Se denuncia la vulneración del artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos al permitir que la corte de garantías favorezca «un sistema en el que criterios ajenos a la capacidad técnica prevalecen».
La Asociación de Fiscales junto con el fiscal de Sala afectado, José Miguel de la Rosa, han interpuesto un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra la resolución del Tribunal Constitucional que avala los ‘dedazos’ en la dirección fiscal, según informan fuentes fiscales a EL MUNDO.
En enero pasado, el Constitucional anuló dos sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que revocaban el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de Sala de Menores, en detrimento de De la Rosa, habilitando al fiscal general para desestimar los méritos y capacidades en la designación de los fiscales más altos de la carrera. Dicha polémica sentencia contó con duras disidencias por parte de los magistrados conservadores del TC.
La Asociación de Fiscales subraya que la corte de garantías desatendió los principios de mérito y capacidad en su resolución, y que además cometió un error al no anular el auto de admisión del recurso de amparo presentado por Esteban, dado que en dicho proceso intervino el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, quien luego se inhibió por haber sido superior de ambos fiscales como fiscal general del Estado bajo los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero.
Tras la decisión de Conde-Pumpido de abstenerse, De la Rosa solicitó la nulidad del auto de admisión del recurso de amparo, pero el TC rechazó esta petición.
Los recurrentes denuncian que la corte de garantías vulnera el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos al legitimar «un sistema donde factores distintos a la capacidad técnica pueden ser decisivos en la elección de cargos judiciales».
El caso Esteban resultó un claro ejemplo dentro de la Fiscalía, evidenciando la política parcial de nombramientos ejecutada por Dolores Delgado como fiscal general del Estado, basada más en afinidades personales y de grupo que en los méritos profesionales.
El Supremo, en pie de guerra
En abril de 2022, el Supremo anuló por primera vez el nombramiento de Esteban como fiscal de Sala de Menores, argumentando la falta de justificación en la selección y la gran diferencia entre su currículum y el del otro candidato, el fiscal de Sala José Miguel de la Rosa. No obstante, la entonces fiscal general, Dolores Delgado, volvió a designar a Esteban para el cargo, ignorando la sentencia del Alto Tribunal que establecía que era un puesto de especialista y que los perfiles de ambos aspirantes no eran comparables; entre otras razones, porque De la Rosa ya contaba con la máxima categoría en la carrera fiscal en el momento de solicitar la plaza discrecional, así como con una extensa trayectoria en materia de Menores. La Sala Tercera, hecho sin precedentes en la historia de la Fiscalía, anuló por segunda vez la designación de Esteban como fiscal de Sala de Menores.
Sin embargo, el Constitucional —con mayoría progresista— finalmente respaldó al fiscal Esteban en dos sentencias, sosteniendo que «las plazas de fiscales de sala, es decir, de la primera categoría de la carrera fiscal, están integradas específicamente en la estructura orgánica de la Fiscalía General del Estado, bajo la dirección directa del fiscal general». Esta controvertida resolución, que provocó una gran contestación en el Supremo, previsiblemente será revisada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Cristina Dexeus, presidenta de la principal Asociación de Fiscales, señaló que «se ha presentado esta demanda porque las sentencias del Tribunal Constitucional establecen un criterio de máxima discrecionalidad en los nombramientos dentro de la Fiscalía, donde la confianza y la afinidad ideológica pueden prevalecer sobre los principios de mérito y capacidad».
En este sentido, la Asociación advierte que esta doctrina trasciende el caso particular y pone en riesgo el sistema institucional en su conjunto, debilitando las garantías que deben regir el ejercicio del poder público y comprometiendo la credibilidad de la Fiscalía como una institución fundamental del Estado de Derecho.