El colectivo solicita al Gobierno que adopte las recomendaciones del Defensor del Pueblo y modifique la ley para eliminar la retroactividad y asegurar la seguridad jurídica de las familias
El Colectivo IMV Afectados y Afectadas demanda la modificación de la ley del ingreso mínimo vital (IMV) para que las familias en situación vulnerable no tengan que reembolsar el dinero recibido por un error administrativo. Exigen que la Seguridad Social tenga la facultad de condonar total o parcialmente la deuda cuando la causa provenga de fallos de la administración.
Los afectados señalan en un comunicado que el Defensor del Pueblo, liderado por Ángel Gabilondo, ya alertó que estas reclamaciones económicas, originadas en muchos casos por errores administrativos, “impactan especialmente en quienes más lo necesitan y están empujando a familias ya empobrecidas hacia situaciones extremas”.
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“Numerosas personas beneficiarias del IMV sometidas a reclamaciones económicas que en múltiples ocasiones se deben a errores administrativos, revisiones tardías y procesos extremadamente injustos, enfrentan embargos, endeudamiento, temor constante, bloqueos en su vida e incluso el riesgo de perder sus hogares”, denuncia la organización. Lo más grave, añaden, es que el Defensor del Pueblo ha indicado formalmente el daño causado por el sistema actual y ha sugerido cambiar la normativa para limitar estos efectos “y, sin embargo, el Gobierno ha optado por rechazar sus sugerencias”.
“El mismo Gobierno que se presenta como garante de la justicia social ha decidido ignorar las advertencias de la institución encargada precisamente de proteger a la ciudadanía más vulnerable”, afirman. En consecuencia, exigen al Ejecutivo que acepte las recomendaciones del Defensor del Pueblo y reforme la ley, “para eliminar la retroactividad y ofrecer seguridad jurídica a las familias”.
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El colectivo sostiene que para miles de familias esta prestación “se ha transformado en una trampa burocrática de la que no logran escapar”, por lo que consideran que es “un problema de Estado en el ámbito de la protección social”.
Además, solicitan al resto de partidos políticos que “dejen de emplear el sufrimiento de los afectados como herramienta partidista” y que impulsen reformas legales. “Si no se observan medidas normativas concretas ni iniciativas registradas en el Congreso de los Diputados, se interpretará que hay una falta de voluntad política real para proteger a las familias afectadas”, sostienen.
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Prevenir la pobreza y exclusión social
El Gobierno implementó el IMV en junio de 2020 como respuesta social a la pandemia, con la finalidad de evitar la pobreza y la exclusión social, y desde entonces -hasta abril de 2026- ha llegado a un total de 846.454 hogares de los cuales 581.054 cuentan con menores, según la última estadística difundida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
La ayuda tiene una media de 540 euros mensuales por hogar y en abril el desembolso total llegó a 497,2 millones de euros.
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Comparado con el año anterior, hay 126.911 prestaciones activas adicionales, lo que representa un incremento del 17,7% en la cantidad de hogares beneficiados. El número de beneficiarios también creció un 17,7%, sumando 388.428 personas más respecto a abril de 2025. La mayoría de los titulares y beneficiarios del IMV son mujeres.