Los informes finales centran la atención en cinco correos electrónicos enviados por David Sánchez a una cuenta a nombre de Pedro Sánchez, relacionados con la incompatibilidad del cargo, según denuncia la acusación de Iustitia Europa.
Las siete acusaciones populares en el proceso judicial contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, cuyo juicio se está celebrando en la Audiencia Provincial de Badajoz, tuvieron este lunes la oportunidad de presentar su informe final antes de que las defensas tomen la palabra mañana. Su conclusión es contundente: la asignación del puesto directivo en la Diputación fue un «traje a medida» para el artista, adaptado posteriormente a sus «preferencias personales» —según señaló la juez Beatriz Biedma— como Jefe de la Oficina de Artes Escénicas, sin ningún procedimiento administrativo que lo avalara, y culminó con la contratación irregular del ex asesor de Moncloa, Luis María Carrero, como su asistente.
Durante toda la jornada, el papel de la fiscal, Begoña García Boró, también fue objeto de fuertes críticas por parte de los abogados de la acusación: «No solo no investigó ni acusó, sino que actuó como defensa de los procesados», reprochó Manos Limpias. «Obedece órdenes de sus superiores, y ya sabemos quién es: P.S.», sostuvo Vox.
Estos son los puntos clave de los siete abogados que representan a las acusaciones y que, salvo Manos Limpias que mantuvo la petición inicial durante tres años, han duplicado la solicitud de penas hasta seis años de cárcel para el hermano del presidente del Gobierno.
El letrado de Manos Limpias, José María Bueno, rechazó que la causa fuese una «investigación prospectiva», como han defendido las defensas a lo largo del proceso, criticando que el juicio se haya desarrollado «a pesar de la Fiscalía» o más bien «en su contra». Calificó como «excepcional» el trabajo realizado por la magistrada Beatriz Biedma. Asimismo, afirmó que «no se trata de un simple enchufe en el que se hayan violado todas las normas», algo que, sostuvo, es un problema endémico en España desde la Restauración hasta la actualidad, y elogió la labor de la «prensa libre» y la UCO.
Tras señalar que las normas permiten variar la petición de penas durante la vista oral si emergen nuevas pruebas, realizó un análisis cronológico de todas las actuaciones, destacando primero los gustos de David Sánchez, quien desconocía Badajoz, «pero como él mismo admitió sí conocía el Alentejo portugués, lugar donde deseaba residir; y si hubiese preferido otro destino en el norte de Portugal, la plaza se habría creado en Galicia«, indicó.
Por otra parte, se creó para David Sánchez Pérez-Castejón un puesto de coordinador considerado «innecesario», y, además, con «otra arbitrariedad más, se le designó como alta dirección», cuando en los «seis o siete años anteriores nadie había ocupado esa posición», la cual siempre estaba en manos de funcionarios del grupo A-2 hasta su jubilación.
Asimismo, según Bueno, se cometió «otra ilegalidad al establecer una plaza cuya función ni siquiera se conoce», ya que responsables del área de Cultura «deben consultar a sus subordinados para saber qué se puede hacer con este puesto», lo que, remarcó, «evidencia que la creación de este cargo fue una decisión política«.
Por todo ello, «nos enfrentamos a un puesto innecesario, que no fue solicitado por nadie en la Diputación, y cuyos creadores ni siquiera conocen su verdadera función«. En consecuencia, el abogado afirmó que «este cargo tenía un propietario absoluto desde antes de que se publicara la oferta pública de empleo», refiriéndose al «hermanísimo», como se mostraba en correos entre directores de conservatorios fechados el 19 de mayo y detenidos por la UCO. Añadió que «el puesto ya había sido creado meses antes de que esta persona terminara su Máster (en Milán)» y atribuyó a David Sánchez la intención de crear la plaza, describiendo su modo de proceder como propio de un «señorito de los años 50 en Extremadura». Para Manos Limpias, el hermano del presidente del Gobierno «fue el instigador para que otros ejecutaran la voluntad que él deseaba».
«UNA VERDADERA FARSHA»
Bueno agregó que el proceso de selección para este cargo «fue un engaño, una técnica engañosa«, dado que «la forma de evaluar los méritos se estableció tras recibir los currículos», algo que no tiene precedente en su opinión. Incluso expresó dudas sobre si David Sánchez fue sometido a una entrevista personal para optar al puesto, ya que en su declaración en el juzgado de instrucción «no pudo explicar en absoluto en qué consistió dicha entrevista». Además, calificó de «tosco y delictivo» el cambio del puesto a Jefe de la Oficina de Artes Escénicas.
