En un escenario marcado por la transición energética, la empresa afirma que el sistema requiere nuevas herramientas y normativas para adaptarse a esta evolución
Red Eléctrica ha dado a conocer su plan “antiapagones” con el fin de prevenir un nuevo evento similar al ocurrido el 28 de abril de 2025. La empresa ha propuesto diversas medidas para fortalecer la red y evitar futuros cortes de energía o inconvenientes de estabilidad. Dichas iniciativas fueron presentadas a la CNMC y al Ministerio para la Transición Ecológica. En medio de un entorno impulsado por las energías renovables, la firma sostiene que el sistema demanda herramientas y normas renovadas para ajustarse a esta transformación.
Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, defendió en la Junta General de Accionistas que el operador actuó correctamente antes, durante y después del incidente. Explicó que los informes oficiales publicados hasta la fecha apoyan la versión de que se trató de un acontecimiento “sin precedentes, imprevisible y multifactorial”. Asimismo, remarcó que la compañía ya presentó alegaciones en el procedimiento sancionador iniciado por la CNMC tras los hechos.
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El plan presentado incluye medidas técnicas diseñadas para optimizar la capacidad de análisis y supervisión del sistema eléctrico, tales como nuevos requisitos mínimos de monitoreo y procedimientos específicos para que las empresas informen al operador cuando ocurran incidencias. Además, se contempla revisar los servicios de ajuste y los mecanismos de restricciones técnicas para adecuarlos a las necesidades derivadas del incremento de las fuentes renovables.
Otro aspecto fundamental es la coordinación entre la red de transporte y las redes de distribución. Red Eléctrica destaca que la creciente incorporación de instalaciones renovables demanda procedimientos más detallados para prevenir tensiones o desequilibrios. El operador ya lanzó a finales de abril una consulta pública sobre sistemas para amortiguar oscilaciones, control de tensión y requisitos técnicos para la inyección de potencia en la red.
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El coste económico de las medidas extraordinarias
La empresa reconoce que ciertos problemas detectados el 28 de abril estuvieron vinculados a áreas especialmente delicadas, como las oscilaciones negativas, las sobretensiones o las desconexiones automáticas de instalaciones. Por esta razón, las nuevas medidas buscan mejorar el control de las variaciones de tensión y fortalecer la estabilidad global del sistema. Según datos proporcionados por la propia compañía, a 30 de abril ya había 14,5 GW prestando servicio de control de tensión mediante consignas, de los cuales 6 GW correspondían a energías renovables.
Red Eléctrica también ha cuantificado el impacto económico de las medidas extraordinarias implantadas hasta ahora. La denominada “programación reforzada”, empleada para aumentar la seguridad del sistema tras el incidente, ha generado un coste acumulado de 711 millones de euros, que representa el 2% del total de costes del sistema eléctrico. La empresa sostiene que, una vez se implementen las nuevas medidas y se alcance mayor seguridad jurídica y técnica, este mecanismo podrá eliminarse gradualmente.
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Durante la reunión, tanto Corredor como el consejero delegado, Roberto García Merino, reiteraron la importancia estratégica del operador del sistema eléctrico, conocido como TSO. Explicaron que este modelo garantiza una gestión neutral y eficiente de la red, algo especialmente relevante en un proceso de profunda transformación energética e industrial. El sistema español, creado en 1985, ha servido además como modelo para otros países en Europa.
Nuevo plan, nuevas inversiones
Paralelamente a estas reformas técnicas, Redeia anunció el mayor ciclo inversor en su trayectoria. El nuevo Plan Estratégico hasta 2029 plantea una inversión media anual que supera en un 70% a la del plan precedente. La meta es acelerar el desarrollo de la red eléctrica y llevar adelante la planificación energética futura.
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García Merino detalló que la inversión prevista alcanza inicialmente los 13.100 millones de euros, de los cuales 11.100 millones ya estarían en servicio o en ejecución para 2031. El plan estratégico y la expansión de infraestructuras definirán los próximos años del sistema eléctrico en España.
La junta de accionistas también aprobó la distribución de un dividendo de 0,80 euros por acción correspondiente a los resultados de 2025. De este importe, 0,20 euros fueron abonados en enero pasado, mientras que el dividendo complementario de 0,60 euros se pagará el 1 de julio próximo. Mientras tanto, el sector energético permanece atento a la evolución regulatoria y a si las nuevas medidas serán suficientes para impedir que sucesos similares a los de abril de 2025 se repitan.
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