrá hacerlo hasta alcanzar una mayoría suficiente en el Parlamento. Así, surge una incertidumbre política: el Ejecutivo deberá optar entre intentar nuevamente la ratificación o bien denunciar el acuerdo ante la República Francesa y retirar la firma de Sánchez.