Los socialistas insisten en que el documento presenta «errores» y que sobrepasa las competencias del órgano.
Este lunes, todos los grupos con representación en la Junta General del Principado de Asturias, a excepción del PSOE que votó en contra, aprobaron la propuesta final del dictamen de la comisión investigadora del accidente en la mina de Cerredo, ubicada en el municipio asturiano de Degaña, donde perdieron la vida cinco trabajadores y otros cuatro resultaron gravemente lesionados.
Se ha establecido ahora un periodo de 15 días para la presentación de votos parlamentarios, que podría reducirse si así lo acuerdan todos los grupos. En cualquier caso, se espera que el dictamen reciba la aprobación definitiva en la última sesión plenaria prevista para junio.
El texto incluye a las siete personas que ya constaban en el borrador como responsables, para quienes se solicita su reprobación. Entre ellos se encuentran los actuales presidentes de la compañía pública Grupo Hunosa y de la Autoridad Portuaria de Gijón, Enrique Fernández y Nieves Roqueñí, ambos ex consejeros de Industria.
También figura la ex consejera del ramo, Belarmina Díaz, quien dimitió días después del siniestro, así como Isaac Pola, director del área de Infraestructuras Industriales del Instituto de Desarrollo Económico del Principado durante 2020 a 2023 y viceconsejero de la Consejería entre 2023 y 2025. Entre los propuestos para reprobación figuran tres funcionarios: Alberto Quirino (Jefe de Sección), Santiago Berjano (Jefe de Servicio) y Gonzalo Martín (Secretario general técnico).
El dictamen final considera que las siete personas mencionadas tienen responsabilidad directa, por acción u omisión, en el clima de fallo sistémico que se produjo, según señala la presidenta de la comisión, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. Los promotores del dictamen esperan que Roqueñí y Fernández sean relevados de sus cargos públicos. Respecto a los funcionarios, Tomé ha indicado que lo ideal sería que no vuelvan a ocupar puestos de responsabilidad, al menos durante un periodo determinado.
La reunión, que duró unos 30 minutos, sirvió simplemente para corregir errores formales y ortográficos, según Tomé. Uno de los puntos que demandó mayor tiempo este lunes, añadió Tomé, fue el referido a la toponimia, pues se menciona Zarréu en asturiano, lo que chocaba con la denominación del grupo empresarial que gestionaba la explotación, el Grupo Cerredo.
El documento también mantiene la petición de apoyo económico por parte del Gobierno a las familias afectadas por los accidentes ocurridos en 2022 y 2025 en la misma mina.
Después de la reunión, el diputado del PP, Rafael Alonso, reiteró que el dictamen salió adelante con una «amplísima mayoría» y señaló que esto demuestra que la comisión de investigación era «imprescindible» y que existían «motivos suficientes» para su creación. «Hay un reconocimiento de responsabilidades respecto a toda la gestión de esta explotación y, al mismo tiempo, un reconocimiento hacia las familias con el establecimiento de líneas de ayudas que les permitan ser compensadas», afirmó. «Ningún asturiano podría comprender que no se tomaran medidas tras seis fallecimientos en el mismo espacio físico y empresarial», enfatizó.
Tal como expuso en la última reunión, el diputado de Vox, Gonzalo Centeno, confirmó que su grupo no presentará voto particular, aunque contaban con «ideas más extensas» y una lista más amplia de responsables. «Consideramos que es un documento sólido para evidenciar el entorno totalmente negligente que permitió que empresas irresponsables se establecieran en Asturias, amparadas en instrumentos legales destinados a otros fines, lo que se conoce como fraude de ley», sostuvo.
El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, anunció también que no presentará voto particular al considerar que el texto es adecuado y refleja fielmente la realidad ocurrida, con una empresa que actuó «con total impunidad».
División en el Gobierno
En Asturias gobierna una coalición entre PSOE y Convocatoria-IU. Sin embargo, en la comisión sobre Cerredo, sus votos fueron diferentes. Mientras el PSOE votó en contra, Convocatoria-IU apoyó el documento. Su portavoz, Xabel Vegas, calificó de «decepción para los asturianos» la negativa de los socialistas a exigir responsabilidades políticas.
Aunque apoyan el dictamen y expresan satisfacción por la «amplia mayoría» que lo respalda, Vegas no descartó la posibilidad de emitir algún voto particular. Explicó que se analizará esta opción porque no consideran adecuado incluir a funcionarios en el capítulo dedicado a responsabilidades políticas. Además, a Convocatoria-IU le hubiera gustado que los letrados de la cámara emitieran un informe jurídico.
Finalmente, el diputado del PSOE, Jacinto Braña, tampoco confirmó si su grupo parlamentario emitirá un voto particular en el plazo establecido.
Justificó el voto en contra al dictamen argumentando que este conserva los mismos «errores» iniciales, pues no corresponde con el fin de una comisión de investigación, que debería centrarse exclusivamente en responsabilidades políticas. Según Braña, el documento «no contiene una secuencia que permita identificar una decisión política que condujera al accidente investigado».
Asimismo, Braña señaló que los servicios jurídicos de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA)—que incluyen a dos letrados en la comisión, entre ellos el Letrado Mayor—volvieron a advertir este lunes a los diputados sobre este asunto. Por tanto, la reunión no se limitó únicamente a cuestiones formales, como habían indicado otros portavoces.
Al ser preguntado por las observaciones de los letrados, el socialista indicó que estas consistían en que el dictamen, en su forma actual, excede el ámbito de competencia de la comisión. «Esto significa que se incluyen imputaciones, afirmaciones u opiniones que a veces rozan el señalamiento de ilícitos administrativos o incluso penales, y en cualquier caso, sobrepasan el marco de las responsabilidades políticas. En el texto hay numerosas referencias a aspectos jurídicos y administrativos», informó.