La norma europea introduce modificaciones en la forma en que las empresas deben manejar los datos salariales y establece mecanismos para garantizar la igualdad salarial entre géneros
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España tiene plazo hasta el 7 de junio próximo para incorporar al ordenamiento jurídico nacional la Directiva (UE) 2023/970, que se refiere a la transparencia salarial en las empresas europeas. Esta regulación busca fundamentalmente combatir la discriminación salarial y reducir la brecha de género en remuneraciones dentro de la UE.
La norma comunitaria, aprobada en abril de 2023, introduce modificaciones en la gestión de la información salarial y en la comunicación con los empleados, así como establece mecanismos para asegurar la equidad salarial entre hombres y mujeres.
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La Directiva contempla también medidas relativas a la compensación para quienes sean víctimas de discriminación salarial, así como penalizaciones, incluyendo multas, para aquellos empleadores que incumplan las disposiciones.
Las directivas europeas tienen carácter obligatorio para los Estados miembros, los cuales deben adaptar estas normativas a su legislación interna dentro de un plazo fijado. España lidera en la UE en número de casos activos por incumplimiento o transposición incorrecta de directivas.
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Si bien esta legislación aún no ha sido incorporada, el Gobierno español ya ha iniciado pasos iniciales. El Ministerio de Trabajo abrió hasta el 8 de mayo una consulta pública previa para un proyecto de real decreto que abordará una futura ley de transparencia salarial conforme a las exigencias europeas.
Actualmente, el 65% de los trabajadores en España sospechan que perciben salarios inferiores a los de compañeros que desempeñan tareas similares dentro de la misma empresa, según un estudio realizado por la consultora especializada en recursos humanos SD Worx.
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Deber de proporcionar más información salarial a los empleados
La directiva sobre transparencia salarial establece varias medidas de cumplimiento obligatorio para las empresas, orientadas a facilitar el acceso de los trabajadores a la información salarial.
Este reglamento europeo requiere que las empresas informen a los candidatos a empleo sobre el salario inicial o la franja salarial correspondiente a los puestos ofertados, ya sea en el anuncio o antes de la entrevista. Además, queda prohibido que los empleadores indaguen sobre el historial salarial de los aspirantes.
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Una vez contratados, los empleados podrán solicitar a sus empleadores datos sobre los niveles salariales promedio, segmentados por sexo, para los puestos que impliquen el mismo trabajo o uno de igual valor. También tendrán acceso a los criterios que determinan la progresión profesional dentro de la empresa.
Disposiciones para asegurar la igualdad salarial entre hombres y mujeres
En los 27 países miembros, según Eurostat, las mujeres ganan un promedio por hora un 11% menor que el de los hombres. Desde la UE, la opacidad en las remuneraciones se considera “uno de los principales impedimentos” para cerrar esta brecha salarial de género.
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Por ello, la normativa establece que las empresas con más de 250 trabajadores deben informar anualmente a la autoridad nacional correspondiente sobre la brecha salarial por género en su organización. Para compañías más pequeñas, esta obligación será bienal y comenzará para aquellas con entre 100 y 149 empleados a partir de 2031.
Si en las revisiones salariales se identifica una diferencia promedio de
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Asimismo, según dispone la directiva europea, los trabajadores que experimenten discriminación salarial basada en género podrán recibir una compensación que abarcará el pago íntegro de atrasos y bonificaciones o prestaciones en especie equivalentes.