Por su parte, el abogado de Hazte Oír, Javier María Pérez, destacó que «la verdad no prescribe» y añadió que «en la gran mayoría de delitos se condena por indicios pero aún más en este caso, porque nadie deja por escrito la orden de colocar al hermano de alguien que va a ser o se sospecha que será secretario general del PSOE», matizando además que hay que interpretar las evidencias y que «crear un puesto a medida es prevaricación». También resaltó que David Sánchez buscó alojamiento afirmando que se trasladaría a Badajoz para trabajar, y recalcó la participación de los acusados, dado que los expedientes administrativos no constituyen un acto único.
Recordó además que la campaña electoral de Pedro Sánchez para las Primarias dentro del PSOE arrancó en Don Benito. «Allí coincidió con Ricardo Cabezas (líder del PSOE de Badajoz) y Miguel Ángel Gallardo, y fue en ese momento cuando Cabezas supo que Pedro Sánchez tenía un hermano músico», como reconoció durante la instrucción. En ese sentido, Pérez señaló que ese proceso de Primarias permitió a Gallardo «ajustarse a los tiempos y subirse al caballo ganador, y a los 40 días del inicio de la creación de la plaza se adjudicó». También enfatizó «la madre de todos los indicios», la intención de David Sánchez de alquilar un inmueble vía ‘Airbnb’ a las 11:48 horas con el mensaje: «Me voy a trabajar a Badajoz». Este mensaje fue enviado al arrendador antes de conocer al ganador del concurso, un día después de su entrevista: «¿Es una capacidad adivinatoria?», preguntó el abogado. Calificó el expediente administrativo como «papel mojado, repleto de irregularidades», y criticó la actitud de la Fiscalía, señalando que «es curioso», porque aunque se acusa a Manos Limpias de basar denuncias en recortes de prensa, la fiscal sí usó esos recortes cuando el mencionado director negó haber realizado ciertas declaraciones, cuestionando por qué no fue llamado como testigo.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, observó que «de repente aparece la necesidad de crear esa plaza» porque «fue decidido desde las más altas instancias», concretamente por el ex presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y lamentó que «existan numerosos casos de corrupción, pero tan groseros y rudimentarios como este hay pocos», pues «se pide incluso a los directores de conservatorio que detallen las funciones del superior», calificándolo de «despropósito». Añadió que «todo este proceso fue manipulado de forma muy burda», y criticó que el ex asesor de Moncloa, Luis María Carrero, mientras trabajaba en la Presidencia del Gobierno, gestionaba todas las tareas de David Sánchez: «Ya figuraba como coordinador de proyectos mientras trabajaba en Comunicación de Moncloa», para luego asignarle un puesto en la Diputación que también está siendo investigado.
VOX
Por su parte, la abogada de Vox, Marta Castro, subrayó el rol de la Fiscalía en este caso: «No ha presentado acusación, obedeciendo órdenes de sus superiores, que ahora identificamos como P.S.», en alusión a la libreta en la que la fontanera Leire Díez anotaba datos sobre la ‘cloaca’, implicada en la supuesta persecución a jueces y agentes de la UCO para obstaculizar causas judiciales del PSOE, entre ellas las del ‘hermanísimo’. Por ello, recordó que la fiscal no investigó una denuncia de una de las aspirantes, Cristina de Frutos, quien se puso en contacto vía email para informar sobre las irregularidades que sufrió durante el concurso. «Perdió la oportunidad de proteger a jueces y tribunales», reprochó Castro a la Fiscal. Finalmente, agregó que «los políticos han arrastrado a los funcionarios al cometimiento de estas irregularidades».
Castro justificó el incremento de las penas solicitadas por las acusaciones en función de las pruebas presentadas durante el juicio. En otro momento, denunció que la mayoría de «los testigos estaban vinculados al PSOE».
NUEVOS CORREOS
En relación con los nuevos correos, el abogado de la acusación popular Iustitia, Luis María Pardo, mencionó la existencia de cinco correos electrónicos que David Sánchez habría remitido a una cuenta personal bajo el nombre de Pedro Sánchez. Pardo explicó que uno de estos correos es considerado «clave» por la acusación y fue reenviado a un email de una funcionaria que alertaba sobre la incompatibilidad del puesto. Estos correos forman parte del atestado de la UCO.
