Las claves
El Parlamento Europeo ha levantado la inmunidad parlamentaria de Alvise Pérez, líder de Se Acabó la Fiesta, en el marco de una pesquisa por supuesta financiación ilícita de su partido.
La investigación gira en torno a la recepción de 100.000 euros en efectivo procedentes de un empresario del sector de las criptomonedas para apoyar la campaña electoral de SALF.
Es la segunda ocasión en que la Eurocámara otorga permiso al Supremo para actuar contra Alvise Pérez, tras un caso anterior relacionado con presunto acoso a una fiscal.
Además, el Tribunal Supremo examina otros posibles delitos vinculados a Alvise Pérez, incluyendo revelación de secretos, acoso y amenazas condicionales.
El Tribunal Supremo dispone ya de la autorización necesaria para investigar al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez Fernández, cabeza de la organización antisistema Se Acabó la Fiesta (SALF), en una causa por supuesta comisión de delito electoral y financiación ilegal del partido. El proceso se centra en el ingreso en efectivo de 100.000 euros, procedentes de un empresario vinculado al sector de las criptomonedas, quien también está bajo investigación.
El pleno del Parlamento Europeo aprobó este martes —mediante votación a mano alzada— el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del eurodiputado, en respuesta al suplicatorio enviado por el alto tribunal español. Esta es la segunda ocasión en que la Eurocámara permite al Supremo actuar contra Alvise Pérez: el 28 de abril ya autorizó la retirada de su inmunidad en un caso por presunto acoso a la fiscal delegada de Valencia.
La semana pasada, el alto tribunal español remitió un tercer suplicatorio a Estrasburgo respecto a supuestos delitos de revelación de secretos y acoso contra dos eurodiputados electos junto a él por SALF, Diego Solier y Nora Junco.
Los demás procesos abiertos en el Supremo contra el líder de Se Acabó La Fiesta aún no han llegado a Estrasburgo. El cuarto caso investiga la posible divulgación de una PCR falsa del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa. Asimismo, el 19 de marzo pasado, el Supremo inició otro procedimiento contra Alvise Pérez por presuntas «amenazas condicionales» dirigidas al alcalde de Algeciras.
En el informe aprobado este martes se detalla que, entre el 7 de abril y el 27 de mayo de 2024, Alvise Pérez “habría mantenido vínculos con un asesor que operaba en representación de personas físicas y jurídicas, buscando obtener beneficios económicos mediante planes de elusión fiscal, con el objetivo de crear una Wallet para recaudar fondos destinados a la campaña electoral” de SALF.
“El asesor encargado de crear esta Wallet habría adelantado 100.000 euros a Alvise Pérez para este partido político con vistas a las elecciones europeas”. El Supremo estima que estos hechos podrían constituir delitos electorales y de financiación ilegal de un partido político.
La Eurocámara concluyó que “los supuestos delitos no representan opiniones expresadas ni votos emitidos por Alvise Pérez en el ejercicio de sus funciones”, ya que ocurrieron antes de su elección como eurodiputado.
“En este caso, el Parlamento no ha detectado indicios de fumus persecutionis, es decir, signos de que la acción judicial se inició con la intención de afectar la labor política de Alvise Pérez en calidad de diputado”, indica la resolución.