Este jueves, las comunidades autónomas se reunirán en Madrid con el objetivo de alcanzar un acuerdo sobre la asignación de los fondos del Plan
Este miércoles, el Congreso de los Diputados rechazó cinco iniciativas presentadas por el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar en materia de vivienda, mientras que aprobó otras tres propuestas del Partido Popular, evidenciando las dificultades del Ejecutivo para implementar medidas en este ámbito, justo antes de la reunión de las comunidades autónomas en Madrid destinada a impulsar el Plan Estatal de Vivienda.
Desde el Gobierno se presentaron dos proposiciones no de ley encaminadas a mejorar el control sobre los procesos de adjudicación de vivienda protegida y a establecer una fiscalidad más estricta para la compra especulativa de inmuebles. La primera iniciativa —relacionada con las viviendas protegidas— fue desglosada en varios puntos para evitar su rechazo total, dado que PNV y Junts manifestaron críticas anticipadas al considerar que la medida invadía competencias de las CCAA.
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Se sometieron a votación tres puntos específicos: garantizar que los procesos de asignación de viviendas protegidas sean transparentes y objetivos; que estas viviendas se destinen “exclusivamente” a residencia habitual y realizar un inventario del suelo disponible bajo titularidad propia y de sus entidades adscritas o dependientes, siempre que cuente con capacidad edificatoria. Los tres puntos fueron aprobados, aunque con el voto negativo de Vox y la abstención de PNV en todas las votaciones.
El resto de la propuesta, votada en bloque, no logró el respaldo necesario. Se proponía que las viviendas protegidas conservaran su estatus permanentemente sin posibilidad de desclasificación, además de establecer registros públicos de demandantes. PP, Vox y Junts votaron en contra, mientras que PNV, UPN y Coalición Canaria se abstuvieron, dando como resultado final 164 votos a favor, 175 en contra y 7 abstenciones.
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Sumar no consigue prohibir las socimis y fondos buitre
La segunda iniciativa del Gobierno que no superó la votación en el Congreso fue una propuesta de Sumar para implementar las reformas legales necesarias que impongan restricciones a la adquisición de inmuebles, dependiendo del territorio y del comprador, con el fin de frenar la especulación inmobiliaria. Asimismo, solicitaba una reforma fiscal “progresista” que favoreciera las rentas del trabajo y eliminara los beneficios fiscales sobre las rentas del capital, en especial sobre vehículos específicos como las socimis.
La propuesta se recibió con rechazo desde el principio, puesto que el partido de Yolanda Díaz proponía directamente derogar las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis) y prohibir la adquisición de viviendas por parte de “personas jurídicas, empresas y fondos buitre”. El Congreso rechazó estas propuestas con el voto en contra de PP, Vox y UPN, la abstención de Junts y Coalición Canaria y el respaldo del resto del hemiciclo, obteniendo un resultado final de 169 votos a favor, 170 en contra y 8 abstenciones.
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El Congreso apoya las propuestas del PP
En contraste, el Congreso respaldó las propuestas del Partido Popular en materia de vivienda, entre ellas una destinada a agilizar la construcción de viviendas, aplicando el silencio administrativo positivo, lo que implica que si la Administración no responde en el plazo establecido a las solicitudes de construcción, estas se considerarán aprobadas.
Además, el PP propuso una reorientación completa de la política de vivienda del Gobierno, con medidas destinadas a incrementar la oferta, asegurar la seguridad jurídica y disminuir la burocracia “asfixiante”. También solicitaron evitar acciones “propagandísticas vacías”, reducir el IVA para la vivienda nueva y la rehabilitación al 4%, así como otras deducciones que faciliten el alquiler.
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Finalmente, el Congreso solicita agilizar los trámites necesarios para la conexión al sistema eléctrico de nuevas promociones o rehabilitaciones energéticas, dando prioridad a aquellas viviendas asequibles en zonas con alta demanda.
Estas votaciones se produjeron pocas horas antes de la reunión entre comunidades autónomas prevista para este jueves, dentro del marco del Plan Estatal de Vivienda, en la que el Gobierno aspira a pactar la distribución de los fondos del proyecto. La Comunidad de Madrid ha confirmado su participación en el encuentro, aunque consideran que “va en la dirección equivocada” y reducirá la oferta disponible.
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