Asimismo, se ha comprometido una inversión anual de 210 millones para que la plantilla de los Mossos alcance los 25.000 efectivos para el año 2030
El Gobierno ha respaldado mediante la Comisión Bilateral Estado-Generalitat los acuerdos que forman parte del pacto presupuestario firmado el martes entre el Govern de Salvador Illa y ERC en relación con Cataluña.
La sesión del órgano, celebrada este miércoles en Madrid, ha aprobado los puntos del acuerdo que requerían la autorización gubernamental, tales como que el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona pase a estar bajo control de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, la creación de un consorcio de inversiones destinado a garantizar la ejecución de las partidas contempladas en los Presupuestos Generales del Estado que beneficien a Cataluña, o la construcción de la nueva red del Tren Orbital, que se integrará en el servicio de Rodalies, atenderá a unos cinco millones de catalanes y será financiada principalmente por el Estado.
Además, el Gobierno ha asumido el compromiso de destinar 210 millones anuales para que la plantilla de los Mossos d’Esquadra alcance los 25.000 agentes en 2030; una meta previamente acordada, pero que aguardaba la asignación presupuestaria necesaria para su implementación.
Después de una reunión que duró apenas una hora en la sede del Ministerio de Política Territorial en Madrid, el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, subrayó que Illa encargó a su equipo en esta legislatura «abrir una nueva etapa de relación» entre los gobiernos central y catalán, fundamentada en «alcanzar acuerdos concretos» que favorezcan a los más de ocho millones de habitantes de la comunidad. «Esto solo es posible desde una actitud tanto exigente como colaborativa», enfatizó.
Asimismo, señaló que Cataluña sufre «un déficit significativo en inversión desde la perspectiva de la ejecución presupuestaria» y destacó la importancia de crear el consorcio de inversiones para «asegurar» que los recursos del Estado se apliquen eficazmente, así como de aumentar la participación de la Generalitat en el Consorcio de la Zona Franca «como un eje central de la política institucional». También resaltó el compromiso para incrementar la plantilla de mossos, dado que el Govern considera las políticas de seguridad como un elemento de «cohesión social».
Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, también se refirió a los acuerdos adoptados en esta reunión bilateral, incluyendo la modificación del Reglamento General de Costas para adaptarlo al marco competencial estipulado en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y para «consolidar y reforzar el papel de la Generalitat en la ordenación y gestión de su litoral». El acuerdo contempla promover este cambio en un plazo máximo de tres meses mediante Real Decreto.
«Más autogobierno no implica menos poder del Estado central, sino acercar la solución de los problemas a la ciudadanía», explicó el ministro en relación con las concesiones a Cataluña. En cuanto al consorcio de inversiones, destacó que estos órganos de colaboración entre administraciones «mejoran, sin duda, la comprensión de una realidad específica».