Varios ministros consideran improbable que sean meras coincidencias casos como el del hermano del presidente, el de Zapatero o la revelación de las cloacas del PSOE: «Existe una causa política y todos sabemos quiénes están detrás».
Las mañanas en las que se celebra algún evento relevante con Pedro Sánchez —ya sea en España o en el extranjero— o una comparecencia oficial, como las posteriores al Consejo de Ministros, se inicia la espera con atención desde muy temprano. Así lo comentan. Intentan anticipar el momento en que caerá la «bomba», es decir, una resolución judicial o una intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad… Desde hace mucho tiempo, en el Gobierno observan con desconfianza ciertas actuaciones judiciales. Además, desde que en 2024 se reveló que Begoña Gómez, esposa del presidente, estaba bajo investigación, se ha intensificado el tono contra algunos magistrados, generando una tensión sin precedentes entre poderes del Estado.
«Resulta imposible pensar que todo sea casualidad», coinciden varios ministros en referencia a la simultaneidad de casos como el que involucra al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, al hermano del jefe del Ejecutivo o las conocidas cloacas del PSOE. «Cierto que el Gobierno actúa cada día y siempre habrá coincidencias, pero en este caso resulta especialmente evidente», señala alguien que trabaja muy de cerca con Sánchez. «La actualidad política depende demasiado de los jueces», lamenta un ministro. «Se habla del Gobierno por lo que deciden los jueces, no por nuestras acciones», añade resignado otro, consciente de que sus iniciativas o los positivos datos macroeconómicos quedan eclipsados. «No controlamos los tiempos», afirman, esperando que llegue el verano para tomar un respiro.
Los socialistas creían que el juicio por el caso Kitchen —la operación del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy que usó recursos estatales (policía, fondos reservados, inteligencia) para espiar a Luis Bárcenas y sustraer pruebas que podrían comprometer al entonces presidente— les serviría para respirar, apartar el foco de la corrupción y equilibrar los discursos. Sin embargo, la aparición de las cloacas del PSOE, con la irrupción de la UCO en Ferraz retransmitida por todos los medios minutos antes de una sesión en el Congreso; la imputación de Zapatero por supuestos delitos de corrupción, sumado al hallazgo de una notable caja fuerte con joyas; o la próxima sentencia del caso Mascarillas que lleva a juicio al ex ministro José Luis Ábalos, han eclipsado el proceso que afecta directamente al PP. «Todo se televisa, todo se difunde por las radios… todo parece un espectáculo. Estamos en un momento en que la política se judicializa y se convierte en un show», se queja un ministro.
Aunque con la investigación dirigida por Santiago Pedraz muchos ministros se han distanciado, desvinculando esta instrucción de las de Juan Carlos Peinado (caso Begoña Gómez) o Beatriz Biedma (caso David Sánchez), descartando la teoría del lawfare —una postura compartida también en las pesquisas sobre Zapatero o Ábalos—, en el círculo más cercano a Sánchez y entre sus seguidores permanece la convicción de que existe una operación para «derribar» al Gobierno. En este entramado no solo participan partidos políticos, pseudosindicatos y medios de comunicación, sino también ciertos jueces. Se cree que el PP conoce de antemano algunas resoluciones judiciales y maneja información privilegiada.
Los miembros del Ejecutivo consultados evitan, aseguran, generalizar, argumentando que su cuestionamiento se dirige únicamente a «algunos magistrados». Denuncian, como lo ha hecho Sánchez ante su equipo, que existe una «doble vara de medir» cuando se trata del PSOE o del PP. Mencionan, por ejemplo, que la UCO aún aguarda autorización judicial para investigar a la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
«El respeto debe ganarse. No se impone», comenta un destacado dirigente socialista en referencia a la condena unánime del Poder Judicial ante los ataques contra los jueces desde las «altas instituciones». «Muchas situaciones son absurdas, incluso un despropósito. Hay jueces que buscan simplemente generar titulares», reflexiona otro alto cargo del PSOE. «Existe un trasfondo político y todos sabemos quiénes están detrás», describe un representante en Madrid. «Hay que llamar a las cosas por su nombre».
Esta postura firme es defendida públicamente por ministros como Óscar López y Óscar Puente, quienes frecuentemente expresan la opinión de Sánchez. «Todo está siendo muy burdo y ya nos encontramos instalados en el relato de la persecución ad hominem al presidente», señala un ministro. «Somos respetuosos con el Poder Judicial; no siento que se nos corresponda de la misma manera», apunta una autoridad institucional.
Estas percepciones y sensaciones han generado tensión en el Gobierno, que combina el llamado al «respeto» hacia la Justicia con la repetición de que «la Justicia haga Justicia», lo que viene a ser una versión suavizada del mensaje de que «algunos jueces hacen política» formulado por Sánchez. «No creemos que sea toda la judicatura, pero en esta estrategia de destrucción y derribo contra el presidente participan la derecha política, mediática y judicial. Lo triste es que ciertas personas han respondido al llamado del líder espiritual de la derecha, Aznar, y de él surgen jueces como Peinado», reflexionan fuentes gubernamentales.
Desde una formación aliada en el Gobierno expresan su descontento: «El PSOE se ha apropiado del lawfare y lo banaliza». Este grupo descarta que las causas que afectan a Zapatero o Leire Díez respondan a una persecución judicial.