Durante su intervención, Pardo especificó que el músico envió a una dirección vinculada a su hermano un correo de la funcionaria María Emilia Parejo. En ese mensaje se señalaba que no podía compatibilizar su cargo con otras actividades.
El abogado leyó parte del correo, donde la funcionaria indicaba: «No podrá autorizarse ni reconocerse compatibilidad al personal directivo, incluyendo aquellos sujetos a una relación laboral especial de alta dirección, como la que tenía David Sánchez». Añadía además: «Desde mi perspectiva, esta situación es incompatible«. Según el letrado, este correo constituye el «elemento fundamental» que justifica por qué más adelante el puesto de David Sánchez se transformó a jefe de la oficina de artes escénicas.
Paralelamente, ‘Iustitia Europa’ informó sobre la existencia de otros cuatro emails enviados por David Sánchez a la misma cuenta entre 2018 y 2021. Estos correos contenían documentos como «conflictos de intereses de 2018, contratos de alquiler, certificados y titularidades de cuentas bancarias», detalló el abogado.
Pardo manifestó su incomprensión acerca de por qué la UCO «no investigó estos hechos» y recordó que, según informaciones recientes de otros procesos, el director adjunto operativo (DAO) indicó a los agentes que investigaban este y otros casos que no debían «actuar proactivamente en la investigación» y que debían «mantenerse al margen».
PP
El abogado del Partido Popular, Alberto Durán, afirmó que la plaza fue creada «a imagen y semejanza» de las necesidades de David Sánchez, y que su establecimiento fue «una decisión política». Se cuestionó «cuál era la urgencia de crear el puesto de coordinador de conservatorios» cuando esta posición no se cubrió durante el periodo de excedencia de David Sánchez por baja paternal. En ese contexto, precisó que a Sánchez le interesaba más la ópera que coordinar las actividades de los conservatorios, motivo por el cual él mismo propuso al presidente de la Diputación la creación del programa ‘Opera Joven’, y se creó la Oficina de Artes Escénicas. «Resulta evidente que la propuesta partió del área de Presidencia y se pretende negar la influencia directa de la Presidencia del Gobierno». Para Durán, todo esto ha sido una «ópera bufa», a pesar de los esfuerzos de «las cloacas» por evitar que este proceso llegara a juicio.
FISCAL
La fiscal del caso, Begoña García Boró, afirmó que «no se ha demostrado» que existieran irregularidades en la creación de las tres plazas: coordinador de actividades del conservatorio, Jefe de la Oficina de Artes Escénicas y el ex asesor de Moncloa como asistente de David Sánchez. Además, defendió que la aprobación unánime en el pleno de la Diputación de esos puestos es evidencia de que se ajustaron a la legalidad y a los principios de «igualdad, mérito y capacidad». Por ello, solicitó la absolución de los acusados: «Para condenar se requieren hechos objetivos, no suposiciones ni meros indicios», señaló.
Asimismo, insistió, como el jueves pasado tras el cambio en las solicitudes de las acusaciones, que existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que impide modificaciones sustanciales en las penas contra los procesados sin que existan «hechos concretos» que lo justifiquen. Subrayó que siempre defendió la legalidad del proceso de instrucción (sin mencionar expresamente a la juez Beatriz Biedma), y negó que se haya realizado una investigación prospectiva como alegaron las defensas, recordando que apoyó el embargo de los correos electrónicos corporativos de la Diputación de Badajoz. En este sentido, aseguró que ninguno de los acusados eliminó esos emails y criticó que en la acusación no se detalla ningún acto de presión hacia los funcionarios para la creación de la plaza: «Se está construyendo un relato de influencias y personas indeterminadas, ajenas al procedimiento, y una supuesta presión moral contra funcionarios, pero esos hechos no constan». Además, puntualizó que no se puede modificar el delito inicial de nombramiento ilegal por prevaricación y tráfico de influencias, como ha hecho la acusación.
Defendió también su postura respecto al correo recibido de una candidata, Francisca de Frutos: «Ella envió un correo a la Fiscalía manifestando sentirse perjudicada por no haber sido entrevistada, pero no presentó denuncia», aclarando que si lo hubiera hecho, la investigación habría sido iniciada por el Ministerio Público, según afirmó.